BARCELONA

Vivir acampado antes que en un centro de menores

Grupos de menores extranjeros no acompañados escapan de centros y establecen campamentos en la ladera de Montjuic. La cara más descarnada del racismo institucional.

Marc Ferrer

Barcelona

Lunes 21 de enero | 21:22

A finales de este año salía salía a la luz una terrible realidad en el marco de las crisis de llegada de menores extranjeros no acompañados (los conocidos como MENAs). Un grupo de menores vivía en la montaña de Montjuic acampados en construcciones de extrema precariedad.

El campamento había sido montado por los propios adolescentes (entre ellos varios con edades de entre 12 y 14 años). Muchos de ellos se habían fugado del centro en el que los había ingresado la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (DEGAIA), otros habían sido expulsados por cumplir 18 años. Todo un retrato de las consecuencias de la violencia institucional que reciben estos menores que buscan un futuro mejor lejos de sus familias y su país.

La situación de estos menores pone en evidencia a los propios servicios sociales que se ven directamente implicados (en especial la cuestionada DEGAIA). Muchos de los menores eligen escaparse antes que continuar en uno de sus centro.

Pero, ¿por qué prefieren marchar y rechazar un lugar donde además de la comida, ropa y un lugar donde dormir, supuestamente, se debería ofrecer programas y recursos para poder acceder a un primer empleo o concluir sus estudios? Muchos de estos centros reúnen unas condiciones totalmente de penuria que no llegan ni siquiera a satisfacer necesidades existenciales o básicas, menos aún a que estos sean percibidos como un hogar.

La falta de presupuesto es una razón fundamental para explicar esta precariedad. Pero también el modelo público-privado. Fundaciones del tercer sector se reparten el pastel, pero también están entrando grandes multinacionales como Clece, de Florentino Pérez.

La búsqueda del lucro por medios más o menos legales, hace exprimir aún más los escasos recursos para maximizar beneficios. Una situación que pagan los trabajadores en forma de precariedad y los menores viendo sus derechos vulnerados de forma cada vez más sistemática.

El principal problema que denuncian los profesionales y los mismos menores es el de la superpoblación. En ocasiones puede llegar a haber 30 o 25 adolescentes en un piso, aglutinados en cuartos repletos de literas.

Esto en el mejor de los casos, ya que es muy frecuente sobrepasar los límites de plazas y encontrarse a menores durmiendo en el suelo con un colchón. Muchos educadores han denunciado que reciben presiones por parte de DEGAIA para que acepte nuevos jóvenes, aún sabiendo que no quedan más camas.

A esta superpoblación hay que añadir las pésimas condiciones en la que se encuentran muchos de los centros: infestación de cucarachas, puertas y vidrios rotos, paredes pintadas, agujeros, comida muchas veces de catering “low cost"; tal y como denunció recientemente la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) en unos pisos tutelados en Poble Nou.

Pero el problema de la superpoblación transciende la cuestión de las camas. Las ratios que se proponen como máximas –que, insistimos, son muchas veces incumplidas- no permiten una atención digna e individualizada. Cada menor arrastra una problemática individual que tiene que ser tratada, pero con semejantes números es imposible realizar procesos educativos para ayudar a adolescentes que muchas veces arrastran problemáticas graves como el consumo de drogas, haber sido víctima de trata o haber sido arrastrados a la comisión de diversos delitos.

Toda esta realidad material conlleva que la labor de educadores y otros profesionales no pueda llevarse adelante. La convivencia con los menores y entre éstos se complica y deriva en difíciles conflictos e incluso agresiones.

Una situación que lleva a que en cada vez más casos “las normas de una casa” se acaban convirtiendo en algo más parecido a las “las normas de una cárcel”: horarios demasiado estrictos, pedir permiso para cualquier cosa cotidiana, puertas con cerraduras, no acceso al propio móvil e incluso, la inclusión de personal de seguridad.

Lo educativo queda muchas veces en segundo o tercer plano gracias a la institución, que acaba imponiendo una filosofía de mera contención cada vez más lesiva con los derechos de estos adolescentes. Algo que, sumado a los salarios de miseria y las condiciones laborales de precariedad del sector, conduce a que muchos profesionales renuncien y se multipliquen las bajas por estrés o depresión.

En 2016, según datos de la Fiscalía General del Estado, había 4000 menores tutelados por el Estado. En 2017 solo Andalucía se había atendido a más de 4.000. En 2018 estas cifras se han duplicado y Catalunya ha sido una de las zonas que más MENAs ha recibido, por encima de los 2.000.

Este hecho está haciendo abrir más centros de acogida para menores. Las empresas y fundaciones amplían su “negocio”, pero a costa de que la situación se torne cada vez más insostenible para menores y educadores.

Esta situación de emergencia esta siendo aprovechada por la derecha como en Andalucía donde ya se ha firmados un pacto con Vox para un plan de choque para acelerar la devolución a sus países de los menores que migran solos. Una medida sumamente reaccionaria que se une a la campaña antimigratoria de dicho partido.

Estos jóvenes huyen de una pobreza y miseria generada por el Estado español y el resto de países europeos. Como muestra un botón: la explotación de los recursos pesqueros de las costas de Mauritania y Senegal ha sido directamente proporcional al declive de la actividad pesquera local y el aumento de la migración de las nuevas generaciones.

Cuando llegan aquí tras peligrosísimas travesías, se encuentran con una política de extranjería que muestra su rostro más descarnado en el trato que ofrece a los menores. Cuando llegan a los 18 acaban en la calle, sin papeles, como carne de cañón de la explotación laboral en el campo, la construcción o la hostelería. Y ahora se suman los discursos que hablan abiertamente de empezar a deportarlos como ya se hace con muchos mayores de edad.

Contra el imperialismo español, las racistas leyes de extranjería y las políticas para atender a los MENAs, es necesario pelear por un aumento drástico del presupuesto público, la apertura de centros totalmente públicos, con ratios de educadores/menores como los que exigen los profesionales, que estén controlados y gobernados democráticamente entre éstos y los propios menores, garantía de plazas para continuar los estudios a coste cero y bolsas de empleo controladas por los sindicatos y no las patronales.






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