Política Estado Español

MEMORIA HISTÓRICA

Aragón aprueba su Ley de Memoria Democrática

Las Cortes de Aragón aprueban el texto final de la ley, pero no le da una dotación presupuestaria explícita, ni capacidad judicial para llevarla a cabo, con lo que la misma queda en “buenas intenciones” y algo simbólico.

Jorge Calderón

Historiador y Profesor de Secundaria, Zaragoza

Miércoles 14 de noviembre de 2018 | 18:49

El pasado jueves 8 de noviembre, las cortes autonómicas aprobaron finalmente la Ley de Memoria Democrática de Aragón. Con esto se cierra un largo periodo de debate y discusión desde que en abril del año pasado, el gobierno del socialista Javier Laman, remitiera a esta cámara el anteproyecto de ley. Durante estos meses se han debatido casi 200 enmiendas presentadas al proyecto inicial de las que apenas se han aceptado un tercio. Enmiendas provenientes de los diferentes grupos políticos, así como de las diversas asociaciones de víctimas del franquismo y de memoria histórica.

El debate ha sido especialmente bronco e intenso, acusándose los diferentes grupos políticos de querer reescribir la historia de España. Como cabía esperar, el más duro ha sido el PP que ya ha anunciado que si vuelve al Gobierno con apoyos suficientes lo que harán no será derogarla, sino modificarla, para “incluir en la categoría de víctimas a las que lo fueron por ideas conservadoras, centristas o liberales durante la Segunda República”. Por su parte los portavoces de Podemos e IU, defendieron la necesidad de la norma, para evitar que se “blanquee” el franquismo haciendo ver que hubo “dos bandos”, cuando la realidad fue la de un ignominioso golpe de Estado y una guerra de exterminio. Han concluido afirmando que: “un país que tiene al torturador Billy el Niño yendo a fiestas policiales y a Lorca en una cuneta, tiene un problema”.

Finalmente el texto ha sido aprobado por los dos partidos del gobierno (PSOE-CHA), junto con Podemos e IU. Cs ha votado favorablemente la mayoría de los artículos, absteniéndose en el resto, y PP y PAR han admitido algunos, rechazando otros. Tras su aprobación definitiva se escucharon los aplausos de las víctimas (muchas de ellas voz de las asociaciones memorialistas) que lo celebraron en la tribuna. Abajo, diputados y diputadas de PSOE, Podemos, CHA e IU también se unieron a la aclamación. Nada se movió en la bancada de PP, PAR y Ciudadanos (que sí apoyó el texto).

Ley totalmente insuficiente

El texto final aprobado mantiene muchas de las cuestiones ya recogidas en el anteproyecto de ley aprobado hace meses y que analizamos en un articulo.

Nos referimos a: 1) la exigencia de retirada de los símbolos franquistas y la prohibición de cualquier tipo de exaltación franquista con multas de hasta 150.00 euros, 2) la creación de un Banco ADN con las pruebas y muestras que se obtengan de las exhumaciones de

fosas, destinado a la identificación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura franquista, 3) la financiación pública de estas exhumaciones así como de otras investigaciones históricas, 4) se recoge un concepto de víctimas “plural” con especial énfasis en colectivos poco visibilizados como mujeres, mano de obra forzada, bebes robados, colectivo LGTBI o victimas del exterminio nazi o exiliados políticos y 5) habla del Consejo de Defensa de Aragón de Caspe e instaura el 3 de Marzo como “Día de la Memoria Democrática de Aragón. Ese día, cada año, se dedicará a reconocer y homenajear a las víctimas de la dictadura y a mantener su recuerdo. La fecha no es escogida al azar, ya que un 3 de marzo de 1938, se produjo el brutal bombardeo de Alcañiz (Teruel), uno de los más mortíferos de la Guerra civil.

Entre las novedades con respecto a lo aprobado en abril, aparece la creación de un Centro de Investigación de la Memoria Democrática de Aragón en colaboración con entidades educativas y entidades de memoria histórica. Sin embargo no es oro todo lo que brilla.

Muchas sombras importantes de la ley

Lo aprobado tiene muchos interrogantes y olvidos que puede dejar este proyecto en algo simbólico y sin ningún valor real. El primero es claro, el económico. O se le dota de una suficiente partida presupuestaria o se quedará en nada, en la voluntariedad de las asociaciones de memoria histórica, como hasta ahora. El segundo es el académico. La ley habla de fortalecer los contenidos educativos sobre estos temas en la ESO y Bachillerato, pero luego reducen su importancia en la calificación final, y no contemplan ninguna aplicación horaria para ello.
El tercero es el más evidente, teniendo en cuenta quienes son los partidos que la han elaborado, el político. Echamos de menos que no se hable ni se reconozcan las víctimas que hubo, en especial en Zaragoza entre 1919-21, los llamados “años de plomo” del terrorismo estatal o las decenas de víctimas durante la II República, provocadas por la represión policial o del ejército. También debería explicar la importancia de momentos históricos como la insurrección anarquista de diciembre del 33 dirigida desde Zaragoza, y la posterior represión.

El último es sin duda el más importante. Este proyecto de ley sigue aceptando la “Ley de Amnistía del 78 y aunque habla de anular los juicios del franquismo lo hace de forma simbólica. En ningún momento habla de juzgar a los asesinos y torturados de la guerra, la dictadura y la transición.

Esto no nos debe de extrañar ya que es una ley elaborada por uno de los partidos, el PSOE, que acepto el “pacto de silencio y olvido” de la transición.

¡Verdad, Justicia y Reparación!

Nosotros como herederos políticos, como hijos y nietos de los represaliados por el franquismo, no nos fiamos de ellos. Estamos en contra de cualquier intento de lavar la cara al Régimen heredero del franquismo, a la vez que se condena institucionalmente la Revolución española que se alzó para enfrentarlo. Este Régimen no ha juzgado, ni lo

pretende, a ningún asesino o torturador. Solo busca reactualizar el falso “consenso de la Transición” en nuestros días, para apaciguar todas las voces que podrían salirse del marco constitucional.

Un Régimen, basado en la "Amnistía" y el "Pacto de Silencio" de la Transición que los franquistas reconvertidos y no tanto impusieron y el PSOE y la mayoría de las organizaciones a su izquierda (fundamentalmente PCE y sus organizaciones acolitas) aceptó y que sigue dando sus "frutos".

Solo una ley que cuente con la participación de las asociaciones de víctimas y de memoria histórica, y que no esté realizada y dirigida por los que apoyan el régimen del 78, podrá cumplir la petición de ¡Verdad, Justicia y Reparación! de estos colectivos.






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