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CRISIS POLÍTICA EN BRASIL

Brasil: la comisión de impeachment a Dilma acelera el proceso

El diputado Jovair Arantes (PTB), a cargo del informe de la comisión parlamentaria que evalúa el impeachment a Dilma dijo que habría indicios de que la presidenta cometió un “crimen de responsabilidad”.

Viernes 8 de abril de 2016

La discusión del informe que prepara la comisión de diputados sobre la continuidad del proceso de impeachment a la presidenta Dilma Rosseff, comienza el próximo viernes (8) y podrá continuar durante el fin de semana. Existen hasta el momento 113 diputados anotados para hablar. Más parlamentarios podrán inscribirse al comienzo de la próxima reunión de comisión. Los miembros de la comisión tienen 15 minutos para pronunciamientos, mientras los no miembros tienen 10. La votación del informe será el próximo lunes (11).

El diputado que presentó el proceso de impeachment a la presidenta Dilma Rousseff en la Cámara, Jovair Arantes (PTB de Goiás), concluyó en su exposición que hay "indicios mínimos" de que la petista cometió crímenes de responsabilidad. Él cita la apertura de créditos suplementarios por decreto presidencial sin autorización del Congreso, la contratación ilegal de operaciones de crédito.

"Del análisis de la admisibilidad jurídica y política de la Denuncia de la que se trata, se verifican indicios mínimos de que la Presidente de la República, Sra. Dilma Vana Rousseff, practicó actos que pueden ser encuadrados en los siguientes crímenes de responsabilidades", afirma Jovair.

Según Jovair, "la denuncia reúne todas las condiciones jurídicas y políticas relativas a su admisibilidad". El diputado cierra diciendo que están dadas las condiciones para "la instauración, por el Senado Federal, del proceso por crimen de responsabilidad impulsado por los Señores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Junior y Janaina Conceição Paschoal contra la Sra. Presidente de la República, Dilma Vana Rousseff".

El diputado, que está a cargo de presentar el informe de la comisión, resalta que no tomó en consideración que "existen otras cuestiones de elevada gravedad, presentadas en la denuncia, y que el Senado Federal, en el ejercicio de su competencia de proceder a nuevo juicio de admisibilidad para instauración o no del proceso, es decir, de recepción o no de la denuncia autorizada por la Cámara, podrá eventualmente evaluarlas, si así lo entendiese".

Ya al comienzo de su informe, Jovair intentó esquivar los rótulos consecuentes de su decisión. "La misión no fue fácil. Algunos me dirán "héroe", otros "villano y golpista". Esos rótulos, sin embargo, no me preocupan", afirmó. "El proceso del impeachment no es golpe de Estado, en la exacta medida que busca preservar los valores ético-jurídicos y político-administrativos consagrados en la Constitución Federal de 1988".

Trata así de responder a José Eduardo Cardozo, jefe de la AGU (Abogacía General de la Unión, ente estatal de asesoramiento jurídico del Estado), quien había dicho que un golpe es " la ruptura de la Constitución, golpe es la negación del Estado de Derecho, no importa si es hecho por las armas, si es hecho con cañones o con bayonetas caladas, o si es hecho con una simple fisura de la Constitución. Sin base fáctica, es golpe".

Jovair Arantes es un personaje cercano a Eduardo Cunha (jefe de la cámara de diputados, miembro del PMDB y acusado en los escándalos de corrupción), incluso considerado por este último para ser su sucesor en la presidencia de la Cámara. Ex tucano (PSDB), Arantes era parte del ala del PSDB que sostuvo por años al gobierno del PT en la Cámara. Una muestra más entre tantas de que los gobiernos petistas abrieron el camino al fortalecimiento de esta derecha que busca aprovechar la crisis política para, a través de maniobras reaccionarias que hacen el juego del impeachment con el poder judicial, lavarle la cara al régimen para aplicar ajustes todavía más duros que el que ya viene siendo aplicado por el gobierno del PT.

Por su parte el “partido judicial” no ha decidido aún cuándo irá a votación su recurso contra la asunción de Lula, manteniéndose en la táctica de la “postergación” de las decisiones. El Supremo Tribunal Federal transfiere las responsabilidades en la resolución de la crisis, dándole la oportunidad a que Lula busque componer sus 172 votos contra el impeachment, o que la oposición logre mayoría a favor del mismo. Al mismo tiempo, el poder judicial se ubica como árbitro en la crisis. En breve tendrá que decidir sobre las posibles salidas que propone la oposición ante las dudas de que el impeachment obtenga mayoría. Entre esas decisiones se encuentran la constitucionalidad de una enmienda por el parlamentarismo o la de una enmienda para el adelantamiento de las elecciones.

La crisis política brasilera es cada vez más profunda, y se hace urgente exigir que las centrales sindicales como la CUT y la CTB rompan su subordinación al gobierno y la parálisis que imponen a cualquier lucha de los trabajadores contra "su gobierno" y poner en pie un movimiento nacional contra el impeachment, las variantes de golpes institucionales provenientes del poder judicial y los ajustes del gobierno del PT, para imponer por la fuerza de la movilización una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, que pueda cuestionar todas las reglas del juego de esta democracia "del soborno, la bala y los Panamá papers", castigar a los corruptos, elegir a los jueces, decidir los salarios de los políticos e imponer la revocabilidad de todos los mandatos de los políticos y del poder judicial.






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