En un comunicado firmado por la vicepresidenta de Moody’s Investors Service, Ariane Ortiz-Bollin, se hizo ver la campaña del terror contra la ley que permite el retiro del 10% de fondos de los ahorros previsionales del pueblo trabajador, afirmando que la aprobación de la ley “es un evento que puede sentar un mal precedente desde el punto de vista crediticio soberano (…) La aprobación se dio sin estar de por medio un análisis técnico similar al que regularmente acompaña este tipo de medidas”.

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Acompañando estos argumentos, desde Moody’s afirman que la ley va en una dirección totalmente contraria a lo establecido por el acuerdo entre el oficialismo y la llamada “oposición” para un “plan de emergencia” con un presupuesto de US$12 mil millones para los próximos 24 meses, declarando que: “el acuerdo estableció un monto límite para el nivel de gasto gubernamental adicional que ahora será excedido”.

Agrega además que “en general, la medida pudiera tener implicaciones crediticias negativas para el soberano si es que representa un cambio fundamental en la manera en la que se diseñan y aprueban políticas públicas en Chile”.

Sin embargo, las preocupaciones y las alarmas puestas por el mundo empresarial no pueden ser otra cosa que contradictorias. Por un lado acusan consecuencias catastróficas si se retiran los fondos de pensiones. Sin embargo, nada dicen de la cantidad de dinero que es despilfarrado por el gobierno de Chile, y la gran porción que se llevan los empresarios privados directamente a su bolsillo, o incluso la enorme suma que va dirigida a represión a través de Carabineros o las FF.AA., como los 600 millones de dólares gastará Chile en aviones F-16 durante la pandemia.

Así como la estratosférica suma de ganancias obtenidas por Minera Escondida Limitada entre julio del 2019 y junio del 2020, quienes obtuvieron 1 millón 185 mil toneladas, equivalente a más de USD$5 mil 900 millones, con lo que se podrían financiar salarios de emergencia de $500 mil para una población cuatro veces mayor a la de la región de Antofagasta.

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Se trata de un discurso hipócrita, articulado por los dueños del país y asociados, quienes han dispuesto de sus fuerzas comunicacionales y de sus analistas para desarrollar una verdadera campaña del terror hacia la población, con la excusa de cuidar los bolsillos de las familias, pero con la verdadera razón de fondo de proteger el bolsillo y las chequeras de los pulpos de las AFP, que hacen sus ganancias a costa del robo a los bolsillos de las familias trabajadoras.

Frente a la campaña del terror, y frente a la promulgación de la ley de 10%, hoy más que nunca es necesario ir por más, tal y como lo han afirmado los trabajadores portuarios, y unirnos por el fin definitivo de las AFP, a la par de seguir movilizados por una Asamblea Constituyente Libre y Soberana, sin Piñera y sin la represión del Chile neoliberal y sus guardianes uniformados.

Sin embargo, esto sólo es posible si las grandes centrales sindicales, como la CUT, los sindicatos mineros, y los organismos estudiantiles, como la Confech, la CONES y la ACES, llamen a unificarnos en un gran paro nacional, por nuestra salud, por el derecho al pan, a la salud, a la vivienda y al trabajo. Plata hay y siempre la ha habido, Tenemos que ser la aguja que rompa de una vez por todas la piñata empresarial que se enriquece a costa del hambre del pueblo.