DECLARACIÓN

Investigación independiente y castigo a los responsables políticos de contratar a su asesino en los cuerpos de Seguridad del Estado

A fines de febrero del 2013, en un artículo publicado por el diario El País, salía a la luz que Emilio Hellín Moro, el asesino confeso de Yolanda González en 1980, desde hace varios años trabaja “para los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos judicializados y forma a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático” bajo el nombre falso de Luis Enrique Helling.

Lunes 1ro de febrero de 2016 | 21:40

Esta escandalosa información fue confirmada por Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad, quien reconoció que la Dirección General de Policía y la Guardia Civil, bajo el mando del Ministerio del Interior, contrató los servicios de Emilio Hellín Moro y su empresa, News Technology Forensics, durante los años 2006, 2008, 2009, 2010 y 2011 para cursos de especialización a agentes de ambos cuerpos -que impartía el propio Hellín- y para investigaciones judicializadas en casos de terrorismo y crimen organizado.

Pero su colaboración no terminó en 2011, como quiere hacer creer el Ministerio del Interior- sino que siguió durante el gobierno del PP. Fuentes no oficiales de la Guardia Civil afirman que en 2012 el ultraderechista ha seguido colaborando con el instituto armado, y fue el propio Hellín y su empresa quienes llevaron a cabo el informe sobre el teléfono móvil de José Breton, en septiembre del año pasado, acusado de asesinar a sus dos hijos en Córdoba, entre otros casos.

La noticia conmocionó a familiares y a amigos, a antiguos compañeros de militancia de Yolanda y a todos los que nos indignamos con que los asesinos del Franquismo y la Transición caminen libremente por las calles y que sus crímenes gocen de absoluta impunidad. Pero lo más escandaloso en este caso es que el asesino de Yolanda se encontraba trabajando como asesor de “seguridad” para organismos de represión del Estado desde 2006 en adelante, cerrando así el círculo de complicidades e impunidad entre el Régimen surgido de la Transición y los asesinos de los luchadores obreros y populares.

Yolanda González, mujer, joven y revolucionaria

Yolanda González tenía 19 años cuando fue secuestrada por un comando de “Fuerza Nueva”, el partido del fascista Blas Piñar, una de las organizaciones ultraderechistas que actuaban con total impunidad durante la Transición. La noche del 1º de febrero de 1980, cuatro integrantes de “Fuerza Nueva” fueron a buscarla a su piso en el barrio de Vallecas, en Madrid. Mientras Emilio Hellín e Ignacio Abad subían al piso, otros dos se quedaban abajo vigilando. La joven militante fue secuestrada, torturada y asesinada con varios disparos en la cabeza, y su cuerpo abandonado en una cuneta de la carretera de San Martín de Valdeiglesias.

Yolanda era vasca, de familia obrera. Vivía en Madrid, trabajaba en la limpieza, estudiaba en un centro de formación profesional, y militaba activamente en la Coordinadora de estudiantes de enseñanzas medias y formación profesional, así como en las filas del Partido Socialista de los Trabajadores (PST) de filiación trotskista.

Este violento asesinato fue respondido de forma inmediata con la movilización popular, realizándose asambleas en todos los centros de estudios y una huelga general de la enseñanza el día 5 de febrero convocada por la Coordinadora de Estudiantes, junto a múltiples movilizaciones en Madrid.

La trama negra de Fuerza Nueva, Emilio Hellín y el asesinato de Yolanda

A principios de los años ’70, el ingeniero de Telecomunicaciones Hellín empezó a colaborar con el Servicio de Documentación de Presidencia del Gobierno (SECED), servicio secreto creado por el almirante Carrero Blanco, donde siguió trabajando bajo el primer gobierno de la Monarquía, presidido por Carlos Arias Navarro. Gracias a su experiencia en las cloacas, durante la transición democrática Hellín, con 32 años, fue jefe de seguridad de Fuerza Nueva del distrito madrileño de la Arganzuela, y jefe del denominado “Grupo 41” , del parapolicial Batallón Vasco-Español (BVE), antecedente de los GAL. (“Emilio Hellín y el crimen de estado durante la transición”, Mariano Sánchez Soler).

Las conexiones de Hellín con los servicios de seguridad del Estado eran ampliamente comprobables. Fue así que en el asesinato de Yolanda se puso en movimiento una trama negra organizada al detalle, que disponía de armamento, inteligencia, documentación y apoyo logístico. El crimen de Yolanda no fue obra de unos ultras violentos, sino el resultado de un grupo parapolicial dedicado a la guerra sucia, organizado y apoyado directamente desde instituciones del Estado.

Pocos días después del asesinato de Yolanda, fueron detenidos varios integrantes de Fuerza Nueva, pero fue la movilización popular la que impidió los intentos de cerrar el caso sin condenas. Emilio Hellín e Ignacio Abad fueron condenados como autores materiales del asesinato, mientras otro grupo de “Fuerza Nueva” recibió condenas menores, como colaboradores necesarios en el crimen. Pero lo que nunca se investigó fue la red de relaciones entre estos asesinos y las fuerzas represivas del Estado.

La sospecha más que fundada de que el grupo paramilitar actuaba bajo el amparo de las fuerzas represivas del Estado nunca se investigó, cuando existían pruebas evidentes. Sólo un día después de asesinar a Yolanda, el asesino Hellín durmió en la casa de un policía de Vitoria que interrogado posteriormente declaró “que Hellín tiene contacto con importantes peces gordos de los cuerpos de Seguridad y el Ejército”.
Pero tampoco se le dio importancia al hecho que, del grupo de secuestradores, formaban parte un Policía Nacional y un integrante de la Guardia Civil (hermano de Hellín), y quien dio la orden del secuestro y asesinato fue otro Guardia Civil, David Martínez Loza, jefe de Seguridad de Fuerza Nueva. Ni tampoco se investigó que los asesinos contaban con armamento del ejército, además de un equipo de comunicación sofisticado para la época al que sólo tenían acceso fuerzas armadas del Estado. Nada de esto tuvo importancia, y a pesar de las denuncias de familiares y compañeros de militancia, las complicidades en el Estado quedaron en completa impunidad.

Emilio Hellín fue detenido el 7 de febrero de 1980 y condenado a 43 años de cárcel por su brutal crimen, pero de éstos solo cumplirían 14. En agosto del mismo año protagonizó su primer intento de fuga, ayudado por presos comunes de la cárcel de Alcalá de Henares.

Pero a pesar de ello, el 20 de febrero de 1987, el juez José Donato Andrés dio permiso a Hellín para salir de la cárcel de Zamora con un permiso de seis días. De nada sirvieron los recursos presentados por la familia de Yolanda y sus compañeros del PST. Así, con la ayuda de la “justicia”, Emilio Hellín se fugó nuevamente saliendo de España con un DNI legal y con toda su familia hacia Paraguay, donde encontraría “trabajo” en los servicios de inteligencia del genocida Alfredo Stroessner. Aunque tras dos años de fuga, fue descubierto por un periodista y posteriormente extraditado y devuelto a la cárcel.

Finalmente, hacia julio de 1995 el asesino de Yolanda es premiado con un régimen de semilibertad (por el que sólo debía dormir en la cárcel) y en 1996 es liberado impunemente, habiendo cumplido tan sólo 14 años en prisión.
Pasarían pocos años hasta que el Estado contratara los servicios del “experimentado” Emilio Hellín.

Bajo directivas del Ministerio del interior, desde el año 2006 hasta la actualidad, es decir, durante los gobiernos del PSOE y el PP, Hellín y su empresa gozaron de sendos contratos para impartir cursos de represión a guardias civiles, policías, Mossos d´Esquadra y miembros de la Ertzaina, entre otras tareas. Ese es el lugar asignado para el asesino de Yolanda por éste régimen, una clara demostración de que sus “buenas relaciones” con el aparato represivo del Estado se mantuvieron a lo largo de estos 36 años, mientras los familiares y amigos de Yolanda siguen reclamando justicia. Pero, aunque es indignante, no es extraño” el fascista Hellín siempre fue “uno de los suyos” .

La Transición, “modelo” de represión e impunidad

Si toda esta trama de impunidad fue posible, es porque la “modélica” Transición española, la que se quiso mostrar al mundo como ejemplo a seguir, estuvo basada en la represión a los luchadores obreros y populares y en la más escandalosa impunidad. Como ejemplo recordemos los sucesos de Vitoria de 1976 (la represión y asesinato de los obreros en huelga), los crímenes de Atocha, la represión a las huelgas obreras y estudiantiles todos esos años, así como los 188 compañeros y compañeras que murieron en “actos de violencia política de origen institucional”, mientras que más de “1.072 heridos fueron víctimas de la violencia desencadenada por la represión policial y las denominadas "tramas negras" . (“Emilio Hellín y el crimen de estado durante la transición”, Mariano Sánchez Soler).

Una impunidad que fue “pilar” de la transición, comenzando por la Ley de Amnistía, que garantizó a los franquistas seguir libres después de 40 años de represión y cientos de miles de asesinatos, que ni siquiera se pudiera reivindicar la calidad de perseguido político. Este pacto de impunidad y silencio, acatado por todos los partidos del Régimen, fue la base de la democracia pactada del ’78, esta “democracia para ricos” que mantuvo intacto el aparato de las fuerzas de seguridad, de los que transformados de “grises” a “azules” siguieron actuando durante la Transición y en adelante contra los trabajadores y el pueblo.

Un pacto que fue aceptado también por el PCE y el PSOE. Este último además se ha caracterizado por ser uno de los partidos del Régimen que más ha echado mano del viejo aparato represivo de la Dictadura para perseguir a distintos luchadores y fortalecer las fuerzas represivas de esta falsa democracia. Fue el PSOE quien impulsó desde el Ministerio del Interior los GAL, quien mantuvo y ascendió a muchos torturadores de la Policía Armada en la Policía Nacional, quien justamente otorgó todo tipo de beneficios penitenciarios a los golpistas del 23F y a asesinos como Hellín... y quien nuevamente en 2006, con Rubalcaba como Ministro del Interior, contrató los servicios de este despreciable personaje.

Todo el apoyo a la campaña de amigos y familiares de Yolanda. Por una investigación independiente y castigo a los responsables políticos

Los trotskistas de Clase contra Clase nos solidarizamos con los amigos, familiares y compañeros y compañeras de Yolanda, y junto a todas las organizaciones políticas, sindicales, sociales y estudiantiles que repudian este hecho aberrante nos sumamos activamente en apoyo a la campaña de denuncia a la colaboración del asesino de Yolanda con los cuerpos represivos del Estado, así como el pedido de que se ponga fin inmediato a la misma y se depuren responsabilidades políticas.

Al mismo tiempo, creemos necesario exigir una investigación de las responsabilidades políticas de este caso, como de otros que pudieran existir. Una investigación que no puede estar en manos de los mismos funcionarios de este Régimen que contratan a asesinos confesos para formar a los nuevos represores, sino que debe ser independiente, conformada en primer lugar por los familiares y amigos de Yolanda, así como por personalidades y dirigentes sociales, sindicales y de izquierdas sin ningún compromiso con este régimen político garante de la impunidad.

A 36 años del brutal asesinato de Yolanda, recordamos las palabras que sus compañeros y compañeras del PST pronunciaron en su funeral: “Yolanda era joven, era mujer y era vasca, tenía tres razones para luchar. Si como mujer tenía el derecho inalienable a combatir por su liberación, si como vasca tenía el derecho a combatir por la soberanía nacional de Euskadi y si como joven tenía el derecho a luchar por las reivindicaciones de la juventud: todo eso lo englobó en una sola batalla por el socialismo, por la revolución, por un partido revolucionario” .

Yolanda González, ¡Presente! ¡Ahora y siempre!

Este comunicado fue redactado en 2013, cuando a fines de febrero de ese mismo año en un artículo publicado por el diario El País, salía a la luz que Emilio Hellín Moro seguía activo en los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado en casos judicializados, formando a sus agentes en técnicas forenses de espionaje y rastreo informático, bajo el nombre falso de Luis Enrique Helling. Reproducimos y actualizamos a 36 años del asesinato de Yolanda González.






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