Economía

UN NUEVO SALVATAJE A LOS CAPITALISTAS

Plan de inversiones del Gobierno: 150.000 millones para garantizar los grandes negocios de las empresas multinacionales

El Gobierno de coalición PSOE - Unidas Podemos plantea realizar una inversión pública que alcanzará los 150.000 millones entre 2021-2022, que se sufragará en su mayor parte con los fondos de reconstrucción de la UE destinados a combatir los efectos post Covid-19. Sin embargo, esos fondos -que combinan préstamos y ayudas directas-, no están exentos de condicionalidad y aventuran para los próximos años fuertes recortes en gastos sociales y contrarreformas estructurales. Una vez pasada la resaca del “gran gasto”, destinado a salvar sobre todo los negocios de las grandes multinacionales y las grandes fortunas, lo que viene es un nuevo ataque a los trabajadores y las clases populares.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Martes 16 de junio | 17:26

Este plan se financiará a través del voluminoso fondo de reconstrucción europeo, que alcanzará los 750.000 millones de euros a gastar en dos años, según lo previsto en total para el conjunto de los estados de la UE, con una distribución de 500.000 millones en subsidios y 250.000 millones en préstamos. De estos, al Estado español le corresponderían 140.000 millones, repartidos entre 77.324 millones en ayudas directas y 63.122 millones en créditos

El plan de inversiones para la reconstrucción previsto por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, que se enviará a Bruselas para acogerse al fondo europeo de recuperación, supone un volumen de gasto del 12% del PIB de 2019: 150.000 millones. De ellos, el 51% del gasto no tendrá repercusión directa sobre la deuda por tratarse de subsidios directos. Pero al menos un 45%, 63.122 millones que se recibirán en forma de préstamos, sí engordarán el nivel de deuda al que habrá que hace frente a partir del año 2022. El Banco de España, de hecho, preveía en un informe reciente la necesidad de realizar recortes en gasto público por el endeudamiento desaforado del Estado español por la crisis del Covid-19. Recortes que cifraba en al menos 6.000 millones de euros anuales durante diez años, alcanzando un recorte total de 60.000 millones de euros, mucho más de lo que recortaron Zapatero y Rajoy durante la crisis financiera de 2008. Pero estos cálculos del Banco de España fueron anteriores a la previsión de las inversiones a implementar ahora por 150.000 millones, por lo que los nuevos planes supondrán más exigencias de recortes presupuestarios y reformas estructurales aún más profundas.

La inversión prevista con este plan alcanzará nada menos que el 6% anual. En realidad, será algo más si tenemos en cuenta la caída del PIB prevista para 2020 que dependiendo de los escenarios puede ir del 9%, según el escenario más optimista, al 15,1%, el más pesimista, ambos diagnosticados por el Banco de España. Por lo que es fácil que el volumen de gasto de este plan de reconstrucción sobre el PIB sería aún mayor. Y, por lo tanto, una factura más elevada a liquidar con los acreedores.

La enorme deuda antesala de futuros recortes en los gastos sociales

Lo primero que tenemos que observar en cuanto a las consecuencias de esta enorme inyección de dinero de la UE es que implicará cuanto menos, dependiendo de la condicionalidad de lo que pueden suponer los subsidios, un incremento de la deuda pública de 63.122 millones de euros que se materializarán vía préstamos. A este importe habría que añadirle los 10.000 millones que habrá que financiar por fuera de estos fondos europeos, dado que el fondo previsto por el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos excederá en ese importe el total que recibirá el Estado español; en consecuencia, supone incrementar la deuda pública en 73.122 millones de euros de golpe. O lo que es lo mismo solo la inversión prevista sobre la base de las ayudas en forma de préstamos de Bruselas implicarán alrededor de un 7% de PIB de 2020.

Hay que considerar, además, las consecuencias relativas a los subsidios directos por importe de 77.324 millones de euros, la otra parte que compone el fondo de los 140.000 millones de rescate europeo. Es seguro que no supondrá devolución de deuda, pero sí algo mucho peor, como son las famosas exigencias de reformas estructurales. Tales como recortes en las pensiones, en servicios sociales, en derechos laborales. Algo que va de suyo, dado que los acreedores pretenderán con toda seguridad que se eleve a toda costa el superávit primario, es decir, el dinero excedente antes del pago de la deuda. Y eso solo se podrá lograr con recortes y crecimiento económico, este último sobre la base de lo que hace competitivos a sectores esenciales de la economía española como el turismo, la construcción o la propia industria, con bajos salarios y precariedad generalizada.

A todo esto, hay que añadir el enorme gasto que el Estado español ha utilizado ya para hacer frente a la crisis generada por la pandemia sanitaria del Covid-19 y que ya a principios del mes de mayo se cifraba en 35.000 millones de euros. Fundamentalmente gastos destinados al salvataje de los empresarios en forma de los ERTE, moratorias y suspensiones en pago de impuestos y seguridad social. A lo que habría que agregar el monto de los 100.000 millones de créditos avalados por el Estado a las empresas en un 80% para las pymes y un 70% para las grandes empresas. Lo que implica que si no pagan lo cubrirá el Estado con lo que las empresas no correrán riesgos con esos créditos y que los bancos tienen el gran negocio asegurado.

También hay que tener en cuenta, la muy elevada deuda de partida por la que la UE ya había reprendido al Estado español antes de la crisis sanitaria generada por la pandemia por incumplir las reglas fiscales europeas. Bruselas había concluido en un informe que en 2019 que la deuda española se “desvió de forma significativa” de la senda marcada a medio plazo por la UE para su deuda pública. El Estado español cerró el año pasado al final con un déficit público del 2,8% frente al 2% que se había comprometido con Bruselas. Y una deuda del 95,5%.

Los cálculos a partir de toda la situación agravada ahora por la crisis del Covid-19 implican unas previsiones de deuda que podrían alcanzar el 120% y un déficit que podría llegar al 14%. Son niveles de deuda y de déficit muy superiores a los alcanzados con la crisis financiera de 2008 y todos conocemos las consecuencias en recortes sociales. Y todo con una enorme reducción de los ingresos fiscales del Estado consecuencia de la crisis que el propio Gobierno ubicaba en una pérdida de 25.700 millones, una caída solo del 5%, el 50% de la caída económica prevista en lo mínimo. Si bien todos los analistas aumentan considerablemente esta cifra.

Fondos para las grandes empresas multinacionales y recortar derechos laborales

En realidad, estos 150.000 millones de inversión, que se pretende alcancen los 500.000 millones de euros gracias a la participación del capital privado, van a ir dirigidos fundamentalmente a asegurar los negocios de las grandes empresas de los sectores más afectados por la pandemia y a facilitar un enorme ataque sobre los derechos laborales de los trabajadores.

Así, el borrador del proyecto de inversiones elaborado por la ministra Nadia Calviño plantea que resulta: “necesario poner en marcha cuanto antes un Plan de Inversiones y Reformas que gire en torno a un conjunto de proyectos tractores con gran capacidad de transformación y modernización de nuestra economía y sociedad”. Esto implica que serán las grandes empresas las locomotoras que desarrollen el impulso inversor generado por la inversión pública, por ser éstas las únicas con capacidad para asumir la dirección del volumen de esas inversiones que se van a acometer. Desde ahí los fondos irán deslizándose a modo de red hacía toda la estructura productiva que depende de la actividad precisamente de esas grandes empresas.

Las medidas concretas que se identifican en el borrador suponen una enorme precarización laboral de la que se van a beneficiar enormemente las grandes empresas y el conjunto de los empresarios a costa de los trabajadores. Se describen como medidas a adoptar: “La extensión del apoyo público a los ERTE, el impulso del ajuste de empleo en horas y no trabajadores, la distribución irregular de jornada a lo largo del año y la adopción de un plan urgente de formación, reinserción y reorientación profesional para los trabajadores de los sectores que no recuperen totalmente la actividad”. A esto hay que unirle la ayuda a sectores empresariales con apoyos económicos muy cuantiosos como es el caso del sector del automóvil al que ya se le ha asegurado nada menos que 3.750 millones de euros, más que todos los costes de un año del Ingreso Mínimo Vital. Y a la espera de que se definan las ayudas al sector turístico y al aeronáutico, entre otros, que ya la están exigiendo, y aunque no han sido cuantificadas, por su volumen de negocio, alcanzarán seguramente cifras similares.

El proyecto, además, introduce otros elementos de claras agresiones a los derechos de los trabajadores. Incluyendo la amenaza de un Estatuto de los Trabajadores para el siglo XXI, eso sabemos por experiencia que implica retrotraernos al siglo XIX más bien en derechos. Y también se incluye la intención de una reforma de las pensiones, eso sí, dentro del Pacto de Toledo y sin concretar más. Pero ya sabemos lo que significa, nuevos recortes en las pensiones.

Los empresarios, por su parte, han iniciado la ofensiva expresada en unos encuentros organizadas por la CEOE, el pasado lunes, encabezados por todas las grandes empresas de todos los sectores económicos para dejar claras sus exigencias al Gobierno, en el ámbito de la reforma laboral (para mantenerla y profundizarla), facilitar incentivos a la inversión y aprobar estímulos fiscales para las empresas porque “las empresas son las que tienen que liderar el futuro y poner en marcha la reconstrucción económica y social del país”, señaló Antonio Garamendi, presidente de la CEOE al inicio de la primera jornada de los encuentros.

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Además de solicitar la ampliación de los ERTE hasta el mes de diciembre nada menos. Algo en lo que han coincidido los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT cuyas cúpulas han solicitado casualmente la misma petición que las grandes empresas sobre el mantenimiento de los ERTE al Gobierno de Pedro Sánchez, y que deja bien clara la degeneración burocrática de los sindicatos de CCOO y UGT, incapaces de plantear ninguna lucha seria. Ni siquiera la derogación de las reformas laborales de Rajoy y Zapatero que la van dejando a las calendas griegas, firmando lo que haga falta con la patronal sin exigir nada a cambio.

Ante esta situación, se hace imprescindible impulsar la movilización independiente y unitaria de la clase trabajadora en la calle, para levantar un programa de emergencia social de carácter anticapitalista y de clase que desborde a la burocracia sindical para que se modifique la relación de fuerzas de cara a lograr que la crisis la paguen los capitalistas.






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