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Continúa la lucha en Alcoa; ¿más ayudas al sector o nacionalización bajo control obrero?

Los trabajadores mantienen las movilizaciones. La empresa sigue amenazando con el despido de 686 personas. Se establecen las primeras negociaciones sin éxito. Las principales instituciones y partidos plantean más subsidios a la empresa para mantener los puestos de trabajo.

Jacobo A. García

Vigo | @Jacobscarface

Miércoles 24 de octubre de 2018 | 18:14

Foto: Twitter

¿Qué significa el cierre de Alcoa?

Alcoa es una empresa estadounidense, la tercera mayor productora de aluminio en el mundo detrás de Rio Tinto-Alcan y Rusal. Introdujo el papel aluminio en 1910 e incorporó el uso del aluminio en las industrias de aviación y automóvil.

En 1998 adquirió la empresa de fabricación de aluminio Inespal, del Instituto Nacional de Industria (INI). Además, los ejércitos son uno de sus principales clientes.

El cierre de las plantas de A Coruña y Avilés, no sólo supondría la pérdida de 686 empleos directos, sino que afectaría a miles de empleos indirectos que dependen de la compañía. Al menos 700 puestos de trabajo de empresas auxiliares y unos 5000 indirectos. Las consecuencias se extenderían a todo el tejido industrial de la zona ya que muchas empresas prestan servicios a la multinacional. Empresas como Reymogasa, Tubacer, Climagal, Maximino Seoane, Dimar, Segasa o Traexla.

Sin ir más lejos Ferrolatlántica, principal productor de ferrosilicatos a nivel mundial, se vería seriamente afectada, ya que Alcoa es su principal vendedor y comprador. Lo mismo ocurriría con la central térmica de Sabón, o el puerto exterior que exporta y recibe mercancía para la compañía.

Continúan las movilizaciones contra la intención de cierre de las plantas de A Coruña y Avilés

Los trabajadores están manteniendo un piquete permanente en la fábrica para evitar la salida de los camiones con el aluminio elaborado, mientras se mantiene la producción. Todos los días, de lunes a jueves, se concentran a las 5 de la tarde delante de la entrada a fábrica para exigir la retirada inmediata del expediente de despido colectivo y el mantenimiento de los empleos.

El lunes 29 a las 17:30 horas está programada una marcha desde Alcoa hasta la Delegación del Gobierno. Además, los empleados de la fábrica coruñesa se trasladarán el 8 de noviembre hasta la fábrica de Avilés para apoyar en una concentración a sus compañeros asturianos.

Por el momento Alcoa se niega a dar marcha atrás en el despido colectivo de 686 trabajadores de las fábricas de aluminio, primario de A Coruña (369) y Avilés (317), queriendo cerrarlas para final de año. Sólo conservaría en España el complejo industrial de San Cibrao, en la provincia de Lugo, con 1.172 empleados, donde elabora alúmina y aluminio primario.

Alcoa aduce pérdidas de 100 millones de euros en los dos últimos años. Una de las razones que esgrime la empresa para cerrar, desde la primera amenaza en 2014, es el alto precio de la electricidad en el Estado español. Sin embargo, la multinacional cobró en subsidios sólo en los últimos 4 años 500 millones de euros. Sobre el dinero que recibió antes hay cálculos que hablan de la exorbitante cifra de 3.000 millones en total durante los 20 años de producción en el Estado.

Los trabajadores aseguran que la empresa estaba preparando el cierre. En 2011 había más de 500 trabajadores en A Coruña (ahora 369), disminuyendo la producción un 30 %. El Comité de empresa afirma que había una estrategia de no inversión para no modernizar las fábricas.

Un mes para negociar

En principio, el próximo miércoles 31 comenzará el período oficial de negociación del expediente de despido colectivo, que durará un mes, en el que la empresa tiene previsto presentar un “plan social”, cuyo contenido se negó a detallar. Definirá las indemnizaciones y posibles recolocaciones.

El pasado martes 23 de Octubre se produjo una reunión en Madrid, con representantes de la empresa, los gobiernos autonómicos asturiano y gallego, los sindicatos y el gobierno central. Rubén Bartolomé, presidente de Alcoa en España se negó a retirar el expediente de regulación de empleo, lo que provocó que los representantes de la federación de Industria UGT, Pedro Hojas y de CC.OO., Agustín Martín, abandonasen la sala. Francisco Conde, conselleiro de Industria de la Xunta de Galicia, pidió a la empresa la retirada del expediente de despido colectivo, y al Gobierno central un marco energético estable y seguro para las industrias. En esta reunión la CIG quedó excluida.

Continúa el calendario de negociaciones, habiéndose desplazado el portavoz de los trabajadores de la factoría coruñesa, Juan Carlos López Corbacho, el pasado miércoles a Madrid para reunirse con el comité de empresa europeo. Hoy jueves tiene lugar otro encuentro con representantes de Alcoa en Europa.

Las “soluciones” de los grupos políticos, más ayudas o el “control” del precio de la electricidad

El Parlamento gallego aprobó el martes por unanimidad una proposición no de ley que insta al Gobierno central a poner en marcha subvenciones a Alcoa y a las empresas con gran consumo de electricidad, pero condicionadas a la viabilidad tecnológica y al mantenimiento del empleo.

La iniciativa anima al Ejecutivo a que mantenga la ayuda de 150 millones a la industria, que el PP había incluido en los de Presupuestos Generales de Estado para el actual año. El Parlamento también insta a que para el ejercicio 2019 y los siguientes se implante un nuevo régimen de compensación por costes adicionales incluidos en el precio de la electricidad. Exige a Alcoa que retire el expediente y se siente a negociar.

Días antes Ana Pontón, portavoz del BNG, había llamado a un “frente de país”, donde todos los partidos del Parlamento gallego se pusiesen de acuerdo en esta cuestión. Su crítica al PP se limitó a la reforma del sector eléctrico del 2013, del gobierno de Rajoy, como causa de los altos precios de la electricidad. Además, defiende una “una tarifa eléctrica gallega”, posición compartida por la CIG.

Por su parte, Luis Villares de En Marea, también ha hecho frente común a favor de la permanencia de la planta pero también de las ayudas, condicionándolas a mantener los puestos de trabajo. Además, plantea que es necesaria la “estabilización del precio de la electricidad” a nivel estatal.

Por la nacionalización bajo control obrero

Como señalamos en una anterior nota, apoyamos totalmente las reivindicaciones de los trabajadores y la permanencia del 100 % de los puestos de trabajo. Además, creemos que la única solución viable es la nacionalización bajo control obrero, que permite conservar los puestos de trabajo, mejorar las condiciones laborales y la modernizar las fábricas.

Ha quedado claro que la empresa no está dispuesta a modernizar sus factorías ni a cumplir los acuerdos de permanencia de puestos de trabajo. Su único interés es reducir costes mientras desmantela su producción en España, y la deslocaliza a otros lugares donde pueda obtener un mayor beneficio. En este sentido, hacer caso del chantaje que nuevamente la empresa está ofreciendo al gobierno, sólo sería un parche más, hasta que la empresa amenazase con cerrar de nuevo.

No podemos apoyar seguir dando millones de euros de dinero público a Alcoa. Ahora la fábrica aduce pérdidas pero se niega a abrir los libros de contabilidad para que todos los trabajadores conozcan la situación real de las cuentas.

Por otra parte, también consideramos que la principal causa del alto precio de la electricidad es el oligopolio de las principales compañías. Para bajar los precios y hacer rentable la actividad de empresas como Alcoa, es necesaria la nacionalización bajo control obrero de todo el sector eléctrico. Medida que permite desarrollar un plan de transformación del sector, hacia modos de producción renovables, al tiempo que garantiza las necesidades de consumo eléctrico de la población.

Sólo la fuerza coordinada de los trabajadores de ambas fábricas y la comunidad, así como de las otras fábricas de la empresa en España, y de las empresas auxiliares puede tumbar el plan de la dirección. Cuanto mayor sea la unidad de los trabajadores y la solidaridad de otros sectores obreros y la sociedad en su conjunto, mayores serán las posibilidades de vencer y tumbar el plan de ajuste de la patronal.






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