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En Estado de Alarma la Audiencia Nacional incauta las cuentas de 107 herriko tabernas

Con las calles tomadas por fuerzas policiales y militares y la población confinada, la Audiencia Nacional aprovecha para incautar las cuentas de 107 herriko tabernas. Un expolio en estado de alarma, a través de un fallo dictado hace años en la línea del “todo es ETA” contra la izquierda abertzale.

Miércoles 22 de abril | 13:19

Para la Audiencia Nacional el momento de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo de 2016 que preveía la incautación bancaria de las herriko tabernas es ahora, en pleno Estado de Alarma, cuando las calles están tomadas por las fuerzas de represión, se aplica el confinamiento y más de 700.000 sanciones han sido dictadas al respecto en poco más de un mes.

Estas tabernas del entorno social de la izquierda independentista vasca ya estuvieron largas temporadas en el punto de mira de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, instituciones en las que se desdoblaron los 16 miembros del Tribunal de Orden Público franquista cuando fue “disuelto”. Los cierres, detenciones e incautaciones en las mismas ya protagonizaron numerosas portadas en décadas anteriores, aunque en plena pandemia un nuevo expolio vuelve a producirse a 107 tabernas mediante embargos de cuentas bancarias.

Mientras el aparato judicial no puede tramitar las reclamaciones masivas de despidos ilegales, impagos de sueldos, ERTEs sin cobrar o miles de recursos a multas de estos días por las restricciones de la pandemia, sí que hay tiempo para quedarse con el dinero de más de 100 tabernas.

Fue en 2016 cuando el Tribunal Supremo dictó la sentencia del caso 35/02, la cual se ha empezado a ejecutar, evidenciando que la persecución política con las calles vacías sí es una urgencia para la judicatura española.

En 2020 el hostigamiento a la izquierda abertzale no ha cesado, pasando por el encarcelamiento de activistas mediante la ilegalización de partidos, agrupaciones juveniles o gestoras jurídicas, amparándose en la Ley de Partidos de 2002 que permite ilegalizar cualquier organización de la que el Estado califique o de “terrorista” o de sospechosa de serlo.

¿Por qué ante una crisis sanitaria y social, la respuesta prioritaria de los gobiernos está siendo reforzar el papel del Estado, llenar las calles de policía y ejército? No parece casualidad que este sea el momento para ejecutar una sentencia de represión política y acometer un robo de gran tamaño al entorno social de la izquierda abertzale.

Las medidas punitivas aprobadas para mantener el confinamiento han proporcionado un enorme apoyo a las fuerzas represivas para desatar lo que ya es su naturaleza racista y antipopular. Así, poco después del decreto de alarma se multiplicaron las paradas y detenciones a migrantes y personas racializadas.

Frente a su Estado de alarma, que se basa en militarización de las calles y el crecimiento de las agresiones y arbitrariedades policiales de todo tipo, pero tiene guante de seda con los grandes capitalistas, hay que oponer un programa que toque de forma directa sus ganancias e intereses. Hoy un plan de emergencia que haga pagar la crisis a las grandes fortunas y empresas para atender la crisis sanitaria y social no es una opción, es una condición que define la vida o la muerte de miles de personas.






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