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VIVIENDA

El Contra-foro responde a la reunión de los fondos buitre en Madrid

El GRI Club reúne a los principales fondos de inversión del sector inmobiliario con promotoras, entidades financieras y el Ayuntamiento de Madrid como “invitado especial”

Lunes 21 de mayo de 2018 | 17:54

Esta martes 22 de mayo se convoca en la Plaza de la Cortes de Madrid el Contra-foro del sector inmobiliario. La iniciativa, que se promueve coordinadamente desde el Sindicato de Inquilinas, la Coordinadora de Vivienda, la PAH y STOP desahucios, surge en respuesta y lucha contra el foro del GRI Club, que se celebrará en el Hotel Palace durante el martes y el miércoles. Se planean actividades desde las 11:00 hasta las 20:00 del martes: recibimiento a los buitres, asamblea-debate sobre el problema de la vivienda y comida popular, entre otras.

El GRI Club es una organización global que agrupa a representantes de los principales fondos de inversión del sector inmobiliario, y en esta cita reunirá en la capital a decenas de fondos buitre (también llamados “de capital riesgo” eufemísticamente) con promotoras y entidades financieras para abordar abiertamente el presente del mercado inmobiliario y sus posibilidades de explotación. Así lo declaran en el programa del Club GRI, que los intereses de los participantes se pueden resumir en tres ideas: la “disponibilidad de las licencias urbanísticas” por parte del Ayuntamiento; el papel de las autoridades “para apoyar la inversión extranjera”; y la “disponibilidad de suelo” y los “proyectos inmobiliarios en curso”.

En este sentido, el encuentro contará con la participación de altos cargos del área de Desarrollo Urbano Sostenible (DUS) del Ayuntamiento de Madrid, si bien de forma extraordinaria, declarando en este sentido representantes del Club GRI londinense: “No podemos aceptar a nadie externo al club, a menos que sea un Special Guest”. No invitarán así a representantes de la sociedad civil, y de las declaraciones de su programa y de esta “excepción” con el Ayuntamiento de Madrid se deduce que a éste no lo invitan sino con el propósito manifiesto de que ponga los bienes públicos al servicio de los grandes capitalistas.

El peligro de este tipo de celebraciones no es cosa inédita y sus consecuencias repercuten directamente sobre la ciudadanía. Tanto en el municipio de Madrid como en su comunidad autónoma, se ha hecho notoria en los últimos tiempos la complicidad de las administraciones públicas con los fondos de inversión.

En el primer caso, la Operación Chamartín es un desfachatado ejemplo de proyecto de gentrificación y de cesión de suelo público para negocios privados, donde Ayuntamiento y BBVA aprobaron en 2017, excluyendo a las agrupaciones vecinales de la mesa de negociación, el último de los numerosos acuerdos que a lo largo de 20 años han venido recalificando terrenos y ampliando la cesión a la entidad financiera. En el ámbito regional, tenemos por ejemplo las 1000 viviendas públicas de Tres Cantos, ahora privatizadas y adquiridas por fondos especuladores.

Sin perjuicio de lo anterior, es de remarcar que estos buitres acceden también a propiedades de particulares y de una forma gradual hasta lograr hacerse con el control de bloques completos. Por tales circunstancias se encuentran en riesgo de desalojo varios bloques del distrito centro, cuya lucha visibilizan y encabezan Argumosa 11 y Olmo 35, apoyados por el Sindicato de Inquilinas. Contra la creencia que puede ser común, de que estas apropiaciones se destinan posteriormente a la explotación del sector turístico, desde el Sindicato de Inquilinas aclaran que no sería ese el patrón que cumplen la generalidad de los casos.

En los bloques céntricos se pueden encontrar alquileres de renta antigua y muchos otros firmados con anterioridad a la Ley de Arrendamientos Urbanos de 2013 (LAU), a lo cuales no puede aplicarse dicha legislación con carácter retroactivo, explican las portavoces. Dadas las ventajas que la LAU concede a la parte arrendadora y la desorbitada demanda de pisos de alquiler, la propiedad puede permitirse esperar al término de aquellos contratos, que no se demorará por más tres años en ningún caso, para incrementar posteriormente los precios de alquiler a costa de vecinos y vecinas, que no podrán afrontarlos en la mayoría de los casos.

Los desahucios por hipoteca y alquiler se siguen produciendo mientras se estima que en torno a un millón de viviendas permanecen vacías en la totalidad del Estado. Ante esta realidad que se vive Madrid, así como en Barcelona principalmente, portavoces del colectivo Apoyo Mutuo de Ciudad Lineal ofrecen una interpretación panorámica interesante: “Los fondos de inversión acaparan la oferta inmobiliaria, restringen el acceso a ella, y aumentarán el precio de la vivienda hasta el límite de lo insostenible. Entonces empezarán a dosificar nueva oferta al mercado para sostener esos precios”.






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