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Brutal recorte en el transporte por carretera: Vigo y Lugo se quedan sin conexión directa diaria

Como parte de un plan de recorte de líneas de la Xunta, Vigo y Lugo se quedan sin transporte público directo diario por carretera. El servicio, en manos de Monbus, se reduce a dos días el fin de semana, disminuyendo la calidad del servicio y poniendo en riesgo puestos de trabajo y condiciones laborales.

Jacobo A. García

@Jacobscarface

Lunes 19 de febrero de 2018 | 20:46

La Xunta está reestructurando progresivamente las líneas de transporte por carretera en toda Galicia. Excepto en las principales áreas metropolitanas, esto está suponiendo una supresión general de los servicios. Monbus renunció a su concesión anterior pero el Gobierno gallego se la volvió a otorgar obligando sólo a prestar el servicio con trasbordos en Pontevedra. La empresa sólo hará el servicio directo los viernes entre Lugo y Vigo y los viernes y domingos entre Vigo y Lugo.

El servicio de autobús entre Lugo y Vigo venía siendo prestado por Monbus, propiedad de Raúl López, investigado en el caso Cóndor, y principal empresa de transporte por carretera de Galicia. Esta empresa, al igual que hicieron otras empresas con líneas de ámbito comarcal, renunció a varias de las concesiones que tenía argumentando que no eran rentables, lo que hizo que la Xunta las volviera a licitar con otras condiciones y que Monbus volviera a resultar el principal receptor de esas nuevas concesiones. Una situación similar la que ocurrió con dos grandes líneas interurbanas, A Coruña-Vigo y Lugo-Vigo, también en manos de Monbus.

La situación resulta indignante, siendo Lugo una ciudad de casi 100.000 habitantes, alejada del resto de las ciudades gallegas al menos 100 km, y con malas conexiones ferroviarias y por carretera. Solamente existe conexión ferroviaria entre Ourense y Lugo, y entre A Coruña y Lugo, casi siempre con la necesidad de hacer trasbordos. El nuevo recorte en la línea directa de autobús supondrá una merma evidente de la calidad del servicio, además de una desigualdad inadmisible con respeto las personas que viven en el eje atlántico. Por otra parte, esta decisión puede poner en riesgo los puestos de trabajo, así como reducir las condiciones laborales de los trabajadores.

El plan de la Xunta, iniciado en abril del 2017, pretendía la eliminación de 578 líneas, y suponía al menos 1000 despidos, fue duramente contestado por una huelga indefinida de dos días por semana desde finales de Junio del año pasado. Después de un mes de lucha, sindicatos, empresas y la Xunta llegaron a un acuerdo que mantuvo los puestos de trabajo pero supuso una bajada del sueldo. Sin embargo, aunque con retraso, el gobierno gallego está cumpliendo su plan de recorte en colaboración con las grandes compañías del sector.

El interior y el rural gallego están sufriendo una despoblación muy acentuada en las últimas décadas. La crisis capitalista no hizo más que acelerar el proceso. La falta de oportunidades laborales, y los servicios sociales cada vez más deficientes, obligan a millares de jóvenes a emigrar hacia la costa, o hacia otras zonas del Estado español y el extranjero. En la provincia de Ourense, por primera vez en su historia se registraron en el 2017 más pensionistas que trabajadores cotizantes a la seguridad social. En Lugo los pequeños propietarios ganaderos están en todo momento al borde de la ruina, siendo forzados por las grandes superficies a vender la leche casi a precio de coste.

Frente a esto, el gobierno gallego no hace más que “soltar lastre”. Lejos de preocuparse de las necesidades de la población, favorece con sus leyes y acciones los intereses de las empresas, que no quieren perder dinero con servicios “no rentables”. Además, intenta reducir el gasto, como pretende la nueva “Ley Gallega de Salud”, que recibió una dura respuesta en una grande manifestación el 4 de Febrero en Compostela, y es parte del plan por el desmantelamiento de los hospitales en las villas del interior, mediante la reducción del número de áreas sanitarias. Y supone un paso más en el proceso privatizador de la Sanidad Pública.

Por otra parte, la “Ley de Depredación de Galicia” permite la expropiación forzosa de terrenos cuando la inversión de la empresa sea superior a los 20 millones de euros. El gobierno gallego está vendiendo nuestra tierra por partes a las grandes multinacionales mineras y otras grandes empresas. Mientras tanto, vemos como todo territorio gallego, en mayor o menor medida se ve afectado por los incendios año tras año. Las grandes empresas papeleras, mineras, y las de producción energética, se ven favorecidas por la despoblación y el envejecimiento de la población. Ya que encontrarán menos resistencia contra la degradación ambiental y la sus consecuencias sociales y de salud.

Pero en las ciudades y grandes villas más de la costa a situación no es ni mucho menos ideal. Mientras en el interior lo que domina es el paro de masas y la despoblación, en las grandes ciudades la precariedad generalizada, la bajada de los salarios, la inflación, los problemas de habitabilidad y el deterioro de todos los servicios públicos afectan a cientos de miles, y todavía más a las mujeres y a los jóvenes.

Mientras el servicio de transporte público cada vez es peor, se anunció una subida del 4 % en el 2018 en el peaje de la Autopista del Atlántico, subiendo más el coste de viajar en vehículo privado. La excusa fue la realización de obras como la del [Puente de Rande>https://www.izquierdadiario.es/otro- trabajador- herido-por-lana-obra-de él- puente-de-Rande? id_rubrique=2653], que costó 130 millones de euros. Una obra en la que murió un trabajador y varios resultaron heridos debido a los ritmos extenuantes de trabajo. Sin embargo, meses después de su inauguración, a finales del año pasado, las obras continúan, reduciéndose el tráfico entre 2 y 4 carriles, frente a los 6 carriles prometidos que pretendían hacer más fluido el transporte por autopista.

Por todo esto, consideramos que es necesario organizarnos para dar la batalla por un transporte público digno para Lugo y para toda Galicia. Es inadmisible que las empresas concesionarias y el gobierno pretendan maximizar sus beneficios rebajando las condiciones laborales de los trabajadores y mermando cada vez más un ya deficiente servicio. En oposición a esto, nosotros proponemos el aumento de las flotas de autobuses y trenes junto con el abaratamiento de los costes para incentivar el transporte público frente al privado. Además, frente a las largas jornadas y los bajos salarios, planteamos la necesidad de repartir el trabajo, reduciendo la jornada laboral.

Los sindicatos mayoritarios como CIG, CCOO o UGT deberían llamar a la más amplia movilización de los trabajadores del sector, así como como la unificación con resto de los sectores. En lo inmediato, es necesario conservar todos los puestos de trabajo y condiciones laborales, al tiempo que satisfacer toda la demanda. Pero el pueblo gallego se merece un nuevo modelo de transporte. Uno que vincule los núcleos rurales con los urbanos, que sea ecológicamente sostenible, genere miles de puestos de trabajo y sirva como nexo de unión de la sociedad.






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