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SEGUNDA DECLARACION DE LA CRT

Un plan de urgencia obrero y popular frente al colapso sanitario y miles de despidos: “Nuestras vidas valen más que sus beneficios”

Frente un “Estado de alarma” basado en el respeto de los beneficios empresariales y el refuerzo represivo del Estado, totalmente incapaz de dar una salida a la actual crisis en favor de la clase trabajadora y los sectores populares, luchemos por un plan de emergencia que toque las ganancias capitalistas y ponga a la clase obrera en el centro de la solución.

CRT Estado Español

Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras | @CRTorg

Martes 17 de marzo

Trabajadores paran la fábrica de Mercedes de Vitoria paran la planta ante el riesgo de coronavirus.

El Estado español se ha convertido en el segundo país del mundo con más nuevos casos de afectados diarios de coronavirus. El gobierno de coalición PSOE-Podemos ha decretado un “Estado de alarma”, desplegando policía y ejército en las calles, pero no hay medidas coherentes para contener el coronavirus ni se brinda información clara, mientras millones de personas son obligadas a ir a trabajar en metros y trenes atestados. El Estado capitalista da una respuesta basada en un refuerzo del autoritarismo, el respeto a las ganancias de los capitalistas y la consideración de la población, y en particular la clase obrera, como un objeto pasivo y atemorizado. Una situación ante la que la clase trabajadora comienza a rebelarse parando las fábricas, como hicieron los 5000 trabajadores de la Mercedes en Vitoria-Gasteiz y otras grandes empresas. A su vez, muchos trabajadores no saben cómo llegarán a fin de mes, porque han comenzado los despidos y las suspensiones masivas, y se extiende la idea de que “esta crisis no la queremos volver a a pagar como la de 2008”. Hace falta un plan de emergencia para que esta crisis no la sigamos pagando los de siempre. Un plan que toque las ganancias de los capitalistas y ponga a la clase trabajadora en el centro de la solución, y no paralizada y a la espera como nos quiere el gobierno y los empresarios.

Después de un fin de semana de confinamiento obligatorio y enorme paranoia social, con el despliegue del ejército y la policía en las calles (y hasta drones sobrevolando parques) bajo el mando centralizado del ministro del interior Marlaska, este lunes se ha demostrado que la cuarentena no aplica para millones de trabajadores y trabajadoras, a los que las patronales hacen ir a trabajar con el riesgo de contagiarse y contagiar a sus familias. Es que, para los empresarios, sus ganancias valen más que nuestra salud, y el gobierno defiende sus intereses, no los nuestros.

En los lugares de trabajo, además, las patronales no cumplen ni con las más elementales medidas de seguridad e higiene para las trabajadoras y trabajadores: “no nos han dado mascarillas”, “no tenemos alcohol en gel”, “no se respeta la distancia entre trabajador y trabajador”, “la empresa no nos ha entregado guantes ni batas”, son algunas de las miles de denuncias que estallan en grupos en las redes sociales de todo el Estado. Esta misma situación se vive en las grandes fábricas, en el correo, oficinas, buses, trenes y metro, en call centers, y muchos centros de trabajo más.

Frente a esta escandalosa situación, y la pasividad de las direcciones sindicales mayoritarias, este lunes, decenas de miles de trabajadores y trabajadoras, indignadas, comenzaron a tomar la situación en sus propias manos, paralizando grandes empresas como Mercedes, Airbus, Renault o IVECO, mostrando un ejemplo de cómo resguardar la salud de todo el pueblo trabajador, enfrentando la sed de ganancias y el despotismo de las patronales mediante la organización de los propios trabajadores y sus métodos de lucha.

Botones de muestra de que la clase trabajadora es capaz de imponer medidas elementales como estas que ni el Estado ni los empresarios están dispuestos a implementar para preservar los grandes negocios, en este caso, de las patronales del automóvil o la aeronáutica.

El plan del gobierno no contempla un verdadero plan de choque contra el contagio, porque el transporte público y los lugares de trabajo este lunes se han convertido en nuevos focos de propagación. Tampoco incluye una masiva inyección de financiamiento para la sanidad pública (no se han roto los marcos austeritarios de la UE y el artículo 135), y más allá de los anuncios, tampoco se han confiscado todos los recursos de la sanidad privada, sin indemnización alguna, para ponerlos al servicio de las necesidades sociales.

Al mismo tiempo, el cierre de negocios y empresas, los ERTEs masivos, los despidos y la situación de muchos trabajadores y trabajadoras precarias que se quedan sin poder cobrar su salario íntegro, ya está planteando una crisis social de enorme magnitud, que los capitalistas están descargando sobre la clase trabajadora y el pueblo pobre. Una situación que amenaza ya con prolongarse mucho más allá de lo que dure la crisis sanitaria, con un panorama recesivo a nivel mundial.

A esto se suma, además, el despliegue de la policía y el ejército en las calles, una medida justificada por el gobierno para mantener el orden y establecer una “distancia social” que evite un contagio más rápido. Sin embargo, al mismo tiempo que consideramos que se deben tomar medidas de prevención, advertimos que el accionar de estas fuerzas represivas -ahora bajo el mando único del ministro del interior Marlaska, conocido por su aval a torturas policiales y por justificar la represión al pueblo catalán- así como todo fortalecimiento del aparato represivo del Estado, se volverá contra los trabajadores y los movimientos sociales en caso de querer ejercer el derecho de reunión y manifestación o en futuras protestas contra los efectos sociales de esta crisis.

Por eso, en primer lugar, es necesario reafirmar el derecho de reunión para todas las organizaciones sindicales y sociales que lo consideren necesario, decidiendo las propias organizaciones cómo implementar y exigir medidas de seguridad sanitarias. Es una hipocresía sostener que no hay más alternativa que otorgar “plenos poderes” a la policía y el ejército para detener y multar a las personas en la vía pública, con la excusa de respetar la cuarentena, cuando al mismo tiempo a millones de personas se las obliga a ir a trabajar y exponerse al contagio. Las sedes de los sindicatos deben tener derecho a seguir funcionando si así lo consideran, como lo hacen las entidades bancarias, y que los mismos trabajadores organicen las medidas sanitarias pertinentes para hacerlo de una manera segura.

También es necesario que la información pública de la evolución de la crisis sea elaborada por comités independientes del gobierno, formados por expertos, sindicatos sanitarios y asociaciones de defensa de la sanidad pública, para que la mayoría social conozca la verdad sobre la pandemia.

El “estado de alarma” de este gobierno no incluye un plan de emergencia verdaderamente favorable a los trabajadores frente a la crisis económica y social que ya está en marcha. Por ello cada vez más sectores, como las organizaciones sociales y algunos sindicatos de la izquierda sindical que este lunes han exigido en redes sociales un “Plan de choque social”, comienzan a plantear medidas como la suspensión del pago de alquileres, de las hipotecas y de los servicios básicos (agua, luz, gas), ningún despido, intervenir la sanidad privada sin compensación económica, el fin de los desahucios, y medidas de protección para las trabajadoras y trabajadores más precarios. También se han constituido plataformas de emergencia de colectivos de inmigrantes, medidas de asistencia social para todas las personas en situación vulnerable, suspensión de la Ley de extranjería, suspensión inmediata de las deportaciones y libertad para todas las personas internas en CIEs.

10 medidas de emergencia obrera y popular para enfrentar la pandemia

1) Inyección de presupuesto extraordinario a la sanidad pública. Confiscación de emergencia de todos los recursos privados que sean necesarios para brindar atención médica y test adecuados a la población. Contratación de todos los trabajadores sanitarios en paro y de los estudiantes de Medicina de último ciclo.

2) Intervención sin indemnización de todos los recursos y control obrero de la sanidad privada, laboratorios y empresas que producen medicamentos y elementos de cuidado y prevención para combatir la pandemia, o que puedan ser reconvertidas para tal fin.

3) Que todo el sistema sanitario pase a estar controlado por comités de trabajadores sanitarios y usuarios. Que las empresas que deban seguir funcionando para la atención de la crisis sanitaria y la producción de bienes y servicios esenciales -como el transporte, la energía, los supermercados u otros servicios- queden bajo control de comités de seguridad e higiene en fábricas y empresas, que puedan controlar turnos, medidas de seguridad y nuevas contrataciones. Plenos derechos laborales y sindicales.

4) Reducción de la jornada laboral con igual salario en los sectores esenciales para el abastecimiento y atención médica. Incorporación inmediata del personal necesario, mientras se proveen medios de seguridad sanitaria.

5) Prohibición de despidos y ERTEs con reducción salarial, consumo de vacaciones o del paro. Licencias pagadas a todos los trabajadores y trabajadoras de sectores no esenciales, financiadas por las patronales y mediante impuestos especiales a los beneficios empresariales y a las grandes fortunas.

6) Moratoria de alquileres de hipotecas y de suministros básicos. Suspensión de los desahucios. Suspensión del pago de la cuota de la seguridad social a las personas que cotizan como autónomas.

7) Suspensión de deportaciones, libertad inmediata a todas las personas internas en CIEs, suspensión de todos los efectos de la Ley de extranjería que puedan implicar sanciones para personas sin papeles. Cobertura de todas las necesidades básicas de las personas sin hogar, personas refugiadas o migrantes.

8) Basta de militarización de nuestras calles. Basta de detenciones arbitrarias. Abajo la ley mordaza.

9) Que la coordinación frente a la crisis no sirva de excusa para la anulación de competencias autonómicas.

10) Dejar de pagar la deuda e imponer impuestos progresivos y extraordinarios a las grandes fortunas para proteger al pueblo trabajador de la epidemia. Expropiación de las viviendas vacías en manos de los bancos y ruptura unilateral con todos los límites presupuestarios impuestos por los pactos de la UE.

Luchemos por un programa para que estas crisis la paguen los capitalistas y no el pueblo trabajador. Porque nuestras vidas valen más que sus beneficios.






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