Política Estado Español

SALARIO MÍNIMO

El PSOE y Unidas Podemos acuerdan un SMI a la medida de las patronales

Mientras PSOE y Unidas Podemos tratan de conseguir los votos necesarios para su coalición, los pactos programáticos ya se van conociendo.

Carlos Muro

@muro_87

Martes 17 de diciembre de 2019 | 17:31

Según la información publicada por el diario El Economista, el PSOE, Podemos e Izquierda Unida habrían pactado una subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta llevarlo a los 1.200 euros en 2023.

¿Cómo se supone que se va a realizar la subida? Una primera fase fijaría el salario mínimo en unos 1.000 euros en 2020, para en 2023 subirlo hasta los 1200. ¿Cuál es la letra pequeña? En primer lugar, el aumento no va a ser el mismo todos los años y en segundo lugar “va a depender del entorno económico anual”.

En primer lugar, parece ser que la “gran estrategia” política de Pablo Iglesias y Garzón para conformar un gobierno “progresista” es hacer depender las subidas salarias a los designios de la crisis económicas que las mismas patronales, banqueros y todas las grandes multinacionales del Ibex35 provocan, como ya vimos en 2008 y cuyo gestor de salvar sus beneficios privados a costa de la gran mayoría fue el mismo PSOE.

Este pacto salarial ya de por sí no tiene garantía de nada, por hacer dependerlo de si a los empresarios les va bien o mal. Más aún cuando todas las previsiones tienden a confirmar que la economía se desacelera y que vamos a otra recesión.

Esto en el marco que no se van a eliminar las reformas laborales antiobreras del PSOE de 2010 y del PP de 2012, con tan solo algunas modificaciones que van a estar atadas a las decisiones de la futura Nadia Calviño, vicepresidenta primera y ministra de Economía, defensora de políticas de ajuste neoliberales y aplaudida desde Bruselas.

En segundo lugar, aun llevando adelante la subida salarial los empresarios tiene la más completa libertad de no cumplir la misma ley que el gobierno aprueba. Los mismos trabajadores de Telepizza, frente a la subida salarial de este mismo año, tuvieron que llevar adelante huelgas y movilizaciones por no cumplir con la subida que le correspondía. Como ellos mismos declaran “el gobierno no tenía intención alguna de imponérselo a la patronal. Y allí donde los precarios no están organizados la patronal hace lo que le da la gana”. Y Telepizza no es la excepción, son cientos de empresas con la misma situación.

Mientras los empresarios tienen la más completa libertad para no cumplir sus propias leyes, despedir incluso si se enferman los trabajadores, sancionarles, pactar convenios a su antojo o mil maniobras para seguir forrándose a costa de los que sí trabajan. Los trabajadores están en la más absoluta vulnerabilidad y si quieren protestar aunque sea poco algo tan básico como cobrar el salario mínimo, se deben de enfrentar a cientos de trabas legales y a ley mordaza, esa que por cierto tampoco va a derogar Unidas Podemos.

En tercer lugar, la subida salarial a 1200 euros en 2023 no solo es muy inferior a lo que les correspondería a los trabajadores después de décadas de bajadas salariales y pérdida de poder adquisitivo, sino que le garantizan a la patronal tiempo suficiente. Es más, los trabajadores de Telepizza reunidos con Pablo Echenique durante el periodo de huelgas, le plantearon que querían un salario de “1500 con un IPC marcado por los sindicatos” a lo que Echenique contestó “que eso era inaceptable para el PSOE”.

Ni tan siquiera se ha conformado oficialmente la coalición de gobierno, que Podemos e Izquierda Unida ya están acercando el programa neoliberal del PSOE. No solo no quieren imponer a todas las patronales que cumplan sus propias leyes, sino que ni siquiera aceptan la mínima subida de 1500 euros.

Frente al programa neoliberal que ha aceptado Podemos e Izquierda Unida, la subida salarial debería estar valorada en función de las necesidades globales de la población asalariada y estar vinculada al coste de la vida y sus variaciones, no ha pronósticos que encajen dentro de los planes de la patronal. Además debería ser evaluada, no por la misma patronal, sino por los sindicatos y comités de empresa.






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