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Caso mascarillas: cada vez más en duda la existencia de San Chi Choon

El juez del caso mascarillas obliga ahora a San Chi Choon a declarar en la capital madrileña presencialmente para ratificar el testimonio dado telemáticamente. En caso contrario, su declaración no tendría ningún valor en el proceso judicial, tal y como declaran fuentes a las que ha accedido eldiario.es

Irene Olano

Miércoles 14 de septiembre
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El juez instructor del caso mascarillas habría comunicado al empresario de Malasia que su declaración que exculpa a Luceño y Medina no tiene valor probatorio si no declara presencialmente en España ratificando la comunicación.

Alberto Luceño y Luis Medina están siendo investigados por su vinculación con la venta de material sanitario defectuoso en mitad de la pandemia. Operación por la que se embolsaron un millón de euros y en la que estaría implicado el propio alcalde de Madrid.

José Luis Martínez-Almeida, que se puso en contacto con Medina cuatro días antes de la operación compró material inservible para los hospitales muy por encima del precio de mercado; sin embargo está fuera de la investigación judicial en otro ejemplo de cómo los partidos del régimen salen indemnes y de cómo la justicia en un estado capitalista no es, ni puede ser, igual para todos. El alcalde niega relación alguna con los dos sujetos imputados en el caso.

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Luis Medina, hijo del duque de Feria y Naty Abascal, modelo de alta costura, constaba como administrador único de dos sociedades: una de la que no refiere actividad alguna y otra que no presenta cuentas. Con Alberto Luceño impartió formaciones en las que ambos destacaban valores como la honestidad, la generosidad, la humildad y la integridad en el puesto de trabajo.

En el momento en que comenzó a investigarse el caso, alguien identificado como San Chin Choon escribió al juez del caso mascarillas exculpando a Medina y Luceño, actitud ante la que el juez no se considera conforme ya que, hasta el momento, no ha logrado que el empresario malayo dueño de la empresa Leno declare de forma que su testimonio quede grabado en vídeo o por videoconferencia.

Del supuesto empresario solo ha llegado documentación y correos electrónicos, algo que no le parece suficiente al juez porque considera que no se corresponde a los estándares que marca la ley para considerarlo una prueba válida. Situación que se ve agravada por la necesidad de un traductor oficial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Por el momento, el empresario se ha negado, según declaraciones de las autoridades malayas, a declarar de forma que su testimonio quede grabado de cualquier forma. Acto seguido, el empresario o alguien que se hace pasar por él, envió documentación en la que afirmaba que los comisionistas no inflaron los precios de los productos sanitarios vendidos al Ayuntamiento.

La Agencia Tributaria se ha incorporado al caso debido a que Medina y Luceño gastaron el dinero de las comisiones en diversos bienes que ya no constan en su haber, en lo que Hacienda considera una operación fraudulenta para ocultar las ganancias de las comisiones. Tanto es así que los comisionistas se declararon insolventes e incapaces de afrontar el embargo impuesto por la Fiscalía.

Lo que queda claro con todo el caso mascarillas es que se está empleando la corrupción, como tantas otras veces, como un mecanismo de funcionamiento habitual y legítimo. Incluso aunque la justicia condene a los dos empresarios, los responsables del Ayuntamiento quedan indemnes, como han quedado tantísimos cargos de los partidos del Régimen antes. La corrupción no es cosa de un caso aislado, sino el funcionamiento normal del sistema, que solo sirve para seguir aumentando del beneficio de quienes eran ricos antes.

Prueba de ello es que el propio Medina no es más que el heredero de una aristocracia podrida y al servicio de los intereses del Régimen y de la Corona, que también utilizan la corrupción a su antojo. Es necesario acabar con las corruptelas de toda esta “casta política” planteando una política que haga temblar las bases en que se cimenta, como que cada cargo público electo solo pueda cobrar el salario de un profesor de primaria, tal y como se estableció en la Comuna de París de 1871.

También que todos los cargos sean inmediatamente revocables por los electores. Son medidas democráticas y sencillas, pero su consecución total es imposible en este sistema. Por eso nos abren la puerta a plantear que necesitamos otro.

Uno donde ni los reyes, ni la Iglesia, ni la casta política ni los empresarios tengan en su poder la salud, la vida y la riqueza del resto de la población, sino donde la clase trabajadora, los pueblos ahora oprimidos, las mujeres, la juventud y otros sectores tomen el futuro en sus manos y acaben con un régimen de privilegio que los condena a la explotación y la pobreza.


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Irene Olano

Madrid

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