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El nuevo vehículo autónomo de la UAM, otro caso de greenwashing y de privatización

Lejos de ser una medida ecológica, el nuevo autobús eléctrico de Alsa además de innecesario supone un paso más en la injerencia de las empresas privadas en las universidades públicas.

Miércoles 15 de enero | 18:53

La Universidad Autónoma de Madrid empieza el año con un caso más de greenwashing y abriendo las puertas a las empresas privadas. Esta semana se ha anunciado la inauguración de un vehículo autónomo y eléctrico que circulará por el campus de Cantoblanco. Un proyecto llevado a cabo entre la UAM, del Consorcio Regional de Transportes de Madrid, la Dirección General de Tráfico y la empresa privada de transportes Alsa.

No han sido pocos los estudiantes que hemos cuestionado la necesidad de un autobús dentro del campus con capacidad solo para doce personas y que va a recorrer menos de 4 kilómetros, cuando la universidad sufre una falta importante de servicios esenciales, empezando por el propio sistema de transporte hasta Cantoblanco, que es caro y está masificado.

Por otro lado, llama la atención que pretenda venderse esta medida como ecológica por el hecho de que el vehículo es eléctrico -como si la electricidad no procediera mayoritariamente de fuentes contaminantes- cuando lo que se está haciendo es convertir la universidad en el campo de pruebas del nuevo juguete de Alsa.

Estamos ante un caso de “greenwashing” de libro. Es difícil tomarse en serio que la UAM sea exponente en sostenibilidad cuando esta institución ha adoptado sin complejos el modelo neoliberal de universidad al servicio del mercado; manteniendo una estrecha relación con empresas tan poco ecológicas como el BBVA, el Santander, las farmacéuticas Grifols y Roche o la empresa química de plásticos Ecros.

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Lo que este autobús eléctrico es realmente es un caballo de Troya para seguir profundizando en la injerencia de las empresas privadas en la universidad pública.

Así, la rueda de prensa que ha dado el rector Rafael Garesse junto al vicepresidente Ignacio Aguado, el consejero de Transportes, Ángel Garrido y el consejero delegado de Alsa, Francisco Iglesias; se ha convertido en un acto de glorificación de la “colaboración” entre los organismos públicos y los intereses privados. Todo ello en nombre de una “apuesta permanente por impulsar proyectos innovadores”.

Por lo visto, a la universidad le gusta considerar innovador y progresivo el avance en la privatización de servicios de la universidad, algo que no hace sino perjudicar a estudiantes y trabajadores, precarizando aún más sus condiciones.

Otro ejemplo de la cesión de competencias al sector privado es la existencia del Consejo Social, el máximo órgano de toma de decisiones de la universidad, en el que los delegados de empresas privadas son quienes más peso tienen a la hora de tomar decisiones relativas al presupuesto de la universidad, la investigación o los contenidos académicos, entre otras cosas.

Una vez más, los estudiantes y trabajadores no tenemos ninguna potestad para decidir sobre este tipo de proyectos que resultan inútiles y que en nada mejoran nuestras condiciones.

Queremos dejar de depender de los negocios entre el rector y los consejeros delegados del sector privado. Queremos expulsar a las empresas de la universidad y que ésta sea gestionada por sus estudiantes y trabajadores. Queremos una universidad radicalmente democrática al servicio de la lucha contra el capitalismo y la crisis ecológica.






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