Juventud

COMUNICADO

Condena a la criminalización y ataques racistas a menores migrantes en España

Compartimos el comunicado contra los ataques racistas sufridos en un centro de menores de Castelldefels, que se suma a la lista de los últimos ataques racistas contra menores en el Estado español.

Lunes 18 de marzo | 19:47

Reproducimos a continuación el comunicado íntegro

"El sábado 9 de marzo 35 menores migrantes fueron atacados por un grupo de violentos que entraron a la fuerza, con los rostros cubiertos y armado con bates, palos y piedras, al Centro de Acogida Cal Ganxo, en la localidad barcelonesa de Castelldefels.

Según el reciente comunicado de los propios trabajadores del Centro, los atacantes entraron gritando consignas xenófobas, consiguiendo entrar hasta dentro de las instalaciones y agrediendo a los menores, al equipo educativo y al personal de vigilancia. Más de 25 personas sufrieron agresiones, 17 jóvenes tuvieron que ser atendidos por el Sistema de Emergencia Médica, presentando mayoritariamente contusiones y cortes, uno de los jóvenes tuvo que ser trasladado al Hospital de Viladecans, y otras cinco personas más tuvieron que recibir atención médica fuera del Centro. El grupo racista -continúan explicando en el comunicado- consiguió huir antes que acudieran los Mossos d’Esquadra al lugar.

Las agresiones racistas se volvieron a repetir al día siguiente, domingo 10 de marzo, delante del mismo Centro de menores, en torno a las seis y media de la tarde, cuando un grupo de unas 60 personas, entre ellas algunos de los jóvenes que el sábado participaron en el primer ataque, comenzaron a violentar y a lanzar piedras.

No se trata de “incidentes aislados”, sino de ataques racistas coordinados y sistemáticos que van en aumento. Recordamos que el martes 5 de marzo, un hombre entró armado con un machete en otro Centro de menores, situado en Canet de Mar, también en Barcelona. Solo días antes un grupo xenófobo acudió frente al mismo centro para intimidar, dando un trato vejatorio y humillante a los menores, acusándoles de ser responsables del aumento de robos en el lugar.

La propia alcaldesa de Canet de Mar, Blanca Arbell, ha explicado que grupos “malintencionados” con “ideologías no muy democráticas” quieren generar una “alarma ficticia” por la presencia de los jóvenes. Además, Arbell asegura que los datos policiales demuestran que no tienen relación con ningún hecho delictivo en el pueblo. “Les acusan de todo lo que pasa sea verdad o no, pero con las cifras policiales en la mano vemos que los robos en domicilios no tienen nada que ver con ellos”. Hay gente “malintencionada”, asegura, que dicen “mentiras y barbaridades” en las redes sociales sobre los menores alojados en el municipio.

Por su parte, la secretaria d’Infància, Adolescencia i Joventut, Georgina Oliva, ha condenado como “absolutamente intolerables” las “acciones de violencia verbal y física” que han sufrido los menores no acompañados en Canet durante los últimos días. Oliva expuso que las actitudes contra los chicos provienen de un “núcleo pequeño” de ciudadanos de Canet y “están teñidas de un componente racista y xenófobo”. En este sentido, ha querido hacer “un llamamiento a la responsabilidad de instituciones, partidos políticos y ciudadanos” para que trabajen para combatir estas actitudes y favorecer la cohesión social. “No nos dejamos llevar por estas olas que nos vienen de Europa con ciertos partidos de extrema derecha que son contrarios al marco de convivencia y valores compartidos que entre todos nos hemos dotado.”

POR ELLO, LAS PERSONAS Y COLECTIVOS ABAJO FIRMANTES CONDENAMOS LOS ATAQUES RACISTAS Y VIOLENCIAS A MENORES MIGRANTES, COMO LOS PERPETRADOS EN CASTELLDEFELS Y CANET DE MAR.

DENUNCIAMOS:

Que no se trata de ataques esporádicos o incidentes aislados, sino repetitivos, sistemáticos y coordinados que van en aumento.

Que hunden sus raíces en la xenofobia, las leyes de extranjería como dispositivo de control y discriminación, y en la dejación consciente de las instituciones para hacer frente a su obligación de velar por el “interés superior del menor” determinado por la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU y la Ley Orgánica 1/1996, de protección jurídica del menor.

La política interna de confrontación es una dinámica constante de los diferentes gobiernos en el Estado Español, que en vez de prestar la obligada atención y protección a la infancia, arrincona política y mediáticamente a los niños y niñas conduciéndoles a situaciones de hacinamiento, aislamiento, indefensión, exclusión y criminalización, provocando una gravísima situación de conflicto social entre la población y los menores migrantes, siendo estos últimos vulnerables y expuestos a las violencias y agresiones racistas constantes.

Denunciamos los intentos de los gobiernos de realizar deportaciones de menores bajo el disfraz de la “reagrupación familiar”. Sabemos que dicho planteamiento viola el principio de no discriminación, donde no se puede tratar a un niño como un adulto en función de su nacionalidad, algo totalmente ilegal, y donde se acaba expulsando a menores sin las suficientes garantías, pues los menores rara vez son devueltos a sus familias o entregados a los servicios sociales marroquíes, contraviniendo la legislación española.

Sabemos que existen territorios/colonias del Estado, como es el caso de Ceuta, donde la actuación nacional de los gobiernos no solo ha sido inexistente sino hasta imprudente y perversa, al no corresponsabilizar a todo el territorio de la obligación de protección y atención de los menores, atrapados en el territorio ceutí sin posibilidad de pasar a la península, como si de una cárcel-ciudad se tratase.

No solo no existe voluntad política y co-responsabilidad territorial sino que perversamente los poderes públicos y también los mediáticos están forzando el clima de confrontación y agresión hacia niños y niñas que ya de por sí pasan por una difícil situación de tránsito migratorio y sin lazos ni cuidados familiares.

El Estado y las instituciones no pueden no-actuar frente a la violencia sistémica de la infancia migrante que, por tener un pasaporte no-europeo, es agredido sistemática y violentamente por las leyes, el Estado y la sociedad.

No se puede no mediar y no actuar frente a las violencias continuadas y enraizadas en una sociedad racista, individualista y egoísta que no tiene la capacidad crítica de enfrentarse al simple hecho de lo que puede implicar para un menor estar solo, y ser violentado por un sistema estructuralmente excluyente.

EXIGIMOS:

La identificación de los atacantes y seguimiento de los sucesos con la mayor eficacia, transparencia y urgencia social que requiere la situación. No es asumible la impunidad frente a las violencias y delitos de odio racistas y xenófobos.

Frenar y prevenir la criminalización, la diseminación de mensajes políticos sensacionalistas y mediáticos que aumentan el rechazo, la criminalización y odio racista hacia los menores. Exigimos el uso no partidista e instrumental de las personas menores migrantes en el contexto electoral.

Defensa de la infancia migrante en tanto que es obligación del Estado derivada de los tratados y convenios internacionales que sobre la infancia ha firmado y ratificado España.

Solidaridad interprovincial, ya que las diferencias entre las “ciudades autónomas” de Ceuta y Melilla, o las provincias de la costa andaluza o de las ciudades más pobladas y las del resto del territorio español, son enormes.

Garantía de los recursos estatales para la correcta y obligada atención de los menores.

Un plan integral de acción y atención de los menores que dejan de estar tutelados por causa de cumplimiento de la mayoría de edad.

Respeto a la vida, la integridad y la dignidad de los niños/as y menores migrantes, con toda la protección y garantías para una infancia y juventud dignas.

12 de marzo de 2019"

Compartimos el enlace donde están el resto de materiales para la difusión:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaiRC_ESnkx2acHcXQULIcxQlVVrlyBjkWGprLeAlhmvhLoA/viewform






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