En el país existen, según Fundación Chile, 742 relaves mineros (entendidos como cúmulos de desechos del proceso productivo minero), de los cuales 104 se encuentran activos, 463 inactivos y 173 abandonados. Estos últimos no cuentan con ningún tipo de fiscalización ni medidas de mitigación, por lo que se han transformado en pasivos ambientales no solo de la empresa minera que los produce, sino del país en su conjunto y, más precisamente, de la localidad en el que se encuentran emplazados.
En una investigación llevada por los sociólogos Iván Ojeda y Fernando Campos, bajo el alero del Laboratorio de Sociología Territorial (LST) de la Universidad de Chile, se explica que debido al aumento progresivo en la acumulación de relaves en los distintos territorios en donde operan las mineras, se hace necesario aumentar los estándares de las medidas públicas para abordar este creciente problema medioambiental.
Cada día, en Chile se acumulan desechos del proceso extractivista minero en relaves equivalentes al cerro Santa Lucía (2.572.263 toneladas). Los principales metales pesados que se encuentran en ellos son el arsénico, el plomo y el mercurio, los cuales son altamente tóxicos para el entorno natural que rodea dichos relaves y dañinos para la salud de los habitantes aledaños a los mismos.
La pregunta que surge es, si se supone que existe un marco institucional y legislación vigente que “regula” el manejo de estos relaves ¿cómo es que existen un amplio porcentaje de ellos en condición de abandono, sin fiscalización ni planificación para remediar su impacto en un plano socio-territorial?
Parte de la respuesta radica en los matices que adquiere el capitalismo dependiente chileno, basado entre otros aspectos, por el deficiente valor agregado que no es preocupación de las elites capitalistas-rentistas, las cuales no buscan invertir en tecnología y capital humano especializado para manufacturar los productos que son altamente cotizados (baterías, cables, chips, entre otros) en base a los minerales exportados.
Por otro lado, estas élites también definen en parte, dónde se ubicarán los costos y ganancias del proceso de producción en la minería, incluyendo con esto la toma de decisiones sobre hacia dónde y en qué momento se definirán los énfasis de la preocupación por los impactos ambientales y sociales que provoca la actividad (siempre reactivos a las presiones sociales y mediáticas de casos puntuales, con soluciones simplistas y cortoplacistas), por supuesto sin dejar de considerar que tales decisiones se encuentran amparadas por el rol secundario que asume el Estado chileno en clave democrática dentro de estos procesos.
Hablar de nacionalización de la industria minera no resulta antojadizo, ya que la solución de este y otros problemas socioambientales sólo ocurrirá si trabajadores y actores locales definen en conjunto la forma de continuar con el proceso productivo, invirtiendo en aquellos factores que sean necesarios para minimizar los impactos de los pasivos ambientales y reinvirtiendo parte de las utilidades en remediar, por medio de una política restaurativa de largo plazo, la acumulación de relaves abandonados a lo largo del territorio nacional.
