Política Estado Español

RECORTES MUNICIPALES

Los ayuntamientos seguirán intervenidos a pesar del superávit

Las nuevas previsiones económicas del Gobierno apuntan al recorte de gasto público de los ayuntamientos. Las ”candidaturas del cambio” no vienen siendo una alternativa que presente batalla.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Viernes 22 de abril de 2016

Foto: EFE

El gobierno en funciones del PP ha iniciado ya negociaciones con Bruselas para que sea aceptado un volumen mayor de déficit para este año. El objetivo es situarse por debajo del 3% a partir de 2017, quedándose en un 3,6% para 2016 y el crecimiento económico esperado. Unas cifras que penden de que se confirmen las previsiones de crecimiento que se acaban de corregir a la baja. Sin embargo, estos acuerdos no saldrán gratis, ya que vienen acompañados de exigencias más duras para la clase trabajadora, a través de reformas estructurales que den dar otra vuelta de tuerca a las condiciones económicas, laborales y sociales.

Tras reunirse Cristobal Montoro, Ministro de Hacienda en funciones, con las CCAA para presentar un “Programa de Estabilidad” que se ajuste a las exigencias de Bruselas, llegó el turno de los ayuntamientos. La reunión celebrada el pasado lunes entre Cristóbal Montoro y Abel Caballero, presidente de la Federación Española de Municipios y alcalde de Vigo, fue la antesala de la que mantendrá con los municipios en la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) la próxima semana. Montoro mantuvo en ambas citas un tono amenazante, plagado de recortes y dureza económica.

Todo ello, a pesar de que las corporaciones locales han mantenido a ultranza, la mayoría de ellas, una austeridad fiscal considerable que les ha llevado a lograr en muchos casos superávits presupuestarios, de unos 5.000 millones de euros. Aportando, además, solvencia en los últimos cuatro ejercicios, todos ellos en números negros.

Caballero por su parte, solicitó flexibilizar la denominada “regla de gasto” por la que se establece que ninguna administración pueda gastar más allá del crecimiento de la economía española a medio plazo (tasa de crecimiento de PIB a medio plazo). Este es un indicador que se revisa anualmente por el Ministerio de Economía y que actualmente aparece fijado en el 1,8%.

Otra propuesta de la Federación de Municipios fue la posibilidad de modificar la norma que fija el “techo de gasto” - el límite que marca Hacienda para los presupuestos municipales- que se fija en función de lo presupuestado el ejercicio anterior, sin tener en cuenta las necesidades futuras.

Ambas fueron rechazadas por Hacienda y como salida, sin mucho recorrido parece, se propuso la elaboración de un dictamen sobre la “capacidad que puedan tener las corporaciones locales para modificar la regla de gasto dentro de lo que permite la “gobernanza europea”, es decir, la ley de Estabilidad Presupuestaria que se aplica en el Estado español”.

Los municipios aseguran que el actual sistema les lleva a perder unos 5.000 millones, que se dejan de invertir en su mayoría en políticas sociales, ya que la mayoría, al cumplir la “regla del gasto” quedan inhabilitados para utilizar su propio superávit.

Otros recortes contundentes que también afectarán al ámbito local proceden de la aplicación de la Ley de Redimensionamiento y Sostenibilidad de la Administración Local. Esta norma podría llevar al cierre masivo de guarderías, centros de mayores o ambulatorios, al pasar obligatoriamente las competencias sobre esta materia a manos de las CCAA, muchas de ellas en déficit y sin recursos para asumirlas. En ese caso, las podría recuperar el Estado y detraer los recursos presupuestarios de los fondos de la autonomía que irían para ese cometido, pero también podrían ser externalizados a empresas privadas. En todo caso la calidad y las condiciones de estos servicios podrían quedar bajo mínimos ante la falta de recursos.

Pese a toda la “sangría” prevista en gasto público, los “ayuntamientos del cambio” que asumieron con la promesa de acabar con las políticas austericidas, no vienen posicionándose frontalmente como una alternativa a la reducción de gastos y las políticas de austeridad.

El Ayuntamiento de Ahora Madrid, gobernado por Manuela Carmena, se ha limitado a utilizar lo que se denomina “inversiones financieramente sostenibles”. Esta es una alternativa negociada y tolerada por Hacienda, pero claramente insuficiente para atender a la emergencia social, ya que apenas alcanza los 266 millones para este año. Son proyectos a los que se puede destinar parte del superávit pero con una serie de condiciones.

Mientras y por sujetarse a las exigencias presupuestarias, el Ayuntamiento de Manuela Carmena -con un superávit de unos 1.000 millones para este año- dice que no tiene recursos para ofrecer techo a las personas que serán desalojadas de las viviendas municipales vendidas de forma ilegal a fondos buitre, o que, por otra parte, es insostenible la remunicipalización de los servicios municipales, como el de recogida de basuras, por ejemplo.

Por su parte, en Barcelona, con Ada Colau al frente del Ayuntamiento, se ha optado por saltarse la regla para poder gastar el excedente presupuestario y no tener superávit este año. Eso les permitirá disponer de 100 millones para inversiones o gastos sociales.

Sin embargo, diferentes sectores de trabajadores vienen denunciando que desde BeC siguen la misma política de privatización de los servicios públicos. Un ejemplo de ello es la reunión entre Colau, a los dos meses de llegar al Ayuntamiento, y el entonces President de Catalunya Artur Mas, en la que acordaron impulsar la unión de los tranvías según el mismo modelo de externalización vigente en los tramos ya construidos durante los anteriores gobiernos municipales.

La solución no es la resignación ni la aceptación pasiva de la imposición de estas políticas económicas presentadas por el Gobierno central como contraprestación como un fatalismo inevitable. Es necesario empezar a implementar un programa anticapitalista en favor de la clase trabajadora y los sectores más desprotegidos impulsado desde la movilización, que luche por el no pago de la deuda para poder desarrollar un auténtico programa de emergencia social municipal. Así como extender toda la lucha hacia la defensa decidida del programa de remunicipalización y equiparación de los derechos de los trabajadores con los empleados públicos. Por la prohibición de los desahucios y la facilitación para todos los casos necesarios de viviendas sociales. Solo así se podrá comenzar a revertir los retrocesos que nos imponen y para que la crisis la paguen los capitalistas.






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