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División en el Gobierno ante la propuesta de Yolanda Díaz de limitar los precios de algunos alimentos

La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz, en pleno lanzamiento de su proyecto político “Sumar”, insiste en un acuerdo de contención de precios de una lista limitada de alimentos básicos negociado con las grandes multinacionales distribuidoras de alimentos. El PSOE y hasta Podemos, socios de en la coalición de Gobierno, se oponen. Los límites de una propuesta electoralista y la necesidad de luchar por un verdadero control de precios sobre todas las cadenas de productos esenciales mediante comités de trabajadores y consumidores.

Juan Carlos Arias

Martes 6 de septiembre
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Se ha abierto de nuevo la caja de los truenos en el seno del Gobierno de coalición ante la propuesta de Yolanda Díaz, realizada el pasado lunes en una entrevista periodística, de limitar el precio de una lista muy reducida de alimentos básicos, aún por concretar. Rápidamente el PSOE, e incluso Podemos, los otros socios de IU en el Gobierno, se han ubicado frontalmente en contra de la propuesta.

Una división que va más de competencia política ante la apertura de un nuevo ciclo electoral que de contenido, puesto que la iniciativa de Díaz no saca los pies del plato neoliberal del Gobierno. Para ser claros, a la ministra no le ha dado ningún ataque de radicalidad política en beneficio de las clases populares. Su propuesta no va más allá de la ilusoria (o cínica, según se quiera interpretar) intención de negociar con las grandes multinacionales del sector de la alimentación para que acuerden “voluntariamente” limitar el precio de unos pocos productos básicos de la cesta de la compra.

Dicho de otro modo, la ministra de Trabajo confía en que las mismas empresas multinacionales que se vienen forrando con la crisis inflacionaria, especulando desaforadamente con los precios de los alimentos más esenciales con la excusa de la guerra de Ucrania y golpeando contundentemente desde hace meses los niveles de vida de las clases populares, van a aceptar voluntariamente algunas limitaciones en los precios y, por ende, en sus desorbitados beneficios.

La carestía actual es sobre todo fruto de la especulación empresarial

La especulación actual es monstruosa. Los márgenes de beneficio respecto al precio de origen del productor en relación a la venta minorista en los supermercados no dejan lugar a dudas: un 575% en la patata, un 887% en la naranja, o un 503% en la sandía. Solo tres ejemplos, entre otros muchos, que configuran una subida global de los alimentos muy por encima del 10,4% del IPC total en el que actualmente se sitúa, según el último dato adelantado del mes de agosto.

Todo esto ante las mismas narices del Gobierno “más progresista de la historia” que, para luchar contra la subida de precios, se limita a reducir el IVA de los productos energéticos, dar una ayuda generalizada sin distinción social para reducir el precio de los carburantes, y disminuir otros impuestos a la electricidad. Pero, en cualquier caso, sin tocar un ápice de los intereses capitalistas empresariales y sin poner límite alguno a la sacrosanta propiedad privada de sectores estratégicos como la energía o la alimentación, garantizando a machamartillo la libertad de mercado y la sobre especulación que la situación de la crisis y la guerra de Ucrania han generado.

Lo que ocurre es que los denodados esfuerzos del Gobierno para contener los precios por las vías económicas neoliberales se están viendo desbordados por la realidad especulativa de las grandes multinacionales, haciendo que fracase rotundamente en sus objetivos de reducción de precios. En agosto la inflación global bajó apenas 4 décimas (a 10,4%), con la contrapartida de una subida de la inflación subyacente -la que deja fuera alimentos y productos energéticos por ser más volátiles-, de tres décimas hasta alcanzar el 6,4%, lo que indica que los precios están subiendo de manera generalizada. Mientras tanto, los salarios apenas han subido una media del 2,6% y mientras los sindicatos burocratizados de CCOO y UGT amagan con hacer algo, pero de momento permanecen absolutamente pasivos, frente a esta demoledora realidad de una pérdida de poder adquisitivo medio de al menos un 7,8% a datos del mes de agosto y sin contar lo ya perdido el año pasado que acabó con un 6,5% de inflación, por cierto, sin que se hubiera iniciado la guerra de Ucrania.

La situación ejemplifica que además del encarecimiento por el conflicto bélico, lo que se produce es una tormenta perfecta para que las grandes multinacionales del sector aprovechen la coyuntura y multipliquen al máximo sus enormes beneficios, sin importarles las consecuencias ni la repercusión sobre los sectores sociales más desfavorecidos. Como lo están haciendo también las grandes multinacionales energéticas, que disparan los precios de la electricidad, el gas y el petróleo a niveles estratosféricos, recibiendo los llamados beneficios caídos del cielo por la forma de coste marginal en que se obtiene el precio mayorista. Y mientras el Gobierno “de la gente”, aunque topa parcialmente los precios del gas, por un lado, se lo compensa por otro al incluir en el recibo la diferencia del precio del gas a costa de los consumidores.

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La propuesta de Yolanda Díaz, prendada de utopismo reformista e impotencia política, no dejará de ser muy probablemente un estrepitoso fracaso político al apoyarse en la voluntariedad de las grandes empresas para ser implementada. De ahí la oposición de Podemos, que por su parte se limita a exigir mínimas subidas de impuestos para los beneficios extraordinarios de las empresas que se están beneficiando de la coyuntura de la guerra. Aunque el portavoz de Podemos elogió la “sensatez” de la propuesta y el intento de llegar a un acuerdo de este tipo, se mostró escéptico y dijo que lo que tiene que hacer un Gobierno es “tomar decisiones”.

El PSOE, por su parte, en su línea política de costumbre diseñada al servicio de las grandes empresas del IBEX 35, directamente rechaza esa vía por ser “anticonstitucional” y estar fuera de la legalidad establecida en la UE. Como ha manifestado desde el Ministerio de Agricultura, Luis Planas, asegurando que la intervención de los precios es “una medida excepcional” que solo se puede aplicar en mercados regulados por la normativa europea, estando el sector alimentario fuera de esas regulaciones.

Obviamente la iniciativa ha generado rechazo por parte de las empresas de la distribución, que se sublevan ante la más mínima medida que pueda limitar algo sus beneficios. Las patronales del conjunto del sector han negado que Yolanda Díaz les haya informado de esa posible negociación y han apostado por otras soluciones para hacer frente al alza de precios, como las reducciones del IVA del 21% al 4%. O sea, que no les toquen el bolsillo ni en broma.

Frente a esas posiciones, Yolanda Díaz ha sostenido que esto se hace ya con el precio de la bombona de butano y que en Francia también se ha implementado en muchos casos. Todo ello partiendo de que es un proceso legal al tratarse de un proceso de negociación voluntaria que puede desembocar en un acuerdo con el sector de la distribución para reducir los precios.

Una propuesta con claros tintes electoralistas

La cuestión de fondo es que toda esta pugna se está desarrollando en un contexto en el que las perspectivas electorales son más bien sombrías para el Gobierno y sus socios. En un marco subidas de precios desbocadas, sobre todo de los alimentos y la energía, que muy probablemente se vean agravadas por la contundente sequía en la que estamos inmersos. Condiciones que, en el peor de los escenarios, prometen expandirse hasta convertirse en una implosión económica de futuro impredecible en una combinación perfecta de recesión, inflación, escasez y carestía de bienes y productos básicos.

Este escenario erosiona cada día al Gobierno de Sánchez y Unidas Podemos, más que a la propia figura de Yolanda Díaz, que busca erigirse como una alternativa con propuestas propias ante el tsunami del coste de la crisis para lograr algún rédito político en las próximas elecciones generales.

La fijación de precios, una reivindicación histórica de la clase trabajadora

Históricamente la clase trabajadora ha luchado contra la elevación de precios que genera la especulación capitalista y que ataca sus más elementales condiciones de vida, pauperizando brutalmente su realidad material. Esta es la amenaza que ahora mismo se cierne sobre nuestras cabezas, sobre todo si la guerra de Ucrania, como parece lo más probable, se extiende mucho en el tiempo. La lucha por el control de precios se desarrolló sobre todo en momentos de crisis y de mayor nivel de la lucha de clases lo que permitía establecer comités de control de precios organizados, dirigidos y compuestos directamente por la clase obrera y las clases populares.

Esta, en consecuencia, sería la vía únicamente real que permitiría ejercer un control efectivo de los precios: organizar en cada barrio, en cada localidad comités de control de precios. Una perspectiva que, lejos de poder acordarse “voluntariamente” con las patronales, es necesario imponérsela mediante la lucha de clases.

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No podemos esperar nada del neoliberalismo progresista del Gobierno. La situación exige que nos movilicemos y nos organicemos para imponer a las burocracias sindicales de CCOO y UGT que rompan su pasividad y subordinación a las mesas de negociación con el Gobierno y la ministra de Trabajo. La izquierda sindical y las corrientes políticas que nos reivindicamos anticapitalistas y revolucionarias tenemos el desafío de construir desde abajo una gran campaña de organización y lucha que sea lo más amplia posible, impulsando asambleas abiertas en cada centro de trabajo, local sindical o barrio, que sume a la juventud y el activismo social a la lucha en todo el Estado, buscando la unidad con los sectores de todos los sindicatos que salgan a la lucha, apoyando todas y cada una de ellas para coordinarlas.

Hay que imponer a las burocracias conservadoras de CCOO y UGT un plan de lucha serio que prepare una huelga general por el control de precios mediante comités populares, así como el aumento de los salarios según el coste de la vida y con cláusulas de revisión automáticas, entre otras medidas de un programa de salida obrera a la crisis. ¡Que no nos hagan pagar nuevamente sucrisis, mientras aumentan el presupuesto militar en 2.000 millones para seguir fomentando una política militarista e imperialista!

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Juan Carlos Arias

Nació en Madrid en 1960. Es trabajador público desde hace más de 30 años y delegado sindical por UGT de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid. Es columnista habitual de Izquierda Diario en las secciones de Política y Economía. milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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