SUPLEMENTO

Ecuador: la represión cómo política de Estado

Pablo Juárez

análisis
Ilustración: Diógenes Izquierdo

Ecuador: la represión cómo política de Estado

Pablo Juárez

[Desde Quito] La lucha de clases ha estallado en diversos lugares del mundo. Y con ella, también la violencia y la represión de los Estados capitalistas, mostrando su verdadera naturaleza. Analizamos esto especialmente en el convulso escenario político ecuatoriano.

"Un fantasma recorre el mundo. No es aún el del comunismo, pero sí el de la lucha de clases con mayúsculas", escribía hace pocos días Claudia Cinnati en Ideas de Izquierda, en un artículo que da cuenta de los enormes procesos de lucha de clases que se están desarrollando en diversas partes del mundo.

Uno de los elementos que tienen en común todos estos procesos es la utilización de la represión estatal a una escala mayor a la que estábamos acostumbrados en los últimos años. Desde Chile a Hong Kong, pasando por Catalunya y Ecuador, el uso de la violencia por parte del Estado ha sido una constante. De esta manera la policía y los militares han pasado a la primera línea política, reflejando su verdadero papel en la sociedad como defensores de los intereses y el orden capitalista.

En Sudamérica los levantamientos populares chileno y ecuatoriano han puesto de manifiesto está dinámica. En Chile esta semana la pesada herencia del pinochetismo se ha hecho sentir con toda su fuerza. La represión por parte del Gobierno de Piñera ya se ha cobrado decenas de vidas y miles de detenidos y heridos. Las denuncias de torturas, desapariciones y violaciones se han vuelto un clamor en las redes sociales.

En Ecuador el anuncio por parte del Gobierno de Lenin Moreno de un conjunto de medidas de marcado carácter neoliberal provocó una auténtica rebelión popular durante los doce primeros días de octubre. La entrada en escena del movimiento indígena con sus combativos métodos de lucha activó todas las alarmas del Régimen ecuatoriano. Las oligarquías clamaron para que el Estado hiciera uso de la violencia por parte de policías y militares a una escala no vista hace años.

La ciudad de Quito se transformó en un verdadero escenario de guerra. El gobierno sacó a las calles ya no solo material antidisturbios sino carros de combate militar, auténticas armas de guerra.

La represión durante esos días de levantamiento popular se cobró al menos diez víctimas mortales y cientos -o puede que incluso miles- de heridos y mutilados. Especialmente virulenta fue la violencia estatal después del viernes 11 de octubre, día en que el Gobierno decretó el toque de queda. Esa noche y durante la jornada del sábado los militares pasaron a tener mayor protagonismo y junto a la policía hicieron uso de armas de fuego y francotiradores contra la población.

Ante la magnitud del embate popular, Moreno y su gobierno tuvieron que dar un paso atrás y retirar la eliminación del subsidio al combustible. En un momento en que el gobierno estaba muy débil y grandes sectores de la población exigían su renuncia, las direcciones de las organizaciones obreras y del movimiento indígena llamaron a abandonar las calles y las movilizaciones cesaron. La política represiva y de persecución política por parte de Moreno a los activistas no cesó. La siguiente semana se produjeron numerosas detenciones a líderes del movimiento político ligado al expresidente Rafael Correa. Esta semana el objetivo se ha dirigido contra el movimiento estudiantil y diversas organizaciones de izquierda. Las acusaciones van a encaminadas a intentar desprestigiar las movilizaciones intentando vincularlas con la acción de bandas del crimen organizado. A la vez empieza a cobrar forma la insinuación por parte del Estado del delito de terrorismo. Esta acusación allanaría la acción judicial e impondría duros castigos a los activistas que estuvieron protestando durante esos doce convulsos días en contra de los planes neoliberales del Gobierno.

A pesar de su rol de contención, tanto los sindicatos, cómo el FUT, cómo el movimiento indígena, han sido duramente amenazados por Lenin Moreno y sus ministros. La Fiscalía General de Ecuador ya ha anunciado la investigación a Jaime Vargas, líder de la CONAIE, por el supuesto intento de crear un “ejército subversivo”.

Se trata de toda una ofensiva en diversos frentes de un Gobierno que se siente profundamente debilitado, pero que fue apuntalado por esas propias direcciones. Porque ante el repliegue de las direcciones del movimiento de masas puede permitirse la persecución de sus opositores políticos, apoyándose en el aún vigente Estado de excepción. Desde luego es una contradicción que, a pocos días de una enorme victoria del pueblo ecuatoriano, la situación sea de una fuerte arremetida autoritaria por parte del Estado y que sean los luchadores sociales los que se encuentren arrinconados por la represión.

Para entender esto es necesario tener en cuenta que la crisis abierta dentro del Régimen ecuatoriano es profunda. Las oligarquías están intentando maniobrar para darle una salida reaccionaria a la inestabilidad que han provocado los acontecimientos de octubre. Pero este intento de bonapartizacion del Régimen, lejos de ser una expresión de fortaleza es más bien el reflejo del momento de debilidad y alta inestabilidad en la que se encuentra el sistema de dominación capitalista ecuatoriano.

Por otro lado, las direcciones de las distintas organizaciones de masas, especialmente las del movimiento obrero e indígena, al sentarse en la mesa de negociación con el Gobierno permitieron legitimar y dar oxígeno a Lenin Moreno y sus ministros. Esto supuso un auténtico desvío del sentir mayoritario de las masas y de los sectores que estaban enfrentando en las calles a la policía y militares.

La caída del gobierno era una de las reivindicaciones más sentidas en las barricadas de Quito, en el contexto de un auténtico levantamiento popular en la capital y el resto del país. El derrocamiento de Lenin Moreno por la acción directa de las masas habría supuesto la oportunidad de poder profundizar en un proceso que hubiese puesto encima de la mesa la necesidad de abrir una Asamblea Constituyente democrática realmente desde abajo que permitiese discutir sobre los principales problemas democráticos y sociales que padece el pueblo ecuatoriano. A esta perspectiva se opusieron las direcciones obreras y del movimiento indígena.

Este miércoles, la CONAIE se levantó de la mesa de negociaciones con el Gobierno auspiciada por la ONU y la Iglesia, ante la intención de continuar con los planes neoliberales y la persecución política por parte de Moreno. Al día siguiente la coordinadora indígena anunció la constitución de un "Parlamento Popular" que discutiese un nuevo proyecto a económico antineoliberal para el país. Esto, aun siendo auspicioso, corre el riesgo de convertirse en algo puramente simbólico si no se apoya en la movilización del conjunto de los explotados y oprimidos del Ecuador.

En un contexto tan convulso cómo es el escenario político ecuatoriano, se pone de relieve la necesidad de construir una organización revolucionaria y anticapitalista que combata sin complejo alguno al Régimen neocolonial y que intervenga en las movimientos y organizaciones de masas con la perspectiva de poder combatir también contra el conservadurismo burocrático de las direcciones tradicionales que conduce a la parálisis y a la derrota de las iniciativas de la movilización popular.

Los acontecimientos de octubre demuestran que emergió una nueva base social que plantea abiertamente la construcción de una organización de este tipo. La vanguardia que sostuvo el peso de los combates en Quito y otros lugares tiene un fuerte componente juvenil que no le debe ningún disciplinamiento a las viejas direcciones de masas. Son precisamente estos sectores los que están llamados a rescatar lo mejor de la tradición revolucionaria ecuatoriana y emprender la transformación radical de un país sometido por la bota neocolonial capitalista.

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