Política Estado Español

INHABILITACIÓN TORRA

El Supremo decidirá quien puede gobernar y quien no en Catalunya

Torra comparece antes del fallo definitivo que podría deponerlo como president. La Judicatura vuelve a intervenir contra el derecho de sufragio de las y los catalanes. Una deriva autoritaria del Régimen del 78 de la que el gobierno “progresista” es parte y el procesismo acata sin resistencia.

Santiago Lupe

@SantiagoLupeBCN

Jueves 17 de septiembre | 16:36

No por previsible deja de ser escandaloso. En las próximas horas o días, un tribunal depondrá de su cargo a un presidente electo por no obedecer la disposición de un órgano administrativo. Sí, la Junta Electoral Central, por más que en los últimos años haya jugado un papel más parecido al del Inquisidor General del Reino, no deja de ser un órgano administrativo. El gravísimo delito para una decisión que niega el derecho de las y los catalanes a elegir a su propio presidente, ha sido el haber mantenido una pancarta de la fachada de la Generalitat.

Pero es absurdo querer buscar racionalidad o respeto a principios jurídicos como la proporcionalidad o la preservación de derechos fundamentales -como el del sufragio de 4 millones de catalanes-. También el señalar que se trata de toda una vulneración del derecho a un juez imparcial, pues cuatro de los cinco magistrados que decidirán fueron parte del juicio del procés en alguna de sus instancias, contra cuya sentencia protestaba dicha pancarta.

Hace tiempo que la Judicatura, con el apoyo del resto de poderes del Estado -desde la Corona hasta todos los partidos del Régimen, incluídos Podemos, IU y el PCE que desde el Consejo de ministros la respaldan con su “respeto a las decisiones judiciales”-, actúa siguiendo el Derecho Penal del enemigo cuando se trata de juzgar a dirigentes, militantes o activistas del independentismo catalán.

Como decimos, en la pancarta se pedía la libertad para los presos políticos catalanes. Casi todo un govern, también democráticamente elegido, la presidenta de la cámara catalana y dos líderes sociales, condenados hasta a 12 años de prisión por haber organizado un referéndum. Ni los golpistas del 23F recibieron un trato tan duro. Al fin y al cabo los jueces del Supremo deben pensar que aquellos patriotas uniformados eran “de los suyos”.

La decisión de inhabilitar a Torra es parte de la deriva centralizadora y autoritaria en la que el Estado español lleva inmerso en los últimos años. De esta deriva es parte la Ley Mordaza, los montajes policiales contra activistas y militantes, los casi 3 mil independentistas catalanes encausados, los raperos, artistas y periodistas condenados por criticar la Corona o los sindicalistas encausados y condenados por defender sus puestos de trabajo.

En este caso el Estado, por medio de uno de sus brazos más reaccionarios, vuelve a intentar marcar la agenda política en Catalunya y el Estado. El Supremo fuerza elecciones, con la esperanza de que quizá unos nuevos comicios puedan provocar un cambio de mayorías y el fin de una Generalitat independentista. No es la primera vez que lo intentan. En 2017, por medio del golpe institucional del 155, Rajoy disolvió el Parlament, convocó las elecciones del 21D... aunque las perdió. La Judicatura intervino después para impedir la investidura de Puigdemont -obligándole a permanecer exiliado– y Turull -metiéndole en prisión la noche antes de la segunda votación-.

Ahora además, esta injerencia antidemocrática de los togados se enmarca dentro de las pugnas del “deep state” contra el gobierno de coalición. Un nuevo embate represivo de este nivel hace más difícil que ERC y JxCat puedan seguir actuando se soporte parlamentario como hicieron en la investidura, lo que favorece las pulsiones a buscar apoyos conservadores en la derecha de Cs o incluso abrir una crisis de gobierno buscada desde hace meses por la derecha y una parte del aparato del Estado.

Ahora bien, dicha maniobra puede quedar en nada. ERC y JxCat, imbuidas en un curso de reintegración en el autonomismo desde hace meses, pueden tragar un sapo más. De hecho, ambos partidos ya aclararon el miércoles que separaban la negociación de los Presupuestos de los avances o retrocesos que sufra la mesa de diálogo en la que el president electo por el Parlament no podrá ni tomar asiento. De convertir este nuevo golpe en un impulso para la movilización ni hablamos. De hecho ambos coinciden en acatarla y aceptar en los hechos que un juez vuelva a decidir quien puede y quien no gobernar en Catalunya.

Por otro lado el gobierno “progresista” es parte integral de esta deriva autoritaria que es ya parte de los nuevos consensos. Buena parte de los encausados independentistas por participar en manifestaciones han sido sentados en el banquillo por el ministerio del Interior Grande Marlaska. El joven madrileño Daniel Gallargo, en prisión desde el otoño de 2019 por ser parte de una manifestación contra la sentencia del procés en la capital, se enfrenta nada menos que a una petición de 6 año de cárcel de la Fiscalía dirigida por la ex ministra de Justicia, Dolores Delgado.

El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos para formar gobierno incluía, entre otras muchas promesas incumplidas, la derogación de la Ley Mordaza. Camino del primer año de gobierno, esta ley liberticida no solo no ha sido derogada, sino que el gobierno “progresista” la está utilizando como ningún otro. El número de denuncias en los últimos 6 meses supera las acumuladas desde 2015, año de su publicación. Durante el estado de alarma esta ley fue el salvoconducto entregado a policías, guardias civiles y militares, para cometer los centenares de abusos y denuncias absurdas que han sido denunciadas en redes sociales.

Depositar pues ilusiones en el gobierno “progresista” para que la represión afloje o se abra una nueva oportunidad para poder ejercer el derecho de autodeterminación, es conducir estas reivindicaciones democráticas a un nuevo callejón sin salida. Esta es la estrategia de los partidos procesistas.

No hay reforma posible al Régimen del 78. No habrá en sus estrechos márgenes del “atado y bien atado” espacio ni para el derecho a decidir, ni siquiera para el respeto a algo tan mínimo como que sean los y las catalanes, y no los jueces del Supremo, quienes decidan quien es el president de la Generalitat. No habrá en sus estrechos márgenes espacio para el ejercicio de derechos fundamentales como el de asociación, manifestación o expresión sin el temor de acabar entre rejas, en el exilio o multado.

Pelear por acabar con un régimen que cada día hace más honores a ser el heredero de Franco -por más políticas de discurso y símbolos con que lo quiera cubrir el gobierno “progresista”- sigue siendo una tarea pendiente a pesar de la integración de quienes se autoproclaman como herederos del 15M o la claudicación de los dirigentes independentistas. Lo es aún más ahora cuando en sus estrechos márgenes tampoco hay espacio para evitar que la actual crisis sanitaria, económica y social sea descargada sobre la clase trabajadora y los sectores populares.

Ni para revertir esta deriva autoritaria, ni menos aún para resolver los grandes problemas sociales agravados con la pandemia, se puede contar con los partidos procesistas, por más que hoy sean objeto del ataque, ni con el nuevo reformismo hoy convertidos en ministros de Su Majestad. La lucha independiente por imponer procesos constituyentes por medio de una movilización social con la clase trabajadora, sigue siendo hoy una tarea urgente para terminar con el régimen del “atado y bien atado”, acabar con los gobiernos al servicio de los capitalistas y abrir el camino a poder conquistar repúblicas de las y los trabajadores que puedan decidir libre y soberanamente sus relaciones entre ellas.






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