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El Tribunal Supremo quiere rebajar el salario mínimo por la puerta de atrás

El Alto Tribunal avala que las empresas puedan absorber el plus de antigüedad para ahorrarse la subida del SMI. Se liquida así este derecho adquirido en los salarios más bajos.

Santiago Lupe

Jueves 17 de febrero
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Si cobrabas 965 euros por una jornada completa y tenías un plus de antigüedad de 35 euros, el Supremo te deja como estabas. Este es el contenido de la reciente sentencia emitida por el Tribunal Supremo contra la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 1000 euros.

Un dislate jurídico que lo que supone es anular de un solo golpe un derecho adquirido como es el plus de antigüedad a las trabajadoras y trabajadores que menos cobran. Todo un alarde de sensibilidad social de unos magistrados que cobran de mínimo 120 mil euros al año, es decir 120 salarios mínimos.

La sentencia ratifica otra del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de 2019, que fallaba a favor de la Associació Empresarial d’Economia Social. La patronal del llamado “tercer sector” consideraba inasumible que la categoría de peones del convenio colectivo de Talleres para Personas con Discapacidad Intelectual de Catalunya cobraran el SMI y además, aquellos que llevasen varios años trabajando, los trienios correspondientes.

Esta patronal, especializada en hacer negocio con servicios sociales externalizados por medio de empresas o fundaciones, solicitó sin tapujos que a los trabajadores con peores sueldos se les eliminara de golpe los pluses de antigüedad. Así lo consideraron también los magistrados del TSJC, y así lo han ratificado los del Supremo.

La desfachatez del Alto Tribunal llega a justificar el aval a la sentencia catalana diciendo que de aplicarse la subida del SMI al salario base, “la revisión del SMI tendría un efecto multiplicador sobre todos los convenios colectivos cuyos salarios bases fueran inferiores al SMI, que se convertiría, de este modo, en salario base, o salario fijado por unidad de tiempo para todos los trabajadores, cuyos salarios base convenio o pactados contractualmente fueran inferiores al SMI de cada año, lo cual modificaría radicalmente su naturaleza jurídica”.

Precisamente para esto sirve pelear por la subida del SMI, para que los salarios basura existente en un gran número de sectores -donde muchas veces la capacidad de negociación colectiva es mínima, producto de la propia precariedad, temporalidad o prácticas de persecución sindical- tengan que subir.

La sentencia del Supremo deja además la puerta abierta a que otros pluses -como la nocturnidad, peligrosidad o el quebranto de moneda- se planteen como absorbibles o computables para evitar la aplicación de la subida del salario.

Así lo quiso hacer la patronal de Telepizza en 2019, cuando la subida del SMI a 900 euros obligaba a subir el salario de las categorías más bajas del convenio de Delivery. Su negativa llevó a que repartidores y auxiliares de tienda iniciaran movilizaciones y varias jornadas de huelga en Zaragoza, Barcelona, Reus o Burgos.

Tras varios años de pelea y litigio, recientemente dos resoluciones de la Inspección de Trabajo daban la razón a las y los trabajadores y las demandas presentadas por las secciones de CGT en Zaragoza y Barcelona. En ellas se reconoce que la empresa aplica tablas salariales obsoletas, por debajo del SMI, o que conceptos como ayuda a transporte, quebranto de moneda, plus de cantidad, plus de calidad o nocturnidad, se deben retribuir al margen del SMI y no deben formar parte del mismo.

La sentencia del Supremo es parte de la batalla salarial en curso. La patronal, apoyada en por las recomendaciones, quiere que los salarios se mantengan en tasas de subida mínimas como las acordadas en 2021, que no superaron el 1,5% de media. Esta doctrina de devaluación salarial mediante la inflación, parece ser una de las claves con que se encara la próxima recuperación. También por parte del gobierno “progresista”, que mantiene todas las subidas por debajo del aumento del precio de la vida, es el caso del SMI, que sube un 3,6%, las pensiones, que lo hacen entre un 2 y un 2,5%, o los salarios públicos, que aumentan un 2%. Todos porcentajes entre 3 y 4,5 puntos por debajo de la subida del 6,5% de los precios con que cerró 2021. Lasdirecciones de CCOO y UGT por su parte negocian un acuerdo de subidas salariales con la CEOE que parte ya de índices por debajo de la inflación.

Ahora, el Tribunal Supremo, el último en llegar se suma a esta batalla tratando de limitar todavía más las subidas de los salarios más bajos. Queda claro que a las y los trabajadores no nos van a regalar nada. Para la aplicación de la subida del SMI seguirá siendo necesario, como muestra el ejemplo de Telepizza, fortalecer la organización y capacidad de movilización de las y los trabajadores.

Para acabar con los salarios de miseria y la deflación salarial que nos quieren imponer en los próximos meses, hay que exigir a las direcciones de CCOO y UGT el fin de la política de subordinación al gobierno y el inicio de un gran plan de lucha para que los trabajadores y trabajadoras no seamos convidados de piedra en la batalla salarial.

El sindicalismo combativo y los sectores de los grandes sindicatos que no se quieran conformar con subidas que siguen siendo rebajas del salario real, deben ser parte de esta exigencia, a la que se inician una gran campaña en las empresas por aumentos acordes o superiores al IPC y por la recuperación de cláusulas de revisión salarial en todos los convenios, según la subida real de los precios y de actualización mensual.


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Santiago Lupe

Nació en Zaragoza, Estado español, en 1983. Es director de la edición española de Izquierda Diario. Historiador especializado en la guerra civil española, el franquismo y la Transición. Actualmente reside en Barcelona y milita en la Corriente Revolucionaria de Trabajadores y Trabajadoras (CRT) del Estado Español.

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