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TRIBUNA ABIERTA

Reflexiones urbanas y sociales de la desescalada

Las ciudades y núcleos urbanos, no solo no están pensados para una pandemia, sino que tampoco fueron planificados para garantizar las necesidades básicas de sus pobladores, sino de las del sistema capitalista.

Jueves 30 de abril | 13:37

Desde hace dos semanas, el Gobierno de España marcó el comienzo de la desescalada del confinamiento, de una forma asimétrica y por sectores poblacionales y empresariales. El domingo 26 de abril, tras seis semanas de confinamiento, las personas menores de 14 años (casi 6 millones), empezaron a poder salir a la calle 1 hora en un radio de 1 kilómetro desde su domicilio.

Como era de esperar en la gestión de la crisis sanitaria de este gobierno, esta medida ha traído polémica por la falta de adecuación a la evidencia científica, que recomendaba prudencia; por la propuesta inicial que sólo permitía acompañar a un adulto en sus desplazamientos ocasionales, lo que suponía un mayor riesgo al tratarse de zonas de gran afluencia como supermercados; o por la necesidad de dos publicaciones en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para definir las medidas y condiciones anunciadas públicamente. Pero las propias medidas también han sido criticadas y cuestionadas por la falta de previsión y la excesiva burocratización de la pandemia, requiriendo que la ciudadanía esté continuamente ``enganchada´´ al BOE o a los medios de comunicación para poder comportarse de acuerdo a la Ley.

La culpabilización de la población

El domingo, como suele ser habitual desde el comienzo del estado de alarma, las críticas dejaron de señalar al gobierno para dirigirse hacia la población. A pesar de que la gran mayoría de padres y madres actuaron con responsabilidad y pasearon con sus hijos e hijas respetando las medidas sanitarias de higiene y distanciamiento social, es natural que haya casos puntuales de personas que no cumplan esas normas. Pero no por ello se puede generalizar esos comportamientos como el proceder de toda la sociedad.

Las redes sociales y los medios de comunicación se hicieron eco rápidamente de los casos de incumplimiento, destacándolos por encima de la normalidad, cayendo en la crítica vacía, sin apostar por la pedagogía, recreándose en el sensacionalismo y la criminalización, demandando más control y sanciones, pero sobre todo sin hacer un análisis profundo de los casos de incumplimiento.

En las imágenes difundidas por redes sociales y medios de comunicación se vieron algunos casos puntuales de familias hablando entre sí o sentadas sin respetar las distancias recomendada, niños y niñas jugando a la pelota en zonas verdes, paseos y plazas con gran tránsito de personas... Incluso, en un afán de alimentar la polémica, y contribuyendo a generar ese sentimiento de rabia colectiva, se emplearon fotografías en diferentes medios, realizadas con teleobjetivos y gran distancia focal, de forma que se comprimían las distancias entre objetos y personas, generando la sensación de abarrotamiento de paseos y calles.

¿Cómo son nuestras ciudades?

Si nos fijamos más detenidamente en esas imágenes, vemos que se localizan en paseos marítimos, parques, plazas, paseos peatonales, … lo que debería hacernos reflexionar y plantearnos una serie de preguntas sobre la desescalada, las medidas adoptadas y nuestros entornos urbanos.

¿Qué espacios son los elegidos por las personas para pasear junto a sus hijos e hijas tras 42 días de confinamiento infantil? ¿Cuál es el horario elegido para dar esos paseos? ¿Cuál es la densidad de población de nuestras ciudades y de nuestros barrios? ¿Cuántos metros cuadrados de zonas verdes tiene nuestra ciudad o pueblo por cada habitante? ¿Cuántas zonas verdes, parques y jardines infantiles han sido cerrados con el estado de alarma? ¿Qué espacio públicos quedan abiertos actualmente para el paseo? ¿A qué distancia está la zona verde y peatonal más próxima a nuestra vivienda? ¿Cuántas se encuentran a una distancia menor a 1 kilómetro? ¿Cuánto tiempo necesitamos para llegar a ellas? ¿Qué superficie tiene? ¿Qué distribución y morfología tienen las zonas verdes urbanas? ¿Qué porcentaje de superficie peatonal respecto del total del espacio público tiene nuestra ciudad y nuestro barrio?

¿Qué ocurriría si todas las personas que tienen una zona verde a menos de 1 km fueran a pasear a ella a la misma hora? ¿Y si fuera la mitad o un cuarto de esa cantidad? ¿Cuántas personas cabrían en esa zona para asegurar el cumplimiento de las medidas de distancia social? ¿Cuántos metros cuadrados de superficie peatonal corresponderían a cada persona? ¿Sería posible caminar con fluidez? ¿Qué anchura tienen las calles de nuestro barrio? ¿Cuántas permiten el distanciamiento interpersonal de 1,5-2 metros?

Todas estas preguntas y muchas otras responden a la información que analizan los llamados ``indicadores urbanos´´, instrumentos de medida para la observación, el análisis y la comparación en los procesos de planeamiento urbanístico y arquitectónico, y sirven de ayuda para la toma de decisiones.

Uno de los indicadores más conocidos y estudiados es la densidad de población, que equivale a la división entre el número de habitantes y la superficie a considerar (barrio, pueblo, ciudad, área metropolitana, …). En determinados barrios y ciudades la densidad es tan elevada que las zonas verdes y peatonales disponibles no tienen superficie suficiente para albergar a tal cantidad de gente, incluso aunque salieran en horarios escalonados.

Ciudades planificadas de espaldas a sus habitantes y necesidades

Vemos cómo al plantearnos todas estas preguntas la generalización de las críticas hacia la población y los comportamientos incívicos se diluyen, y en gran parte vuelven a dirigirse hacia el origen de muchos de los problemas observados las últimas semanas: las ciudades y núcleos urbanos, que no solo no están pensados para una pandemia, sino que tampoco fueron planificados desde una perspectiva de escala humana, de habitabilidad y garantizar las necesidades básicas.

Nuestras ciudades se han planificado atendiendo a intereses económicos, especuladores, políticos, de control social incluso. El urbanismo que se ha aplicado durante demasiado tiempo se ha ido desarrollado en base a las necesidades e intereses del modelo capitalista, al que no le interesaba más que la privatización del espacio público y la generación de tramas urbanas que favorecieran su funcionamiento.

Tras la viralización mediática de esos casos puntuales de masificación, representantes políticos y ministros no han tardado en hacer declaraciones avisando que tras el primer día de información y llamadas de atención, las sanciones volverían a aplicarse ante cualquier incumplimiento de las medidas, advirtiendo de que si los próximos días se viera que la situación en zonas concretas ``no es la conveniente´´ se consideraría ``la posibilidad de cerrar parques y jardines de la ciudad´´ tal y como declaró la vicealcaldesa de Valencia por ejemplo, avisando incluso de que ``lo que no funcione se dará marcha atrás´´.

Pero, ¿qué quiere decir que la medida no funcione? ¿Se puede generalizar por casos concretos? ¿El incumplimiento de la norma es mayor o menor que el de las millones de personas que acuden a trabajar cada día en actividades no esenciales?

La responsabilidad no es únicamente individual, sino que es compartida con los representantes políticos, funcionarios, urbanistas y empresas privadas, que conforman nuestro territorio y nuestros núcleos urbanos a sabiendas, o que simplemente se dejaron llevar por la inercia de unos modelos urbanísticos que responden a un modelo socioeconómico concreto, el capitalista.

Estamos cosechando décadas de falta de apuesta real por la educación, la pedagogía, y por ciudades inclusivas, sostenibles y habitables.

Una sociedad “ordenada” bajo la Ley Mordaza

El querer regular y controlarlo todo nos lleva a situaciones disparatadas, pero también nos acerca a sociedades autoritarias, que parecen evocar novelas distópicas, en las que agentes de autoridad sancionan y encarcelan a las personas que incumplen las leyes de distanciamiento social.

Si la mayoría de la población actúa con responsabilidad y a pesar de ello no se puede garantizar el cumplimiento de las medidas es que nuestro entorno más cercano y nuestro entorno sencillamente no está preparado para una situación como esta.

Las sanciones que se han aplicado desde el comienzo del estado de alarma, se suscriben en el marco de la Ley de Seguridad Ciudadana (la conocida como Ley Mordaza), ya que las diferentes medidas, órdenes ministeriales y reales decretos del estado de alarma, no concretizan normas en muchas ocasiones sino medidas y recomendaciones, y en ningún caso se establece una correspondencia entre incumplimientos y sanciones determinadas. La cifra de propuestas de sanción supera las 741.000, lo que supone casi una cifra similar a las impuestas durante los primeros cuatro años de vida de la polémica Ley Mordaza que tanto cuestionaban tanto PSOE como Unidas Podemos.

Estas propuestas de sanción llevadas a cabo durante el estado de alarma corresponden a desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, necesitando que se produzca un requerimiento expreso e individualizado por parte del agente de la autoridad y que no resulte atendido. Es decir, que ningún incumplimiento de las normas hasta ahora recogidas puede calificarse automáticamente como infracción y ser sancionado si no hay petición expresa y desobediencia.

Tal y como indica Amnistía Internacional, que lleva años denunciando la ``arbitraria aplicación de la Ley Mordaza”, esta norma otorga mucho poder a los agentes y no hay ningún mecanismo de control y rendición de cuentas, además de que la declaración de las fuerzas del orden tiene consideración de veracidad y vale más que la versión de la persona sancionada.

¿Somos conscientes de que millones de personas no van a tener otra opción de pasear que no caiga en un incumplimiento de la norma? ¿Somos conscientes de que es ética y jurídicamente cuestionable sancionar a una persona por incumplir una medida que no depende de ella misma?

¿Cómo se puede legislar comportamientos humanos cuando dependen del contexto en el que vivimos o incluso de otras personas? ¿Cómo se va a controlar que se respeta la distancia interpersonal de 1,5-2 metros? ¿Por qué se ha decidido que la distancia sea de 1,5-2 metros cuando hay estudios que hablan de que un simple estornudo puede generar aerosoles que se dispersan hasta 8 metros y pueden permanecer en suspensión durante 10 minutos, o que en casos de personas haciendo deporte la distancia recomendada debería ser de 4 a 10 metros? Sencillamente porque no se puede asegurar que se dan esas condiciones de distanciamiento social en nuestros entornos urbanos, por lo que las medidas adoptadas aunque minimizan el riesgo no impiden la dispersión real del virus. Entonces, si su cumplimiento no garantiza la seguridad de las personas, ¿por qué su incumplimiento debe ser sancionado?

¿Por qué estamos aceptando que se apueste antes por la prohibición, por el control social y la sanción, antes que por la pedagogía, por la transparencia y por la auto-responsabilidad social? ¿Es la regulación y la burocracia legislativa la mejor solución o la más ética para luchar contra la dispersión de un virus? ¿Qué otras opciones hay? ¿Se está abordando ese debate de forma democrática incluyendo a todos los agentes implicados, tanto sociales, científicos, técnicos como políticos?

El mundo está cambiando de forma drástica como consecuencia de esta crisis sanitaria y económica global, pero el rumbo que tome la sociedad no está predefinido. Es tarea de todas y todos reclamar una participación activa en la conformación de ese futuro, involucrarnos en la transformación de la sociedad, de nuestras ciudades y pueblos, de nuestra economía y nuestra relación con el resto de personas. Sólo así podremos evitar que el autoritarismo, el control social y la pérdida de derechos y libertades se impongan y normalicen.

``El futuro no es lo que va a pasar sino lo que vamos a hacer.´´ - Jorge Luis Borges






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