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Crece 520 % el contagio de Covid-19 entre migrantes detenidos en EE. UU.

Los migrantes se encuentran más expuestos a los contagios debido a la falta de derechos sociales y políticos, tanto en sus países de origen, como en los de tránsito y de llegada, causando un deterioro significativo en su salud. Las autoridades deben frenar las detenciones y expulsiones en su contra.

Diana Bruja Palacios

Jueves 20 de enero
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Ante la rápida propagación del Ómicron en las primeras semanas del año, el contagio entre migrantes está descontrolado, pues de 285 casos confirmados el 3 de enero de 2022 por autoridades de la Agencia de Migración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), ya para el 14 de enero sumaban 1,766 contagios, lo que resulta en un 520 % de incremento.

Esta situación puede impactar a corto plazo en los países de expulsión, como México. Aunque es más alta la vulnerabilidad entre las y los migrantes que padecen la discriminación estructural y sistemática con más políticas racistas y xenófobas, las autoridades estadounidenses están deportando a cientos de migrantes diariamente, aplicando el Título 42 o con su programa racista y xenófobo Quédate en México, reimplementado el mes pasado desde la Casa Blanca con acuerdo del gobierno mexicano.

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Los cuerpos represivos de los estados, como la Border Patrol del lado estadounidense y la Guardia Nacional del mexicano, junto con los funcionarios de las agencias o institutos de migración, detienen a los migrantes en los cruces fronterizos donde, además de mantenerlos sometidos durante largas horas, luego los llevan a los centros de detención que, como ya hemos señalado anteriormente, parecen verdaderos campos de concentración, y deben esperar semanas o meses para que las autoridades resuelvan sus peticiones de asilo.

El riesgo para las y los inmigrantes –quienes buscan nuevas oportunidades de trabajo para acceder a una vida libre de violencia, de pobreza y de explotación– es mayor en los centros de detención y albergues debido a la falta de protocolos sanitarios indispensables, ya que son espacios cerrados, pequeños y comunes donde es difícil mantener la sana distancia, además de que no se aplican testeos preventivos antes de expulsarlos; se sabe, además, que las personas detenidas no cuentan con el cuadro completo de vacunación contra el Covid-19 ni cuentan con insumos suficientes para evitar el contagio durante su estancia y tránsito.

Cabe señalar que, el 22 de abril de 2020, un mexicano deportado de Estados Unidos fue la fuente sospechosa de un brote de Covid-19 detectado en un refugio en la ciudad de Nuevo Laredo, según autoridades mexicanas; el Departamento de Salud de Tamaulipas informó, en aquella ocasión, que fueron quince personas afectadas en el primer brote en nuestro país vinculado con las expulsiones donde, también, el gobierno de Guatemala informó que, al menos, 50 migrantes deportados de Estados Unidos habían dado positivo.

Es así como, desde el inicio de la pandemia, más de 32 mil migrantes bajo resguardo del ICE han dado positivo al virus. Según Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, “desde el 15 de marzo retornan diariamente a cientos de migrantes a nuestro país y seguro también algunos de ellos estarán infectados” dijo para Excélsior.

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La salud es un derecho universal

Resulta muy alta la vulnerabilidad entre sectores de la población que se encuentra en situaciones de discriminación estructural y sistemática, como es el caso de las y los inmigrantes; su condición se agrava debido a que no cuentan con derechos políticos y sociales, como el acceso a la salud pública o la falta de un trabajo donde perciban un salario para comprar los insumos básicos y comida, ya no digamos para tener una vida digna.

Mientras, las autoridades mexicanas continúan subordinadas a las órdenes imperialistas, garantizando más militarización en las fronteras, más detenciones y expulsiones sin protocolos sanitarios y dándole un trato a los inmigrantes como si fueran personas de segunda, manteniéndolos superexplotados y en condiciones de semiesclavitud, en lugar de garantizar sus derechos humanos, que son letra muerta en los tratados internacionales.

Para que los derechos políticos y sociales de quienes migran sean garantizados, es necesario forjar un movimiento de la clase trabajadora a ambos lados de la frontera, con independencia de los partidos políticos del régimen, para luchar contra la xenofobia y el racismo, en unidad con el movimiento de mujeres, los jóvenes combativos, los campesinos e indígenas pobres, que luchen contra las políticas racistas y xenófobas de los gobiernos, pues somos quienes podemos imponer el libre tránsito y la apertura de todas las fronteras del mundo, así como el acceso universal a la salud.


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Diana Bruja Palacios

Profesora y escritora.

Maestra de secundaria, Agrupación Magisterial y Normalista Nuestra Clase

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