CRISIS VIVIENDA

Con este sistema capitalista la juventud no tiene ni derecho a la vivienda

Desempleo, precariedad y problemas para acceder a una vivienda es la realidad que se agrava cada día más para la juventud. Sólo en Barcelona 25.000 jóvenes no pudieron pagar algún recibo del alquiler durante la pandemia. Los datos apuntan a que deberían ver su sueldo duplicado para poder comprar una vivienda, cuando buena parte directamente no tiene empleo.

Jaime Castán

@JaimeCastanCRT

Martes 3 de noviembre de 2020 | 19:39

Si en la “vieja normalidad” la juventud ya tenía problemas para acceder a un empleo digno y de igual forma, a una vivienda, la situación tras la pandemia no hace más que empeorar. Los últimos datos lo reflejan claramente.

El 40,45% de jóvenes entre 16 y 25 años del Estado español están desempleados, según los datos del tercer trimestre de este año tal y como recogía estos días la Encuesta de Población Activa (EPA). Datos en sintonía con los aportados también por la Oficina de Estadísticas europea del Eurostat.

Los sueldos además no alcanzan, ya en 2019 la juventud debía haber cobrado el doble para acceder a una vivienda, es lo que indica estos días el Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España. Los datos señalan que la población menor de 34 años (ya incluso sectores que no son propiamente jóvenes) tendría que cobrar 1.935 euros para poder comprarse una vivienda sin destinar más de un 30% de sus ingresos. Y estos datos no reflejan el drástico empeoramiento de la situación por la pandemia.

El observatorio añade que sólo el 18,7% de la juventud de entre 16 y 29 años reside fuera del hogar familiar, lo que supone el peor dato de emancipación juvenil desde 2002. Alquilar o comprar una vivienda para una joven precaria significaría destinar un 90,7% y un 60,4% de su sueldo neto, respectivamente. Cuando habitualmente invertir más de un 20-30% sólo para tener un techo ya refleja un problema social.

Esta situación es más grave en ciudades grandes como Madrid o Barcelona. En Madrid la juventud debería destinar el 105% de su sueldo para cubrir el alquiler medio en la comunidad, que vendría a ser de 1.776 euros. Cifras que son del todo inasumibles para una juventud que si tiene la suerte de trabajar lo hace con temporalidad y donde llegar a ser mileurista es todo un desafío.

En Barcelona una encuesta municipal ha señalado que casi un 6% de la juventud (unos 25.000) no ha podido pagar alguna mensualidad del alquiler o cuota de la hipoteca, así como un 24% ha tenido más problemas para hacer frente a los gastos de la vivienda.

La situación es lógicamente peor en los barrios populares, con pisos pequeños y donde conviven muchos familiares y de varias generaciones, por la imposibilidad de independizarse la juventud. Y sigue empeorando con la pandemia, porque el hacinamiento en las pequeñas y precarias viviendas es un foco de contagio y con los confinamientos domiciliarios, la calidad de vida de millones empeora drásticamente.
Del mismo modo, la política de los ERTEs del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, no sólo supone un salvataje desorbitado con dinero público a la empresa privada sin cuestionar ni por un momento sus beneficios, sino que la reducción que supone en los ingresos de la clase obrera dificulta hacer frente a los alquileres, hipotecas y gastos básicos como la luz o el gas. Una gestión capitalista desastrosa que termina con confinamientos y medidas represivas, al tiempo que desahucian a cientos de miles de personas.

No hay perspectivas de futuro para una juventud que está marcada por la precariedad en beneficio del negocio y la explotación de las grandes empresas. A menos que demos la pelea por un programa anticapitalista para que la crisis la paguen las grandes empresas, cuestionando sus beneficios y su explotación. Con medidas estructurales como la reducción de la jornada laboral con reparto de las horas, sin reducción del salario, para que podamos trabajar menos, mejor y todos. La nacionalización y reconversión de sectores estratégicos o esenciales de la economía bajo control de sus trabajadoras y trabajadores, como son la sanidad privada, el sector energético o grandes empresas que aprovechan la situación para deslocalizar y bajar la persiana. O medidas tan urgentes como un parque público de viviendas que ponga fin a la especulación urbanística y de los alquileres.






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