MADRID

Ley Mordaza: piden 6 años de cárcel a 9 jóvenes por participar en ‘Rodea el Congreso’ en 2013

Doce jóvenes que participaron de la manifestación ‘Rodea el Congreso’ en 2013 contra la ley mordaza se enfrentan a penas de hasta 6 años de prisión acusados de delitos de desórdenes públicos, atentado a la autoridad y desobediencia. Los acusados y su defensa piden la absolución, ya que no hay pruebas más allá de la declaración de los policías, así como la derogación inmediata de la ley mordaza.

Martes 26 de noviembre de 2019 | 17:40

Álex Martínez, uno de los acusados, sentado entre Marta González, del colectivo Madres contra la represión (d), y el abogado Ertlanz Ibarrondo (i), el abogado defensor, en la rueda de prensa ofrecida en Madrid.

El 14 de diciembre de 2013 la Coordinadora 25-S convocó la manifestación llamada ‘Rodea el Congreso’ contra la ley mordaza. Poco antes de la movilización, varias jóvenes entre 17 y 23 años fueron identificadas por la Policía Nacional. Días después se detuvo a algunas de ellas, a las que fueron a buscar a institutos y domicilios particulares.

Aquella manifestación acabó con disturbios y cargas policiales, pero "las personas detenidas fuimos escogidos de forma arbitraria sobre las personas identificadas antes de la manifestación y de que se produjera algún disturbio", denuncian los acusados en un comunicado.

El caso estuvo seis años en instrucción. La Fiscalía pide para nueve de ellas seis años de prisión por atentado y resistencia a la autoridad y desórdenes públicos.

La defensa de los acusados rechaza el pedido de la Fiscalía ya que no existe ninguna prueba que inculpe a los jóvenes… más allá del testimonio de los propios agentes de policía. Por ello pedirá su absolución en el juicio que comenzará este miércoles 27 de noviembre.

En una rueda de prensa este lunes en el Teatro del Barrio de Madrid, en la que han participado Álex Martínez, uno de los acusados, Ertlanz Ibarrondo, el abogado defensor y Marta González, del colectivo Madres contra la represión, se ha explicitado la “poca solidez de las acusaciones”, en términos del letrado refiriéndose al “pack represivo” que les imputan.

El abogado ha abierto un interrogante basándose en “un hecho objetivable”, como que las peticiones del Ministerio Fiscal en lo que respecta a casos de movilización social “hayan subido de tal forma que ahora se sitúen entre los cinco años y medio y los once años y medio de prisión”. Así, Ibarrondo se pregunta “si es aleatorio que todos los fiscales se hayan puesto de acuerdo para pedir penas tan altas o si siguen alguna directriz”.

"Nos volvemos a encontrar frente a frente ante otra crueldad perpetrada con nuestra juventud por el simple hecho de reivindicar", ha denunciado Marta González del colectivo Madres contra la Represión.

“Aunque queden absueltos, jugar con seis años de la vida de unos jóvenes y sus familias tan solo por acudir a una manifestación es un acto de represión”, ha dicho González. Y ha añadido que “una vez más, la maquinaria perversa y torticera de este Estado represor utiliza todos sus medios y su naturaleza manipuladora para distorsionar una manifestación de carácter reivindicativo y no violento y convertirla en una persecución, criminalización y posible condena de doce jóvenes"

Ley Mordaza, persecución a la juventud y criminalización de la protesta social

La manifestación de ‘Rodea el Congreso’ tuvo lugar en el marco de estallido de la crisis capitalista, brutales recortes y agitación social que recorría todo el Estado tras la irrupción del 15M, apenas dos años antes.

En ese contexto, a finales de 2013 el Gobierno del PP presentó su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, rápidamente denominada como ‘ley Mordaza’ por los movimientos sociales. El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobó la ley en solitario el 11 de diciembre de 2014, haciéndose valer de su mayoría absoluta y del apoyo de sus socios de Gobierno: UPN y el Partido Aragonés. La Ley vino acompañada de una reforma del Código Penal, que apuntaló el arsenal represivo del Estado y la justicia para criminalizar la protesta social.

La detención de los jóvenes que hoy se sentarán en el banquillo de los acusados, así como las medidas represivas que les impusieron, es parte de esa ofensiva represiva. Martínez, uno de los acusados, ha recalcado que tras las detenciones estuvieron 36 horas en aislamiento. Del mismo modo, en torno a una decena de los acusados tuvieron que hacer frente a una multa subsidiaria y solidaria de unos 10.000 euros, que les devolverán si finalmente la sentencia es absolutoria.

Martínez también ha rememorado la incertidumbre y el malestar en el que ha vivido estos seis años: “Tener que explicar a tu gente cercana que esto podía pasar y que quizá en unos meses estás en la cárcel es muy duro”. También se ha pronunciado respecto al proceso de instrucción alegando que “si la justicia es lenta, no es justicia; y si la injusticia es lenta, es aún mayor la injusticia”.

Una de las medidas impuestas durante el período de instrucción a las personas acusadas a las que se les solicitan seis años de prisión fue una orden de alejamiento al Congreso de los Diputados.

“No han vuelto a poder manifestarse libremente”, ha apuntado el abogado. En efecto, Martínez ha declarado que eso les hizo “no poder ir a la Plaza del Sol ni muchas otras zonas de Madrid centro”. Y ha aprovechado también la fecha de la rueda de prensa, que coincidía con el día Internacional por la Eliminación de la Violencia de Género, para recordar a todas las víctimas de violencia machista

Ante este nuevo caso de persecución a la juventud y criminalización de la protesta social, cuando se está negociando la formación de un posible gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, resulta aún más escandaloso el acuerdo firmado por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que n cotiene referencia alguna a la derogación de la ley mordaza. Otro indicador -por si hacía falta- de que, de formarse, el próximo gobierno no será “progresista” ni “reformista” sino un gobierno neoliberal con cobertura progre… y que deberá tener a la juventud enfrente, luchando en las calles por las libertades democráticas elementales como el derecho a la manifestación.






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