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El ajuste en salud se cobra vidas: murió una joven por falta de atención en el hospital Avellaneda

Una joven de 29 años falleció el pasado viernes tras la falta de personal para ser operada con la urgencia que requería su caso. Un médico fue aprehendido y el hospital señalado e investigado por mala práxis. Las condiciones en las que se encuentran los hospitales, la falta de recursos humanos y materiales se cobra vidas.

María Abrehu

Viernes 10 de junio
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El pasado viernes, Betiana Juarez, una joven de 29 años, llegó al hospital Avellaneda con un embarazo en término y un cuadro de hipertensión. Fue ingresada a las 16 h, con urgencia de entrar al quirófano para que se proceda a realizarle una cesárea, pero ante la ausencia de un médico anestesista no pudieron realizar la intervención y se postergó hasta las 20 h, según relata la familia. Cuando la ingresaron al quirófano ya había fallecido. Su bebé se encuentra en Neonatología en grave estado. La familia denunció al Hospital Avellaneda por mala práxis y el pasado miércoles 8 un médico fue aprehendido y posteriomente imputado, acusado de amenazar a una enfermera tras los hechos.

La investigación se está llevando a cabo desde la Unidad Fiscal de Atentados contra las Personas, por lo sucedido en el quirófano, para aclarar las causas de muerte. El ginecólogo Jaen Franklin Cárdenas, quien intervino en la operación de Betiana, fue aprehendido por amenazar con un arma de fuego a dos trabajadoras del área de neonatología de dicho hospital en un intento de amedrentarlas y que se abstengan de continuar colaborando con la investigación por mala práxis y lesiones culposas hacia Betiana Juarez y su bebé.

El auxiliar de fiscal solicitó la prisión preventiva del médico por 30 días. Al mismo tiempo, impuso la prohibición de realizar cualquier acto de intimidación, amedrentamiento o amenaza respecto a la víctima y a cualquier persona que pudiera ser testigo en la causa.

El ajuste en salud se cobra vidas

El Hospital Avellaneda cuenta con un médico anestesista que según fuentes oficiales está atravesando problemas graves de salud por lo cual debe ausentarse. Ante esto, la institución no cuenta con otros médicos que cumplan esta función en caso de urgencias.

Desde el inicio de la pandemia, los trabajadores de la salud vienen siendo protagonistas de numerosas protestas para denunciar la situación de los hospitales, la falta de recursos, la precarización bajo la que se encuentran, sobre carga laboral y la persecución que sufren por parte de las autoridades y el Gobierno provincial a la hora de reclamar por sus derechos y sacar a la luz las condiciones y problemas estructurales del sistema de salud en Tucumán.

La periodista Mariana Romero, en uno de sus informes sobre este caso, relató que dos trabajadoras del Hospital Avellaneda fueron quienes informaron a la familia de Betiana Juarez lo que realmente había sucedido, y que esto se podría haber evitado si contrataran más personal. Las trabajadoras manifestaron también tener mucho miedo de ser despedidas por exponer esto, pero que sin embargo decidían no callarse ante la gravedad de los hechos. Cabe destacar la enorme demanda de atención que tienen los hospitales públicos en la provincia.

Los familiares y amigos de Betiana, se manifestaron en puertas del hospital durante esta semana, exigiendo a directivos que den la cara. No es la primera vez que esta institución es protagonista de hechos aberrantes. Importante mencionar que autoridades de este hospital son las responsables de que en el año 2014, Belén, una joven que llegó a la guardia por un aborto espontáneo, fuera criminalizada y que permanezca dos años en prisión. Un hecho que marcó al movimiento de mujeres en la provincia y en el país entero, quienes llevaron a cabo una enorme lucha por su libertad y posterior absolución.

Los usuarios de los hospitales públicos son los trabajadores y los sectores más desprotegidos, los mismos que tienen que hacer filas enormes en horas de la madrugada para poder acceder a un turno, para realizarse algún estudio o conseguir una medicación. La salud de millones queda sujeta al ajuste impuesto por el Gobierno bajo los mandatos del FMI.


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