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ANÁLISIS
Matar la rebeldía patagónica
Jazmín Ortiz

El violento desalojo a trabajadores madereros continúa una escalada represiva en el sur. El ajuste y las balas siempre estuvieron cerca.

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Uno, dos, ultraviolento

El pasado miércoles, representantes de Cambiemos se reunieron con tres gobernadores patagónicos para concertar un plan represivo común contra el pueblo mapuche. Ambas partes cuentan con amplia experiencia en el tema.

Mariano Arcioni, de Chubut, gobierna la provincia donde fue desaparecido y muerto Santiago Maldonado. Alberto Weretilneck, de Río Negro, tiene en sus manos la sangre de Rafael Nahuel, asesinado por Prefectura en el marco de otro reclamo de la comunidad. El neuquino Omar Gutiérrez no quiso ser menos que sus colegas en el uso de fuego: el viernes, la policía provincial desalojaba violentamente la fábrica MAM y hería de un balazo al diputado del PTS/Frente de Izquierda, Raul Godoy.

Patricia Bullrich –quien asistió al encuentro junto a Marcos Peña y Rogelio Frigerio- no necesita carta de presentación. Su nombre es sinónimo de la cruzada contra las poblaciones originarias y el encomio a las fuerzas del orden. En una conferencia de prensa luego de los sucesos de Villa Mascardi, admitía la versión de los uniformados -que pronto se demostró falsa- “sin necesidad de elementos probatorios”. La ministra se erige como una de las principales responsables políticas de la escalada que cobró la vida de dos jóvenes, en solo dos años de gestión.

La represión en el sur está ligada a una defensa de las grandes ganancias terratenientes y petroleras, que el gobierno no pretende disimular. Además constituye un mensaje disciplinante hacia los trabajadores de todo el país, afectados por el paquete de contrarreformas laboral, previsional y tributaria. La reciente represión a los obreros en Neuquén combinó ambos factores de forma explícita. Las mismas armas que Gutiérrez y Bullrich apuntan contra los mapuches, fueron usadas para acallar un reclamo por puestos de trabajo. La Confederación Mapuche de Neuquén y las Comunidades Autoconvocadas en la zona del Nahuel Huapi expresaron su solidaridad con los madereros y Godoy, quien días atrás había rendido un homenaje a Rafael Nahuel en la Legislatura.

Verde que te quiero verde (verde viento, verdes balas)

“A la fuerza la necesitamos para los planes que tenemos”, decía Bullrich sobre la Gendarmería mientras Santiago Maldonado continuaba desaparecido. La clásica definición hecha por Engels del Estado como “una banda de hombres armados al servicio del capital” se pone de manifiesto cada vez que la burguesía quiere torcer la relación de fuerzas o degradar las condiciones de vida de millones.

El respaldo oficial no se limita a la GNA –recientemente hemos visto despliegues de Prefectura y las policías- pero su historial es más que ilustrativo respecto a los intereses que apoyan estos destacamentos armados. La masacre de los Pilagá en el 47’ y las desapariciones en el departamento de Ledesma durante los apagones de 1976 son sólo los ejemplos más extremos.

El 17 de diciembre de 1999, cuando concluía la etapa menemista, Gendarmería fue parte del desalojo del Puente Internacional General Belgrano entre Chaco y Corrientes, que acabó con la vida de dos manifestantes: Mauro Ojeda y Francisco Escobar. Sin orden, la fuerza llevó a cabo un operativo terrestre y fluvial con gases y plomo, el cual no se detuvo en el puente sino que continuó con los barrios aledaños donde hubo cientos de detenidos. Pese a los compromisos de gobiernos sucesivos en avanzar en la investigación, el caso permanece impune.

También fueron uniformes verdes los que remataron a Carlos Santillán, de 27 años, y José Barrios, de tan sólo 17, en las represiones de General Mosconi (Salta) en junio de 2001. Barrios fue encontrado en la plaza principal con una herida de bala en la cadera aunque su muerte se dio a raíz de un paro respiratorio por aplastamiento o gases. Los gendarmes alegaban que los manifestantes portaban armas de fuego que nunca se encontraron. El gobernador menemista Juan Carlos Romero refería a estos últimos como “delincuentes organizados”, “con poca educación” e intentaba ligarlos a las guerrillas colombianas.

Durante el gobierno kirchnerista, los denominados “centinelas de la Patria” impulsaron el Proyecto X de la mano del Poder Ejecutivo para espiar a distintas organizaciones –particularmente de izquierda-. A su vez, volvieron a prestar servicio a las patronales extranjeras. Durante el importante conflicto de Lear, fueron encargados de desarticular los piquetes mediante la violencia física, infiltrados y hasta un “carancho”.

Algo habrán hecho

Como mostraban las declaraciones de Romero a principios de la década pasada, culpar a los manifestantes es una de las formas más comunes de deslegitimar la protesta social.

“No tengo noticias de que se hayan producido esos hechos trágicos. No concibo el ataque que se realizó contra el centro de la ciudad”, declaraba Fernando de la Rúa el 22 de diciembre 2001 cuando una periodista le preguntó por las muertes en Plaza de Mayo. “La fuerza policial nuestra, considero, ha sido una actitud muy profesional y la directiva que recibieron fue la de actuar con decisión, no con exceso”, agregaba el comisario Rubén Santos, ex jefe de la Policía Federal (La Nación, 20/12/2001).

El expresidente Eduardo Duhalde, justificaba la Masacre de Avellaneda escudándose en una “maquinación concertada” contra el orden democrático. “Duhalde pidió a la justicia que investigue un supuesto complot”, rezaba una nota de La Nación del 28 de junio de 2002, dos días después del asesinato de Kosteki y Santillán.

El discurso macrista sobre un supuesto “terrorismo mapuche con financiamiento kurdo”, por más burdo que suene, no es original. La prensa concentrada, como en las épocas más oscuras, abona mediante sus campañas a la desinformación y la persecución ideológica. Los encargados de justificar la ‘Operación masacre’ al pueblo mapuche, no dedicaron ni una línea el viernes pasado a la represión de los trabajadores madereros en Neuquén ni a las heridas al diputado del FIT.

El favor de la Justicia es otra pata fundamental para el amedrentamiento de la protesta y la acción política, como expuso claramente el caso de Santiago Maldonado. Primeramente, el juez Guido Otranto evitó a toda costa que avance la causa de desaparición forzada y contribuyó a la impunidad a los responsables. El juez Gustavo Lleral luego hizo lo propio, con la función estratégica de amainar una crisis para el macrismo. La fiscal Silvina Ávila actuó, en palabras de la querella, “como si fuera abogada de Gendarmería”. Marcelo Martínez de Giorgi, por su parte, se encargó de procesar a 22 personas luego de una manifestación por aparición con vida del joven –aunque la misma justicia acabó reconociendo que las causas estaban armadas-. El magistrado cuenta en su prontuario con la orden de detención a Hebe de Bonafini y el paso a archivo de delitos de lesa humanidad.

La avanzada judicial contra referentes opositores que tomó lugar durante los últimos meses, va de la mano con esta persecución política y criminalización de las movilizaciones.

De norte a sur

“El programa de ahogar en sangre las rebeldías y derechos obreros, amasado en Buenos Aires, con ligamentos de muchos miles de esterlinas (…), el gobernador del territorio y el coronel Varela, empieza a cumplirse a las mil maravillas. No pueden mostrarse disconformes los cotizantes de la masacre.”
OSVALDO BAYER, La Patagonia rebelde

Cada nuevo embate de las fuerzas merece el más enérgico repudio. El crecimiento de una política represiva a nivel nacional -con sus expresiones patagónicas alrededor del problema de la tierra y el crudo- acompaña los ataques al conjunto de los trabajadores. El gobierno cuenta con la complicidad del peronismo en las Cámaras legislativas, la tregua de las burocracias, el apoyo mediático y el judicial. Sin embargo, la historia del país muestra que los grandes ajustes vienen acompañados de distintas combinaciones de violencia estatal y respuestas por abajo. Un recorrido por la lucha de clases en la Argentina reciente sugiere que las calles van a transformarse en escenario de disputa. Sólo la organización independiente de los trabajadores, las mujeres y la juventud puede poner un freno a los golpes.

 
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