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A 45 años del asesinato de los abogados laboralistas de Atocha

El 24 de enero de 1977 en un despacho de abogados laboralistas en la calle Atocha tres pistoleros de Fuerza Nueva dispararon a bocajarro contra todas las personas que se encontraban en ese lugar, dejando cinco muertes y cuatro personas heridas graves. Hoy se cumplen 45 años de esta masacre que marcó un antes y un después en la Transición pactada.

Juan Carrique

Lunes 24 de enero
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El 24 de enero de 1977, a las 22:30 horas de la noche se personaron en un despacho de abogados laboralistas en la calle Atocha tres pistoleros de Fuerza Nueva y dispararon a bocajarro contra todas las personas que se encontraban en ese lugar. Como consecuencia de los disparos murieron los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Sauquillo, pero también el estudiante de derecho Serafín Holgado y al administrativo ángel Rodríguez Leal. Además, fueron gravemente heridos Miguel Sarabia Gil, Alejandro Ruiz-Huerta Carbonell, Luis Ramos Pardo y Lola González. Hoy se cumplen 45 años de esta masacre que marcó un antes y un después en la Transición pactada.

Es importante recordar estos hechos, no sólo rendir homenaje a los que su lucha en defensa de los trabajadores los llevo a sacrificar sus vidas, sino porque este suceso tuvo una importante influencia en los acontecimientos políticos inmediatamente posteriores, la transición y la legalización de las organizaciones obreras y los partidos políticos.

De la defensa incondicional de los trabajadores a las renuncias en nombre de “la consolidación de la democracia”

El episodio de la matanza de los abogados de Atocha se enmarca en la crisis generada por la muerte de Franco y las dificultades a las que las clases dominantes se enfrentaban para mantener el régimen franquista y sus privilegios, con todas las organizaciones sindicales y políticas de la izquierda en la clandestinidad. Desde el invierno de 1976 el Estado español vivía un ascenso huelguístico sin precedentes desde la guerra civil que abría la posibilidad de que desatare una situación como la que se había vivido en el vecino Portugal con la Revolución de los Claveles.

Se estaba fraguando una Transición del franquismo a un régimen político “democrático” que pudiera canalizar el malestar social, pero que al mismo tiempo lo integrase en sus instituciones de forma que proporcionasen estabilidad en la economía española, fuertemente afectada esos años por la crisis del petróleo.

Todas las organizaciones sindicales estaban ilegalizadas, tanto las históricas UGT y CNT, como las organizaciones nuevas surgidas en el “boom” económico de la dictadura como la USO o el movimiento de las Comisiones Obreras (CCOO). El único resquicio que les permitía tener una presencia pública eran los despachos de abogados laboralistas, que formalmente eran independientes pero que en realidad en muchos casos estaban ligados a las organizaciones clandestinas. Constituían, junto a las iglesias controladas por los “curas rojos”, los únicos espacios de reunión que disponían los trabajadores para la acción sindical y reivindicativa. Y precisamente por ello los despachos laboralistas se convirtieron en un objetivo para las bandas armadas fascistas, como Fuerza Nueva, que sectores del franquismo y de las fuerzas policiales alentaban.

La matanza de Atocha fue el resultado de una de las actuaciones de los grupos de pistoleros y policías que intentaban atemorizar al movimiento obrero. Su objetivo era asesinar a un dirigente obrero de la huelga del transporte, que en esos momentos sacudía al sector, que pensaba que se encontraba en ese despacho de abogados, pero como no lo encontraron se ensañaron con los abogados que estaban allí en aquel momento.

Los asesinatos dieron lugar a importante movimiento huelguístico de repulsa, que fue contenido por el PCE, limitando su extensión y mostrando la autoridad y control que en aquel período tenía sobre el movimiento obrero. El partido de Santiago Carrillo impuso, muchas veces con la contundente intervención de sus servicios de orden, una moderación que le valió de desmotración práctica de cara al gobierno Suárez de que era un interlocutor válido, enemigo de todo desborde por abajo y dispuesto a aceptar una transición sin ruptura, incluyendo la propia monarquía.

Los representantes políticos del franquismo para cumplir sus planes de reforma del régimen necesitaban un interlocutor que garantizase el sometimiento de los trabajadores a esos cambios políticos y que en ningún caso fueran desbordados. La contrapartida de la aceptación de esos cambios políticos fue la legalización del PCE y de las organizaciones sindicales, lo que les permitió presentarse a las primeras elecciones democráticas y a la actuación sindical legal y pública.

Pero había importantes sectores del franquismo que no estaban de acuerdo con ir tan lejos, que controlaban las bandas armadas fascistas y que tenía influencia mayoritaria en el seno de la oficialidad del ejército. Al PCE y CCOO, así como al PSOE y UGT se les pidieron nuevas renuncias, a cambio establecer instituciones de un débil Estado del bienestar (Seguridad Social para todos los trabajadores, Sanidad universal, etc..), inexistentes en aquel tiempo, tenían que contener la acción reivindicativa de los trabajadores, los incrementos salariales sostenidos éstos debían calcularse no sobre el IPC real como por tradición se venía planteando sino sobre el IPC previsto por el Gobierno, todo ello dentro de unos techos máximos de subida.

Ese fue el contenido del capítulo económico de los Pactos de la Moncloa de 1977. La justificación que dieron los dirigentes sindicales para su firma era que representaba “el mal menor”, subidas salariales más bajas a cambio de “consolidar la democracia” e impedir un golpe militar.

De los Pactos Sociales al Diálogo Social

Las renuncias que los dirigentes sindicales, sin embargo, no finalizaron ahí. Pronto se plantearon nuevas justificaciones, para consolidar el “retorno de la democracia” era necesario establecer un marco de relaciones laborales estable, por lo que UGT acabó firmando el Acuerdo Marco Inteconfederal, que dio lugar al Estatuto de los Trabajadores. CCOO no lo firmó, aunque participó en las negociaciones hasta el momento de la firma.

Con posterioridad, para consolidar el nuevo régimen, era necesario mitigar el paro, por lo que CCOO y UGT firmaron el Acuerdo Nacional de Empleo, que establecía prestaciones de desempleo y medidas contra el paro, a cambio de contener los incrementos salariales e introducir los contratos temporales como instrumento de fomento del empleo.

Posteriormente el Gobierno planteó nuevos pactos sociales como el Acuerdo Económico y Social (AES), donde la justificación no era “salvar la democracia”, sino que ahora lo que hacía falta era implementar reconversiones industriales en sectores económicos desfasados para adherirse a la Comunidad Económica Europea (antecedente de la Unión Europea).

Los dirigentes sindicales se subordinaron a esta política de la gran patronal y sus representantes políticos. La UGT lo hizo de una forma abeirta. Las CCOO en las empresas y comarcas afectadas mantuvieron una posición más combativa, aunque las direcciones confederales terminaron dejando muchas de estas luchas aisladas y en un callejón sin salida. Por distintas vías las direcciones de ambas centrales acabaron aceptando despidos masivos en la siderurgia, naval, minería y línea blanda del metal, a cambio la entrada en la CEE, que supuestamente mejoraría la situación de los trabajadores.

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De esta forma parte de la actuación de los grandes sindicatos, CCOO y UGT, se centraban en la negociación y firma con la patronal y el Gobierno de acuerdos que luego se convertían en leyes laborales, dejando en segundo plano la actividad sindical en las empresas y en los sectores productivos; y estos acuerdos siempre se justificaban en renuncias a derechos realizados en aras a un “mal menor”.

De la Transición a las Reformas Laborales

Los gobiernos de Felipe González fueron imponiendo las primeras reformas neoliberales, aún con la oposición de CCOO y la UGT (esta desde 1988). Sin embargo esta oposición nunca se planteó en un plan de lucha serio, a pesar de que muestras de combatividad sectorial o incluso en jornadas de huelga general de 24h no faltaron. Todo esto abonó el terreno a la justificación, sobre todo con los Gobiernos del PP, de que la renuncia era necesaria ya que, si no se firmaba el acuerdo, el Gobierno lo impondría de todas formas, por ello el “mal menor” era dulcificar la renuncia mediante la negociación y firma del Acuerdo.

Con la crisis financiera del 2008, lo que se plantea es una pérdida generalizada de los derechos que todavía se conservaban en el Estatuto de los Trabajadores. Esta vez, la justificación del mal menor no funcionó, CCOO y UGT se negaron a firmar las Reformas Laborales del 2010 con Zapatero y el 2012 con Rajoy. Ambos Gobiernos las impuseron de forma unilateral y las centrales sindicales se vieron obligadas a convocar varias huelgas generales contra ellas; pero tantos años de desmovilización y de negociación por las alturas y en ausencia de movilización para presionar, así como el miedo al desempleo y la falta de continuidad en las movilizaciones, determinaron que no pudiera revertirse la situación y conseguir la retirada de la reforma.

El Gobierno progresista, la (no) derogación de la Reforma Laboral y el “consenso con los agentes sociales”

Las políticas de austeridad y recortes sociales, así como los escándalos de corrupción determinaron el cese del Gobierno de Rajoy y una nueva etapa política con la formación del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. Una de las promesas más importantes de ambas formaciones para concitar el apoyo popular fue la “derogación de la reforma laboral” de 2012.

Aunque el ciclo político cambió, la vieja política de CCOO y UGT del pacto social por arriba y sin presión por la movilización de los trabajadores se mantuvo incólume. De forma que cuando llegó el momento de concretar la derogación de la reforma laboral, las burocracias de CCOO y UGT volvieron a sostener su vieja política: hay que acordar la reforma laboral con consenso, pues sino la impondrán en peores condiciones; pero no hay que movilizar a los trabajadores porque ello indispone a la patronal para firmar. Y además, si no se hacen muchas olas, la Unión Europea no bloqueará la transferencia de los Fondos de Recuperación. En este caso el “mal menor” es una reforma superficial de la reforma laboral de 2012, que mantiene todos y cada uno de sus aspectos más antiobreros.

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La política de la renuncia en nombre del “mal menor” siempre lleva inevitablemente a nuevos ataques consentidos y a la desmoralización y desconfianza en sus propias fuerzas de los trabajadores. Ya ocurrió en la Transición y también ocurre ahora. Pero hay una alternativa que es la política contraria a esta lógica: no resignarse al mal menor y dar una batalla por conquistar los derechos y no dar por pérdida la lucha. Esto fue lo que los abogados de Atocha hicieron, a pesar del fascismo, y lo que, salvando las distancias históricas, toca hacer para conseguir la derogación de la reforma laboral.

Precisamente hoy, el institucionalismo de las organizaciones sindicales y de la izquierda progubernamental genera una desafección política que da alas al crecimiento de la extrema derecha en sectores populares. Romper pues con esta actitud “malmenorista” es la mejor vía para para combatirlos.


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