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CONTRAPUNTO
Cuando los “rojos” fueron a desenterrar a sus muertos
Jose Lavín | Madrid

Después de la muerte de Franco, en silencio y de modo espontáneo, en diversos pueblos de Extremadura, la Rioja, y Navarra, muchos vecinos salieron esos días a desenterrar a “sus muertos”.

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Con la muerte del dictador y mientras los hombres de Estado del viejo aparato franquista comenzaban su metamorfosis, en el campo español algo sucedía. En silencio y de modo espontáneo, en diversos pueblos de Extremadura, la Rioja, y Navarra, muchos vecinos salieron esos días a desenterrar a “sus muertos”: vecinos, vecinas, familiares, amigos y compañeros, asesinados durante la Guerra Civil y enterrados “como animales” por ser “rojos”.

“Nos dijeron que no se podía excavar. Nosotros le dijimos que no íbamos a parar, que sólo había una forma de que parásemos, que es que hicieran con nosotros lo mismo que hicieron en el 39, pegarnos un tiro. Y, además, que una parte del trabajo ya lo teníamos hecho, porque las fosas ya las habíamos abierto”. Luis Valor

Viajemos al 12 de mayo de 1978, en la campiña verde de Casas de Don Pedro, Extremadura, bajo los olivares de la finca “las boticarias”. La familia Casatejada, con ayuda de varios vecinos, acude a la zona donde “todo el mundo sabe” que estaban enterrados los hermanos Julián y Alfonso, junto a otros vecinos del pueblo. Una mujer, Felisa Casatejada, hermana de los asesinados, y la carnicera del pueblo, es quien se encarga de organizar todo. Los hermanos de Felisa habían sido asesinados sin juicio una vez finalizada la guerra. En el año 1976, mientras Felisa estaba con su hijo “se quedó mirando fijamente el emplazamiento de la fosa y le dijo: “hijo, ahora que ha muerto Franco y las cosas están cambiando, ¿crees que sería posible sacar a tus tíos de allí y enterrarlos en el cementerio?”

Felisa, como muchas otras personas, había guardado en su memoria el recuerdo de sus hermanos durante cuarenta años, años de medro y borrachera para los vencedores, y de dictadura y luto para los vencidos. Felisa esperaba el momento adecuado para sacarlos de la fosa y darles una buena sepultura. Cuando los vecinos, sin avisar a ningún experto forense, acuden con sus palas al lugar, son pocos y no hay autoridades públicas. La ceremonia consiste en comenzar a cavar y los huesos son amontonados por tamaños en tres féretros de madera, sin identificar. No hace falta individualizar los restos, no es el ADN lo que importa, son ellos y ya está: familiares, parejas, compañeros de militancia, vecinos. En el último momento sacan varias banderas, una socialista y otra comunista. Sacan una foto y todos levantan el puño. Todos salvo Felisa y su hijo, amenazados por el Gobernador Civil si deciden hacer lo que han decidido hacer. Dos días después acaban enterrando a sus muertos en el cementerio.

Este caso no es aislado, las exhumaciones clandestinas estuvieron presentes durante toda la dictadura, pero será con la llegada de la Transición, que tendrá lugar una explosión de procesos de exhumación espontáneos, algunos clandestinos y otros bajo el permiso de las autoridades locales. En Badajoz se llegará a exhumar en el 23% de los municipios. Todos silenciosos. Todos bajo la mirada atenta, la amenaza y el cuchicheo de otros vecinos, adeptos al bando franquista. Muy pocos con el apoyo de los alcaldes.

Los sucesos de Casas de Don Pedro son relevantes porque fueron los primeros en aparecer en prensa, sin embargo, la dictadura estaba lejos de haber desaparecido, en la puerta de la casa de Felisa alguien escribió: “En casa de la carnicera se venden huesos rojos para el cocido”. Las tierras de la familia Casatejada fueron quemadas varias veces, también por el pueblo se repartieron octavillas difamando a Felisa.
Antes de exhumar, la familia Casatejada hizo una petición al Ministerio de Gobernación, que les daría permiso. Con el aumento del número de peticiones en otros pueblos, las trabas burocráticas serían cada vez mayores. En los escritos de Felisa al Gobernador Civil hay cautela, discreción, “disimule” y valentía. Dice que los cuerpos fueron enterrados sin dignidad, “como si se tratara de animales”. Remarca en diferentes ocasiones que el acto no pretende ofender ni reavivar ninguna enemistad política, sino que se trata de un acto para tratar de dar sepultura cristiana a unos familiares. Sin embargo, la familia Casatejada también demandó que los féretros portaran las banderas socialista y comunista, y que los ataúdes pasaran por la calle en la que se encontraba la “casa del pueblo”.

Estas dos últimas demandas serán rechazadas, y prohibidas explícitamente bajo amenaza: “no saquen ustedes banderas, no digan ningún viva fulano, ni viva beltrano, vivas no quieren ninguno, porque ustedes van a ir muy vigilados; aunque usted no vea a la Guardia Civil, la Guardia Civil la va a estar viendo a usted; y si dicen algún viva o llevan alguna bandera, conste que usted pagará, a usted la cogen y usted pagará”. [1]. La Transición de la que presumen algunos dista mucho de ser ejemplar: amnistía, amnesia y equidistancia.

Son varios los autores que hablan de la Guerra Civil no sólo como un conflicto entre el Estado Republicano y los militares fascistas, sino también como un proceso de exterminio de personas y agrupaciones de izquierda, proceso que continuó en la dictadura. Sin embargo ¿por qué un proceso de exterminio? ¿Qué sentido tiene?

Frente a la representación tradicional de la Guerra Civil como una guerra entre hermanos (visión presente en la Ley de Memoria Histórica del PSOE), la cual estaría fundada en cuestiones morales e inquinas irracionales, este proceso de extermino se explica, más bien, como la respuesta natural de la nobleza, los militares, la iglesia y los empresarios españoles a la fuerza creciente de las organizaciones campesinas y obreras durante ese periodo revolucionario.

Ya durante la República el gobierno llevó a cabo una violenta represión; Casas Viejas o la Revolución de Asturias son casos emblemáticos. La creciente combatividad de la clase trabajadora acabaría desembocando en un proceso revolucionario, tendencias revolucionarias de la clase trabajadora que entrarán en contradicción directa con la política de las direcciones del gobierno republicano.

“En sus sectores dirigentes, los republicanos españoles se distinguen por un programa social extremadamente conservador: su ideal lo ven en la Francia reaccionaria de hoy, creyendo que con la república vendrá la riqueza, y no están dispuestos, ni son capaces de ello, a seguir el camino de los jacobinos franceses: su miedo ante las masas es más fuerte que su odio a la monarquía” [2].
El exterminio se explica, por tanto, como una violencia de clase con el fin de acabar no solo con este proceso revolucionario sino también con el recuerdo y sobre todo con el ejemplo de los jornaleros que ocupaban las tierras de los señoritos, de los colectivistas, con el empoderamiento colectivo de las mujeres, de los obreros y obreras que expropiaban y autogestionaban las fábricas.

Esta memoria revolucionaria no es ni puede ser reivindicada por las instituciones del Estado, porque socavaría las bases mismas del Régimen del 78. Los pocos reconocimientos de represaliados políticos por el fascismo nos hablan de víctimas —sin señalar a los responsables—, con fuerte tono moral, pero mostrándolas como pasivas y sin agencia política, y mucho menos con un papel revolucionario. Al contrario de lo que se vivió en muchas de las exhumaciones de Transición, que reivindicaban esa tradición de lucha.

Esto no es todo. Los reconocimientos públicos no solo ahondan una visión moralista y víctimizante, sino que tienen un trasfondo politico. Las políticas de memoria impulsadas por el psoe llevan a cabo una reapropiación interesada del pasado para legitimar el presente. Esto se ve en el hecho de que los pocos reconocimientos existentes hablen siempre de "luchadores por la democracia" o por la libertad. No es casual que esa democracia sea, precisamente, lo que actualmente se entiende por democracia, es decir, la democracia del Regimen del 78. Se trata de un proceso político de domesticación de la memoria que trata de convertir a los revolucionarios del 36 en defensores de lo que combatían. Muchos de ellos luchaban por la revolución y no por el Régimen del 78 y su pacto de silencio.

El antropólogo Jorge Moreno explica que han sido en muchos casos las familias, y especialmente las mujeres, las que han mantenido la memoria de sus muertos en la intimidad del hogar, por la imposibilidad de sacar al espacio público sus reivindicaciones. La represión a los y las militantes de izquierda en la escena pública a lo largo de tantos años de dictadura ha hecho que la memoria familiar esté fuertemente ligada a la política, y amalgamada con el duelo. La única memoria que persiste hasta el Régimen del 78 son las fotos desgastadas que las familias han guardado en los cajones, los secretos colectivos y los silencios calculados de nuestros mayores. La memoria de estas mujeres no es otra que el recuerdo vivo de la revolución española. Una guerra contra el fascismo, pero también (esto último suele ocultarse) una revolución contra el estado capitalista que defendía ese Estado republicano y su régimen burgués.

En el Régimen del 78, con la impunidad garantizada para el franquismo y sin políticas de Memoria Histórica reales por parte del Estado que no fueran una lavada de cara a esta impunidad, serán pocos y mezquinos los reconocimientos públicos a los represaliados políticos durante la guerra y la dictadura. Es por ello que la visión que prevalece es la que construyó el propio franquismo, a través de la exhumaciones y homenajes de los “caídos por Dios y por España” en lo que se denominó “la Causa General” durante 40 años implacables, al mismo tiempo que se construía una visión de las personas “rojas” como sanguinarias, promiscuas, crueles y vengativas. Esta visión se sigue reproduciendo tanto por los partidos de derecha como por la complicidad de los partidos reformistas que se dicen de izquierda.

Decía Unamuno en su discusión con Millán-Astray que callar equivale a mentir, porque puede ser confundido con aquiescencia. Podemos e Izquierda Unida se ha sumado a este silenciamiento del pasado para que ese silencio lo siga llenando la derecha, con sus aplausos a la monarquía y su veto a que salga a la luz la hoja de servicios del torturador Billy el Niño vienen a rubricar este pacto no escrito de las clases dominantes españolas.

 
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