Juventud

EDUCACIÓN

El Constitucional defiende a Vox en su propuesta de segregación educativa

A petición de Vox, el Tribunal Constitucional acepta como legítimo un recurso contra la Ley Celáa que impedía la financiación de centros privados que segregan por sexo.

Lunes 18 de octubre | 08:23

La educación es el terreno donde mejor se pueden contrastar los programas ideológicos de las distintas fuerzas políticas. Lo vimos con las declaraciones neoliberales de Ayuso, cuando dijo que un sistema educativo público no era sostenible y no podía «regalarse» la educación. Lo vemos cuando cada nuevo gobierno del PSOE, como el actual, pretende gestos progresistas concediendo programas de estudios con sensibilidad de izquierda sin aumentar el PIB dedicado a educación. Lo vimos cuando Abogados Cristianos forzaron la retirada de libros LGTBI. Y lo vemos hoy cuando el Tribunal Constitucional, de la mano de uno de los nuevos candidatos de la institución, Ricardo Enríquez, acepta un borrador de Vox para volver a financiar colegios privado y concertados que segregan por sexo al alumnado.

Este borrador ataca a la nueva y vigente ley educativa, la Lomloe (Ley Celáa). Esta nueva modificación de la LOE, lejos de ser novedosa y progresista es una vuelta a las leyes educativas previas a la Ley Wert, la reforma del PP del primer gobierno de Rajoy. En este sentido, Celáa defendió como progresista una continuación de las políticas que beneficiaron a la concertada, y que mermaron la calidad de los colegios públicos en pos de los beneficios de los privados.

Dejando esto de lado, uno de estos «gestos progresistas» de los que hablábamos está recogido en una disposición que establece que ningún centro que segregara a los alumnos por sexo podría tener ningún tipo de concierto, o subvención económica, con el Estado.

Esta cláusula afecta sólo a una pequeña parte de los colegios privados (no llegan a 90 los centros que segregan en todo el Estado), la inmensa mayoría pertenecientes al Opus Dei. Ello no ha impedido que, como ocurriera apenas fue anunciada la Lomloe, haya generado una gran respuesta de los sectores más conservadores.

Con Vox a la cabeza, se ha criticado la medida como un paso para coartar la libertad de los padres y de los colegios para configurar sus programas. Según estos centros, es tiránico que el Estado no financie un colegio por motivos ideológicos, siendo su programa condición para recibir las subvenciones. Por su parte, Vox ha señalado que condicionar así los centros es privar a las familias de la libertad de elegir la «ideología religiosa y moral». Para ellos es una discriminación que sitúa la Ley Celáa fuera del marco constitucional.

Obviando que Vox blande la libertad cada vez que ésta conduce fuera de la familia tradicional, patriarcal y heteronormativa; que sólo levantan la voz cuando peligran los beneficios de las empresas privadas a pesar de que la educación pública requiere más recursos de los que actualmente se prestan (recordemos las pérdidas producidas por los recortes). De hecho la historia se repite, y es que el TC ya tumbó varias propuestas para evitar la segregación escolar durante el proceso de aprobación de la Ley Wert.

La denuncia no se ha quedado ahí, y ha llegado al alto tribunal. El borrador del Tribunal Constitucional (TC) calca el programa de Vox y ataca al Gobierno, al que acusa de forma subrepticia, de pretender tomar el tipo de programa educativo como requisito para recibir las ayudas del Estado. Para el TC, la segregación por sexo es un derecho de libertad y no una discriminación machista sin fundamentos pedagógicos de ninguna clase.

Este movimiento del TC demuestra dos cosas: la primera, que existe un enfrentamiento institucional patente. Esta resolución del TC es una clara representación de cómo el Estado capitalista, con todo su armazón ideológico, impedirá por todos los medios cualquier política mínimamente progresista que no se imponga por la fuerza de la calle. A pesar de los golpes de pecho que se da el Gobierno de PSOE y UP, el Constitucional se lo ha dejado claro: jugad a ser de izquierdas mientras no toquéis los beneficios capitalistas, con lo cual obviamente no tienen ningún problema. De igual manera, ha evidenciado el perfil ideológico del poder judicial, que no se maquilla a la hora de demostrar que es el guardián de los «buenos valores» conservadores.

Este choque entre instituciones, además de demostrar la verdadera cara del Gobierno y desenmascarar las quimeras que predica el neorreformismo, demuestra la absoluta colaboración entre la judicatura con las élites económicas del Estado Español. Respecto a esta cuestión, se ha visto de forma palpable en Catalunya. La Generalitat, bajo el ala de la Ley Celáa, pretendió dejar de financiar los centros del Opus que segregaban a los alumnos.

La respuesta no vino por parte de los colegios, sino del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, quien obligó, no sólo a respetar el concierto sino ampliarlo a seis años para garantizar (frente a posibles amagos por parte del Gobierno) los beneficios de la privada. Para ello, se esgrimió que ello provocaría la quiebra de los colegios, afectando a los alumnos. Ni qué decir tiene que, para el Tribunal Superior de Justicia, la ganancia y el cinismo valen más que la educación.

El Tribunal Constitucional no es menos y, de hecho, es una previsión de lo que será en el futuro. El Constitucional está en actual proceso de renovación de los cargos. Enríquez se dispone a entrar como miembro con una buena carta de presentación, sumándose al ala conservadora del Tribunal, encabezado por su presidente y la vicepresidenta Encarnación Roca, declarada simpatizante de Vox. Este nombramiento y el cariz cada vez más conservadora de la institución preconiza una mayor grieta entre diferentes alas del Régimen y un nuevo bastión para la extrema derecha para llevar a cabo, aunque sea indirectamente, sus políticas, en este caso, educativas.

¿Qué perspectiva le queda a la escuela pública cuando el Gobierno es impotente y las instituciones judiciales están predispuestas a ceder los derechos para lucro de los capitalistas? Una perspectiva que incluya la organización y la lucha en los centros. No podemos esperar cambios provenientes de los pasillos del Congreso o de la buena voluntad de los jueces, los cuales no dudan en hacer de los colegios penitenciarías educativas con programas proto franquistas.

El marco constitucional funciona más como una legitimación para proteger los intereses capitalistas que como una carta de derechos para la mayoría. Esta connivencia entre instituciones y empresas, que promueven programas educativos conservadores y reaccionarios, sólo puede ser combatida desde las calles. Sólo la clase obrera organizada puede acabar con los conciertos que sangran al Estado e imponer una educación pública, gratuita, científica, igualitaria y de calidad hecha a su medida, a la medida de la mayoría trabajadora.






Temas relacionados

#DerechoEducaciónPública   /   Església Catòlica   /   Vox   /   Juventud

Comentarios

DEJAR COMENTARIO