Sociedad

MADRID

Ayuso planea cerrar decenas de centros de atención primaria a la vez que desvía recursos para la sanidad privada

La Comunidad de Madrid ha pagado a la sanidad privada 40,7 millones de euros en compensación por los servicios prestados durante el año 2020 por la pandemia. Solo durante la primera oleada pagó algo más de 19 millones. Como contracara, la atención primaria de la sanidad pública madrileña agoniza abandonada y sin recursos. El conjunto de la sanidad pública en el período postpandémico está gravemente amenazada ante las políticas privatizadoras y trumpistas de Ayuso.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Martes 22 de junio | 18:00

La situación de la atención primaria en la Comunidad de Madrid se caracteriza por: precariedad laboral y bajo salarios del personal sanitario y no sanitario en los centros de salud, ratios paciente médico de familia escandalosos con sobrecargas de trabajo de los profesionales y con muchas especialidades aún sin cubrir; cierre de las urgencias y los fines de semana de los centros de salud que se han convertido en permanentes; demoras inaceptables para atender dolencias graves; y la atención telefónica como nueva forma de diagnosticar la enfermedad ante la imposibilidad de lograr cita. Son los síntomas, entre otros, del abandono de la atención primaria y la sanidad pública en general.

Hay que tener en cuenta que la Comunidad de Madrid es la segunda que menos dinero destina por habitante a la Sanidad -solo por detrás de Andalucía gestionada durante décadas por los socialistas-, y la que menos recursos destina a la atención primaria. Evidentemente los social liberales del PSOE tampoco han desarrollado otras políticas muy diferentes de las del PP, siendo absolutos cómplices responsables de la ley 15/97 de privatización de la sanidad.

En este contexto se ha conocido recientemente que solo para el período del 15 de marzo al 21 de junio de 2020, es decir durante el primer período de la pandemia cuando el colapso de la sanidad pública era total, picos de 16.000 pacientes en agudos y 1.520 en UCI, y cuando la privada se desentendió en gran parte de atender a sus propios mutualistas por covid-19 -recordemos las vacaciones forzadas de muchos profesionales sanitarios de la privada en ese período-, la Comunidad de Madrid ha pagado a la sanidad privada nada menos que 19.267.156,15 euros por atender a 1.723 pacientes derivados desde la sanidad pública a 29 hospitales privados. Una factura que se verá incrementada porque en ese coste no se han incluido tres hospitales más -hasta completar los 32 hospitales privados utilizados- que cedieron instalaciones y personal durante ese período.

Los datos indican que a lo largo de todo el año 2020 la cuantía pagada a la sanidad privada asciende a 40,7 millones de euros por la atención de 12.424 pacientes, según declaraciones del consejero de Hacienda Fernández-Lasquetty a la Asamblea de Madrid. Se deduce de esos datos que el 16,12% de los ingresados en hospitales de la red madrileña entre marzo y diciembre de 2020 lo estuvieron en camas del sector privado. El precio medio sería a razón de 3.275 € por paciente, pero sin detallar cuántos estaban en UCI y cuántos en planta o en cuidados de agudos. Con los hospitales en régimen de concesión el coste al sector privado por atención a enfermos de covid-19 se dispara a 201 millones de euros.

Durante la primera quincena de marzo de 2020 el Gobierno de la Comunidad de Madrid estableció un mando sanitario único, colocando a la sanidad pública y la sanidad privada bajo el mando del consejero de Sanidad, Enrique Escudero, sobre la base de una situación prácticamente de “guerra sanitaria”. En realidad, no se ejerció ese poder centralizador y confiscador de los recursos y el personal necesario privados ante el colapso de la sanidad pública, siquiera fuera temporalmente. Esto era obviamente algo imposible si no se ponía por delante y por encima el derecho a la salud sobre los intereses del beneficio del negocio privado especulativo de la sanidad privada. Por ello, la realidad es que no hubo ningún control de la Administración madrileña sobre los efectivos de la sanidad privada que se destinaron a ese trabajo, ni sobre la actuación deontológica implementada desde la sanidad privada -en pruebas PCR se cobraron precios especulativos en la privada en plena pandemia-, ni se articularon de conjunto los recursos materiales y humanos para dar una respuesta efectiva a las necesidades urgentes sanitarias de la población en ese momento. Por ello, entre otras cosas, se desatendió a miles de ancianos, que no fueron derivados a hospitales, ni tampoco se medicalizaron las residencias ante la falta de recursos públicos, lo que provocó que se alcanzara la mortalidad más alta de las y los ancianos en las residencias de la Comunidad de Madrid en el Estado español con 11.389 mayores muertos en residencias de los cuales 8.338 (73%) no fueron trasladados a un hospital, un auténtico crimen social.

Esta crítica hay que hacerla extensiva al Gobierno del PSOE y Unidas Podemos que cuando declaró el estado de alarma tampoco estableció una estrategia de mando único real desde el que poner a disposición del sector público todos los recursos privados sanitarios y no sanitarios para atacar las consecuencias de la pandemia sanitarias y sociales de conjunto. Pudiendo haber obligado a las comunidades regentadas por el PP -y por el PSOE- a ejercer ese mando directivo y la confiscación de los recursos necesarios para garantizar el derecho básico a la vida y a la salud. Por el contrario, lo que es claro es que ni se destinaron los recursos productivos de muchos sectores industriales a la fabricación de mascarillas, batas, gafas, gel hidroalcohólico, respiradores, reactivos y laboratorios, camas, UCI, etc.., ni se confiscaron los recursos sanitarios privados, lo que provocó miles de contagios más, con bastantes muertes, del personal sanitario y no sanitario de los hospitales, además de incrementar enormemente la mortalidad general sobre todo para las personas de mayor edad que eran las más afectadas.

Los costes con los que iba a ser compensada la sanidad privada por sus servicios no se fijaron hasta el mes de julio, cuatro meses más tarde de iniciada la pandemia. Pero ¿quién fijó el valor de esos costes? Parece ser que un denominado “tercer experto independiente” estableció los costes por paciente y día. En realidad, fue la consultora KPMG, que no es difícil deducir a favor de quién hizo el análisis: fijó unos precios por escrito el 29 de julio de 875,59 € paciente/día en planta de agudos y 2.486,22 € paciente/día en unidad de cuidados intensivos. Importes que fueron aceptados por Ayuso pese a que los cálculos de la propia Consejería fijados para la tercera ola el 27 de enero de 2021 eran muchísimo más bajos. Partiendo además de que, por causas de fuerza mayor, como ocurre con las expropiaciones públicas forzosas de bienes para alguna necesidad de carácter social o público, se pueden expropiar a precio tasado por la propia administración los bienes de carácter privado. En este caso es evidente que se quiso favorecer que la sanidad privada hiciera su agosto, cuando la pública madrileña precisamente adolece de una enorme falta de recursos.

La política de Ayuso para la atención primaria: cierres y déficit de personal

Como contracara de los enormes costes que se están derivando para la sanidad privada, en la pública se parte de un déficit estructural de casi 1.800 puestos de diferentes especialidades sanitarias, los de atención no sanitaria que también son esenciales ni aparecen contabilizados en esta estadística porque de manera absolutamente infame son considerados poco importantes, cuando en realidad se trata de equipos multidisciplinares en el que cada uno juega su importante papel. A esto hay que añadirle este año otros 570 médicos de cabecera menos y 150 de Pediatría. que todavía se encuentran sin cubrir. Ante esa situación este verano solo la Dirección Asistencial Centro -una de las seis en que se divide la asistencia en Madrid- de la que dependen 49 centros ha planteado el cierre de nada menos que 41 centros, es decir, el 83,67% se cerrarán para afrontar estos déficits estructurales. Los ocho que quedarán abiertos asumirán, así, una población que de conjunto alcanza los 1.293.973 personas nada menos. Y afecta a los distritos de: Latina, Carabanchel, Barrio de Salamanca, Chamartín y Aluche. Es decir, todos de clase obrera menos dos, teniendo en cuenta que a los de clases pudientes no les afecta la medida porque pagan los servicios de la sanidad privada.

En el documento elaborado por la gerencia de estos centros se señala: “Teniendo en cuenta la situación actual, la organización del plan está centrada en aquellas categorías con una situación más crítica- Medicina de Familia y Pediatría- en las que es improbable la disponibilidad de recursos ante posibles eventualidades”.

Toda esta situación ofrece un laberinto de escenarios que se fundamente en el cierre total o parcial de multitud de centros de la red pública de centros de atención primaria en función de las circunstancias o la movilidad de las y los trabajadores de la salud, así como en la concentración de plantillas en los que pasarán a denominarse: “centros de referencia”. De hecho, ha habido huelgas y manifestaciones de las y los trabajadores del sector sanitario denunciando todos estos hechos, además de la precariedad insoportable que está sufriendo y la enorme desconsideración profesional ante sus bajos salarios en el sector. En este sentido, médicos de familia han denunciado que no se trata de “un reajuste sino un progresivo desmantelamiento de la Primaria”. Recordando que los servicios de urgencia permanecen cerrados en los centros de salud desde hace más de un año. Consecuencia directa de la apertura mediática del hospital de campaña de IFEMA, que supuso un enorme desvío de recursos a empresas de Florentino Pérez en su ejecución -con costes muy superiores a lo que supone un hospital en un año de actividad- y que supuso la derivación de personal médico de los centros de primaria a IFEMA. Desde ese momento, se dejó de atender en los mismos las noches, festivos y los fines de semana, es decir, todas las urgencias. Lo que sigue sin recuperarse pese al cierre de IFEMA.

La ratio de Madrid de pacientes/médico supera con creces la establecida por el Ministerio de Sanidad en 2019. En Madrid es de 1.657 mientras Sanidad lo fijó en 1.500 enfermos. Pero es que hay centros del sur de la capital, los más populares, que tienen la ratio en 2.500 pacientes. Lo mismo sucede en enfermería donde la tasa media en el Estado español es de 1.547 y en la Comunidad de Madrid alcanza los 1.879 pacientes.

Los innumerables puestos sin cubrir en los centros de salud son una constante. En Carabanchel, por ejemplo, que no hay médicos por las tardes, en Vallecas con el 50% de la plantilla únicamente en algunos turnos y muchos de los centros con entre un 15% y un 20% menos de la plantilla adscrita, que ya se por sí era escasa.

Por ello, y sin esperar nada del Gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos, para luchar contra la degradación y el desmantelamiento de la sanidad pública se hace imprescindible derogar la ley 15/97, expropiar sin indemnización la sanidad privada y ponerla junto con la pública bajo la gestión exclusiva de los trabajadores y usuarios único modo real de defender una sanidad pública, digna y de calidad. Algo que solo se conseguirá con la lucha unitaria y decidida en la calle del conjunto de la mayoría social junto a las y los trabajadores de la sanidad.






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