ECOLOGÍA

Cantabria: un megaproyecto eólico que atenta contra la vida y solo beneficia a las empresas

La consejería de Industria del Gobierno de Cantabria pretende instalar alrededor de 700 aerogeneradores sin tener en cuenta los impactos ambientales y sin tomar en consideración la opinión del pueblo trabajador. Miles de personas ya se han manifestado contra este plan.

Claudia Cao

Santander

Lunes 6 de septiembre | 07:14

Foto: Roberto Ruiz / El Diario Montañes

El Proyecto incluye la producción de 1.400 MW en la Comunidad Autónoma, en lugar de los 300 MW inicialmente previstos, lo que supondrá la instalación de más de 700 molinos (de 2 MW cada uno), que afectan a los municipios de Campoo, Pas, Miera, Pisueña, Trasmiera, Luena o Asón-Agüera. Un plan desproporcionado, precipitado e insostenible, por los graves daños ambientales, paisajísticos, económicos, sociales y culturales que va a ocasionar la degradación de nuestro medio natural.

Este proyecto se ha impuesto sin redactar un Plan Eólico, incumpliendo el Convenio Aarhus que obliga a que exista una participación del tejido social, teniendo solamente en cuenta los intereses de las grandes empresas y sin someterse a evaluación ambiental. Además, el Gobierno de Cantabria no tiene un Plan Regional de Organización del Territorio (PROT) para establecer que uso de la tierra son más recomendables o están permitidos en cada zona de la comunidad, atendiendo a razones económicas, sociales y ambientales.

Organizaciones como ARCA, ADIC, Asociación ARCERA, Cantabria Nuestra, Federación ACANTO, Foro Becedo, Fundación Naturaleza y Hombre, Mortera Verde, SEO / Birdlife y Revista Cantárida formaron la Plataforma para el Desarrollo Racional de la Energía Eólica y convocaron varias movilizaciones durante este verano: desde charlas informativas y concentraciones en varios pueblos del sur de la región como Reinosa, que acogió alrededor de 600 personas de distintas comarcas, llegando a marchas y manifestaciones por toda la comunidad y llevando el movimiento hasta Santander, donde el pasado 21 de agosto 200 personas se concentraron en la capital cántabra para oponerse a este proyecto bajo el lema "Así no: nuestros pueblos, para vivir". Estas organizaciones piden la tramitación de un auténtico Plan Eólico que se someta a evaluación estratégica ambiental y que cuenta con transparencia y participación social. Todos señalan que "sin ordenación del territorio ni evaluación ambiental de conjunto, el modelo eólico atenta contra los intereses de la población y solo beneficia a empresas extractivistas".

Se oponen al megaproyecto por el impacto paisajístico que tendrá, así por el impacto ambiental que puede causar con la construcción de carreteras, o el daño que puede hacer a las comunidades de aves y la reducción de la biodiversidad que puede causar en la zona, así como la destrucción de hábitats por la propia construcción de la infraestructura y la despoblación que sufren los habitantes del medio rural mediante la apropiación de territorios particulares para la construcción de los molinos. Consideran que esto sólo beneficiará a las grandes empresas eléctricas y que el impacto económico puede ser negativo para estos valles, ya que perderán su valor paisajístico y su patrimonio cultural.

El polígono eólico del Escudo afecta al territorio de los municipios de Campoo de Yuso, Luena, San Miguel de Aguayo y Molledo, y prevé la instalación de un complejo industrial con 36 aerogeneradores junto a una zona natural catalogada de “especial conservación” (ZEC) y otra “de especial protección para las aves” (ZEPA). Además, en esa zona se encuentra el mayor escenario arqueológico de las Guerras Cántabras, así como turberas de alto valor medioambiental incluidas en el Catálogo de Paisajes Relevantes de Cantabria.

Cantabria No Se Vende denuncia el "tráfico de influencias" de la Asociación Eólica con el Gobierno autonómico y autoridades locales que denuncian desde CNSV. Según sostienen en un comunicado, en plena oleada de tramitaciones eólicas que "amenazan" el rural cántabro, la Asociación Eólica de Cantabria ha organizado en Soba su asamblea general con presencia de autoridades y participación de los directores generales de Industria, Energía y Minas y Biodiversidad, Medio Ambiente y Cambio climático. Así, critican el "trato desigual" que el Ejecutivo regional tiene con los vecinos afectados y las empresas responsables del "caos eólico", y ha presentado una queja formal ante las direcciones del Gobierno participantes en el acto.

Esto es parte de un problema mayor que afecta a otras comunidades como Cantabria, sino que se unen también Galicia, Asturias, Zamora, León, Palencia, Burgos, Euskadi, Navarra y La Rioja, que concentran ya más de 8.000 molinos eólicos y esperan que próximamente comiencen a implantarse un número aún mayor debido al auge de este tipo de energías y a las buenas características de la Cordillera Cantábrica para su utilización. Así, estas plataformas realizaron un “crowdfunding” para crear el ’Fondo para la Defensa Jurídica de la Cordillera Cantábrica’ en el que reunieron 50.000 euros. Además de una manifestación convocada para el 16 de octubre que tendrá lugar en Madrid convocada por Aliente, que integra más de 150 asociaciones distintas para dar mayor eco a este problema.

Una alternativa anticapitalista a la falsa “transición verde”

Este tipo de megaproyectos se justifican debido a la urgencia material de reducir las emisiones y producir energía de forma renovable. Pero lo cierto es que la lógica capitalista produce que esto no sea más que un parche, y no una verdadera solución al problema. Los Fondos “Next Generation” europeos, destinados a la “reconstrucción” de la economía después de la pandemia, tienen entre sus condiciones realizar pasos hacia la transición energética. Estos fondos se los van a llevar en bandeja las principales empresas contaminantes del país, como Naturgy, Endesa o Repsol. Así, los fondos públicos se van a usar para financiar la transición verde a las grandes empresas y mantener sus ingentes beneficios, mientras el precio de la luz sigue subiendo constantemente.

Por eso consideramos que la primera medida para realizar una transición energética socialmente justa debe ser la nacionalización bajo control de los trabajadores de todas las empresas de producción eléctrica. Para que una vez que su propiedad sea pública, exista un debate social para evaluar cuál es la mejor forma para producir la electricidad que exige la demanda, y tener el menor impacto posible, protegiendo especialmente las zonas que tenga una gran valor natural, paisajístico o cultural.

Esto puede pasar por la descentralización de la producción eléctrica, ya que gran parte se pierda en el transporte a grandes distancias. Así en cómo mejorar la eficiencia de los aparatos eléctricos para que consuman menos electricidad. De todas formas, consideramos que todas estas decisiones técnicas sólo pueden ser realizadas en favor del pueblo trabajador y si la producción energética no está en manos de un puñado de capitalistas que sólo buscan seguir aumentando sus beneficios.

Otra de las medidas que se podrían realizar es la creación de una verdadera ordenación del territorio, prohibiendo determinados usos del suelo en ciertas zonas. Dividiendo la tierra para la producción ganadera, agrícola, energética, espacios naturales protegidos, etc. Todo ello intentando conciliar los intereses de la clase trabajadora y sectores populares con la protección ambiental, atendiendo a las características del suelo y del entorno.

Para pelear por un programa así, necesitamos más y mayores movilizaciones. A la fuerza de los vecinos afectados y las organizaciones ecologistas, debemos de sumar la del conjunto de la juventud y la clase trabajadora cántabra para defender su tierra. El 24 de septiembre hay convocada una huelga climática global, es una gran oportunidad para mostrar nuestro rechazo a este megaproyecto, y plantear una alternativa para que la crisis ambiental la paguen los capitalistas.

Es por eso por lo que luchamos los que escribimos en Izquierda Diario y participamos de la organización juvenil Contracorriente, en Cantabria y en el resto del Estado. Porque queremos construir una juventud feminista, anticapitalista, ecologista y revolucionaria, que lucha junto con la clase trabajadora para acabar con la explotación y contra todo tipo de opresión.






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