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El gobierno justifica el espionaje al independentismo: "¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien declara la independencia?”

La aprobación del decreto anticrisis sale adelante in extremis. Algunos socios de investidura votan no por el caso Pegasus. EH-Bildu, junto al PNV y el PDECAT, salvan el decreto y dan oxígeno a un gobierno golpeado por el escándalo de las escuchas.

Sergio Linares

Jueves 28 de abril
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En las últimas horas el PSOE está ofreciendo su imagen más clásica. El partido de los GAL y la “patada en la puerta” de Corcuera sale hoy en tropel a justificar el espionaje de más de 60 dirigentes independentistas catalanes por parte del CNI a través del programa israelí Pegasus.

El presidente del gobierno rompía su silencio este martes sin negar en absoluto las escuchas: "Todo lo que se ha hecho por parte del CNI es ateniéndose escrupulosa y rigurosamente a la ley". Reconocía así que el pinchazo de 63 dispositivos móviles habría sido realizado contando con la autorización judicial y que, por lo tanto, de estas operaciones estaba al tanto el gobierno y los organismos de control del CNI.

Si Sánchez avalaba la supuesta legalidad de esta operación de las cloacas del Estado, que se habría realizado en más de un 90% bajo sus dos gobiernos, ayer la ministra de Defensa, Margarita Robles, salió a ofrecer su legitimación.

En la sesión de control en el Congreso de este miércoles respondió a la diputada de la CUP, Mireia Vehí, devolviéndole una pregunta retórica que bien podría haber formulado Abascal: "¿Qué tiene que hacer un Estado cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia, cuando alguien corta las vías públicas, realiza desórdenes públicos, cuando alguien está teniendo relaciones con dirigentes políticos de un país [Rusia] que está invadiendo Ucrania?".

El gobierno de coalición, por medio de la ministra responsable del CNI, asume así las tesis de la derecha y la extrema derecha en cuanto a la persecución del independentismo catalán. Las escuchas estarían justificadas por el referéndum de 2017 pero también por las manifestaciones de 2019 contra la sentencia. El derecho de manifestación queda sí incorporado a la lista de posibles causas por las que el Estado puede intervenir comunicaciones.

El PSOE además mantuvo las escuchas durante 2018 mientras ejercía de acusación en el juicio del procés por medio de la Abogacía del Estado. Intervino comunicaciones entre abogados y procesados, pudiendo así conocer de antemano las estrategias de defensa. Por último Robles no quiso perder la ocasión para hacer suya una de las fake news que han tratado de ligar el movimiento democrático catalán con el régimen de Putin.

Sus socios de gobierno de Unidas Podemos se rasgan las vestiduras en twitter y declaraciones, pero sin sacar los pies del plato. Mientras su principal ministra, Yolanda Díaz, guarda un silencio cómplice y repite el mantra de que en España se respeta la legalidad.

Pablo Iglesias por su parte hace gala de un cinismo sin límites. Desde su podcast pone el grito en el cielo sobre las escuchas y la justificación del PSOE. Sin embargo, sigue sin responder a una pregunta muy sencilla ¿Qué sabía él?.

Iglesias fue parte de la Comisión Delegada para Asuntos de Inteligencia desde marzo de 2020 hasta su salida del gobierno, junto a la ministra Robles y los de Interios, Economía y Exteriores. Se trata, nada menos, del organismo que controla el CNI. Si en dicha comisión se trataron o no las escuchas es algo que no se aclara. El exvicepresidente convertido en agitador en las ondas respeta escrupulosamente la franquista Ley de Secretos Oficiales de 1968, que blinda con la más absoluta impunidad las cloacas del Estado.

La crisis de Pegasus ha estado a punto de llevar al gobierno de coalición a una importante derrota parlamentaria. Su negativa a abrir una investigación independiente - y no en manos de los ministerios responsables o la comisión de secretos oficiales controlada por el bloque de las derechas y el PSOE - ha llevado a que los votos de una parte de la izquierda parlamentaria y el independentismo catalán no avalen el decreto de medidas contra la subida de precios consecuencia de la guerra en Ucrania.

El PP de Feijóo había intentado ensayar sin éxito su política de “pactos de Estado” con el PSOE mientras mantiene sus acuerdos con la extrema derecha. Le ofrecía al PSOE sus votos a cambio de que se tramitase como decreto de ley y se aceptasen enmiendas encaminadas a una mayor rebaja de impuestos.

Pero finalmente los y las diputadas de EH-Bildu, junto con la derecha vasca del PNV y catalana del PDCAT, han salido al rescate del gobierno dándoles sis "síes" para la validación del decreto.

El curso del gobierno “progresista” sigue batiendo récords por derecha. En lo que llevamos de 2022 ha logrado revalidar el grueso de las contrarreformas laborales de Zapatero y Rajoy, sumarse a la escalada de rearme imperialista de la UE, apuntalar la Corona y, ahora, justificar el curso autoritario del Estado español de los últimos años.

Con un gobierno de “izquierdas” así, a nadie le puede extrañar que la derecha y la extrema derecha sigan avanzando. La necesidad de enfrentarlo con una movilización independiente y construir otra izquierda en clave anticapitalista y de clase, se hace cada vez más urgente e imperioso.


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