Política Estado Español

ACUERDO INVESTIDURA

CUP: “El inminente acuerdo de investidura supone un retroceso para los derechos de los pueblos y las trabajadoras”

Para la CUP, el acuerdo de investidura “No sitúa el derecho de autodeterminación, la amnistía para las personas represaliadas y los derechos sociales como ejes principales” para resolver el conflicto del Estado con Catalunya.

Jueves 2 de enero | 10:03

Entre los sectores que critican y rechazan el acuerdo de gobierno de PSOE y Unidas Podemos, la izquierda independentista catalana, la CUP-PR (Candidatura d’Unitat Popular per la Ruptura), en su reciente comunicado ha declarado que “el inminente acuerdo de investidura supone un retroceso para los derechos de los pueblos y las trabajadoras”.

Por otro lado plantean que como anticapitalistas recuerdan que “el acuerdo de investidura se da en un contexto de altísima represión donde el Estado español sigue instrumentalizando los aparatos judiciales y policiales en función de sus intereses”.

La crítica de la CUP también apunta a ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) por apoyar un “pacto de estabilidad institucional” al nuevo gobierno de coalición entre PSOE y Podemos “mientras que el poder judicial juega con los tiempos de publicación de la resolución que puede comportar la inhabilitación del President de la Generalitat Quim Torra, con el posicionamiento del Tribunal Supremo respecte al eurodiputado Oriol Junqueras o con la salida de algunos detenidos del 23 de septiembre”.

La CUP reafirma un NO a Pedro Sánchez y al gobierno de coalición ya que “facilitar la gobernabilidad al Estado no aportará soluciones ni para frenar la represión no para el ejercicio del derecho a la autodeterminación, ni tampoco en materia de políticas sociales que estén a la altura de las necesidades de las clases populares de todo el Estado”.

Por el contrario, para la CUP bajo este gobierno continuará la represión y se reforzará la vulneración sistemática de derechos y además “hacer creer que una reforma del Estado es posible comporta un riesgo de estancamiento en la desmovilización evidente y contribuir a la estabilidad del Gobierno español a cambio de gestos simbólicos desplaza del centro el debate del derecho de autodeterminación”.






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