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AMLO desmiente costos de la reforma eléctrica

Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección “Quién es quién en las mentiras de la semana”, a nombre del gobierno federal se encargó de desmentir durante la conferencia matutina del presidente algunas noticias publicadas durante la semana.

La Izquierda Diario México

Miércoles 29 de diciembre de 2021
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Entre ellas, la afirmación de que la torre de control del Aeropuerto Felipe Ángeles está siendo deficientemente construida.

La funcionaria también desmintió lo aseverado por diversos medios de comunicación y comentaristas en el sentido de que la reforma eléctrica propuesta por el gobierno federal tendrá como consecuencia un alza en los precios de la energía en perjuicio de los consumidores, o que va a tener un costo para el erario de alrededor de 261 mil millones de pesos.

Aclaró que la intención no es impedir que las empresas hagan negocios en el sector eléctrico -puesto que la CFE abarcaría solo hasta el 54% de la generación y el resto sería privado-, sino que dichos negocios sean razonables. Lo cual demuestra que la reforma propuesta por el gobierno federal no busca terminar con la privatización de este sector estratégico sino sólo limitarla.

En respuesta a las críticas por limitar la generación de “energías limpias”, García Vilchis aseguró que el 55% de la energía que se produce actualmente es de este tipo (incluyendo la hidroeléctrica, eólica y nuclear, entre otras) y el plan es que dicho porcentaje aumente.

Otra de las noticias que la funcionaria aprovechó para desmentir, aunque esta fue de octubre pasado, fue la del obrero que supuestamente murió tras la brutal represión que sufrieron, a manos de la policía estatal, miles de trabajadores de empresas contratistas que construyen la refinería de Dos Bocas, mientras protestaban por derechos laborales.

Si bien la muerte del obrero no se confirmó, lo que quedó claramente documentado fue la represión orquestada por el gobierno estatal, con el respaldo de la Guardia Nacional, de una protesta obrera pacífica y legítima, lo que la funcionaria omitió tendenciosamente mencionar. “Incluso -aseguró- se compartió en su momento la postura de la empresa contratista sobre el conflicto”, no así la de los obreros, evidenciando de qué lado estuvo el gobierno federal.

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En la ronda de preguntas y respuestas, un reportero dio a conocer la denuncia del periodista Ricardo Ravelo, colaborador del portal de noticias SinEmbargo, sobre las amenazas que recibió por parte del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, por haber denunciado la corrupción de su administración en contubernio con el poder judicial.

Ante ello, el Presidente instruyó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, para que se comunique con el periodista a fin de proporcionarle la protección necesaria, sin que ello signifique prejuzgar al gobernador. Asimismo, López Obrador afirmó que el gobierno federal tiene la responsabilidad de proteger a los comunicadores que se sienten amenazados.

De ser así, hay que reconocer que en esta tarea tiene un saldo negro, pues en el 2021 se produjeron un promedio de 60 ataques de diversa índole por mes en contra de periodistas, uno cada 12 horas, según dio a conocer la organización Artículo 19. Hasta el mes de octubre se habían registrado al menos 7 periodistas asesinados, lo que confirma a nuestro país como uno de los más peligrosos en el mundo para ejercer esta profesión.

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Otro de los cuestionamientos que se le hicieron al presidente durante su conferencia fue si la vinculación a proceso, acusado de homicidio, del secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado, José Manuel del Río -vinculado al jefe de la bancada del Morena en esa cámara, Ricardo Monreal-, podría enturbiar o poner en riesgo el proceso para la aprobación de la reforma eléctrica el próximo año.

A lo que el presidente respondió que no es un riesgo sino que es positivo que se ventilen los asuntos de interés público y aseguró que serán las instancias de procuración de justicia las encargadas de juzgar. Criticó el influyentismo que sobre las mismas ejercía el poder ejecutivo en el pasado, pero reivindicó la autonomía que -a decir del mandatario- ha ganado en este sexenio el poder judicial.

Además afirmó que el pueblo apoya la lucha anticorrupción de su gobierno al ver que se ha traducido en apoyos. Para luego sentenciar que quienes voten en contra de su iniciativa de reforma eléctrica es porque están a favor de que siga el robo y llamó a los legisladores de todos los partidos a definirse a favor del interés nacional.

Finalmente, López Obrador fue cuestionado sobre la denuncia contra los consejeros del INE que votaron por no realizar la consulta sobre la revocación de mandato, que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez.

El mandatario informó que el legislador ya se desistió de dicha denuncia, por lo que se congratuló, pues aseguró que en su gobierno no hay represión ni se persigue a nadie.

Contradicen estas afirmaciones los meses que lleva detenida como presa política la activista Kenia Hernández; el acoso judicial en contra de la dirigente del Sutnotimex, Adriana Urrea; y la represión a protestas obreras como la que hubo en la refinería de Dos Bocas, a la que nos referimos antes.

Tal parece que el beneficio de la libertad, aún si violan sus funciones, es sólo para los funcionarios e integrantes de la casta política y no para los trabajadores.

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El presidente aseguró que en caso de que el INE no organice la consulta, se podría contratar a encuestadoras para realizarla, vía telefónica y casa por casa, pero se hará de cualquier forma.


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