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El Tribunal Supremo revoca el tercer grado a los presos del procés

El Tribunal ha revisado los recursos y ha decidido revocar el otorgamiento del tercer grado. De este modo, elimina la posibilidad de salidas temporales a los presos.

Viernes 4 de diciembre de 2020

Los mismos jueces que juzgaron a los políticos catalanes, en un juicio escandaloso, lleno de irregularidades y violaciones a las libertades democráticas, donde se terminó condenando a políticos electos por su ideología independentista, ahora revocan el otorgamiento del tercer grado. El tribunal está integrado Manuel Marchena, el presidente de la Sala de lo Penal, y los jueces Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Andrés Palomo, Antonio del Moral y Ana Ferrer.

Este Tribunal reaccionario vuelve a decidir sobre el futuro de los nueve presos independentistas, condenados a penas de entre 9 y 13 años de cárcel. La revocación afecta especialmente a Carme Forcadell (condenada a 11 años y medio por sedición) y la exconsejera Dolors Bassa (12 años por sedición y malversación), que en este momento estaban haciendo salidas de la cárcel a la que solo regresaban para dormir. Con la nueva sentencia, esas condiciones se eliminarán, y no podrán salir de prisión. En el caso del resto de los presos, solo pudieron disfrutar de este régimen de salidas por unos días durante el verano, pero después fue suspendido a la espera de la decisión del Supremo.

Fue la fiscalía de Estado la que solicitó en un recurso que se revocara este derecho al tercer grado. Esto es algo escandaloso. Con solo comparar, al corrupto cuñado del rey, Iñaki Urdangarin, condenado por robar 2,6 millones de euros de los fondos públicos del Govern de Baleares, se le otorgó el tercer grado para que pudiera salir de la cárcel. Lo mismo ha sucedido con otros condenados por corrupción o delitos más graves. Pero el Supremo quiere escarmentar a los presos y por esa vía a todo el movimiento independentista catalán.

La Judicatura, con el apoyo del resto de poderes del Estado -desde la Corona hasta todos los partidos del Régimen y también el actual “gobierno progresista” actuando desde la fiscalía-, viene aplicando el Derecho Penal del enemigo cuando se trata de juzgar a dirigentes, militantes o activistas del independentismo catalán. Y mientras desde el gobierno abren puertas a la negociación con ERC para la aprobación de los presupuestos, se mantiene una línea represiva contra el independentismo catalán.






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