En plena sexta ola de la pandemia puede considerarse que esta nueva variante presenta mayor tasa de contagio que las que habían sido detectadas hasta el momento, aunque también se reducen sus síntomas.

A pesar del gran porcentaje de población vacunada que permite la contención de la gravedad de la enfermedad, el sistema sanitario, especialmente los centros de salud encargados de la valoración y seguimiento de los casos se encuentran desbordados desde hace semanas.

El aumento de realización de test de autodiagnóstico durante las fechas navideñas ha hecho crecer de forma exponencial el número de casos registrados y sus consecuentes contactos. Esta situación ha provocado el constante cambio de criterios de selección de estos últimos con el objetivo de reducirlos.

Pacientes posiblemente contagiados de covid que como no están recibiendo la debida respuesta de atención sanitaria ante el colapso de los centros de salud, las citas tardan en algunos casos más de 14 días de media tanto presenciales como por teléfono, siguen yendo al trabajo o viajando en el transporte público puesto que están a la espera de una confirmación por PCR. Por eso se han comenzado a ver los últimos días grandes colas en los centros de salud, con todo tipo de enfermos mezclados en las mismas rutas de atención, lo que es un auténtico peligro para aumentar los contagios.

A esta política de "gestiónese usted la pandemia" se suma el hartazgo y la desesperación de la población que se encuentra con una sanidad cada vez más degradada por esta falta de recursos, están dando lugar a situaciones cada vez más tensas y de confrontación con los trabajadores sanitarios y administrativos de los centros.

Los sanitarios de atención primaria se encuentran en esta nueva ola realizando trámites burocráticos una gran parte del tiempo debido al aumento de tramitaciones de bajas laborales, que así mismo crecen entre las plantillas constantemente expuestas al contagio. Sindicatos médicos denuncian desde hace meses la falta de medios necesarios y piden acciones inmediatas entre las que se encuentra la contratación de personal de todas la categorías.

La alta temporalidad de los sanitarios en la comunidad de Madrid dio lugar a que muchos de los denominados “contratos covid” no fueran sino otra forma de llamar al puesto de trabajo del personal que ya llevaba tiempo anteriormente cubriendo puestos estructurales. Ante esta nueva ola, los centros de salud, ya debilitados, se encuentran en mayor riesgo de colapso

La situación de la sanidad apareció así perfilada como uno de los principales factores para el descenso de la esperanza de vida en el Estado español en 2020, que se situó en 82,4 años; un año y medio por debajo del año anterior.

Por si fuera poco, los intentos de aumentar la privatización de la sanidad pública se hacen cada vez más tangibles en esta comunidad. El gobierno de Ayuso, que destaca por la poca credibilidad de sus cifras de contagios ya que los test de autodiagnóstico no se incluyen en la contabilización global, propone ahora dentro del anteproyecto de la conocida como Ley Ómnibus, la creación de una Agencia de Contratación Sanitaria. Una propuesta que está siendo fuertemente rechazada por la oposición, la federación de barrios, defensores de la sanidad pública, entre otros sectores de la población, tanto por la forma de su presentación y su margen de valoración como por su inexistente transparencia, ya que quedaría fuera del control parlamentario.

Sin embargo, no sólo se trata de Madrid. La situación en el resto de comunidades es similar, como se observa en el aumento de la cantidad y duración de las esperas para operarse, que afectan a más de 600.000 personas, esperando a pasar por quirófano, con pacientes que esperan más de seis meses en estas listas. Las comunidades autónomas más afectadas son Aragón (con un tiempo de espera para quirófano de 166 días), Castilla-La Mancha (159 días) y Cataluña (152 días).

A pesar de rondar los 20 meses de situación pandémica, la situación del sistema de salud en todos sus áreas - desde el rastreo, laboratorios, la atención primaria y la red hospitalaria – sigue siendo de saturación por falta de personal, teniendo en cuenta el despido en otoño de 60.000 sanitarios con “contratos covid” en los hospitales, el cierre de plantas y reducción de camas en la sanidad pública en los años anteriores y el aumento de los tiempos en listas de espera, que rondan los 4 meses de media para operarse.

En 20 meses bien se podría haber revertido esta situación. Con un plan sanitario de emergencia de ampliación de plazas hospitalarias y de críticos, aumento de plazas en todas las facultades y grados de FP sanitaria, refuerzo de la atención primaria tomando las reivindicaciones de sus trabajadoras y trabajadores, contratación directa de administrativos y rastreadores para descargar de estas tareas a los sanitarios... Para ello, obviamente, se tendrían que haber tomado otras medidas para sufragarlo, como impuestos a las grandes fortunas y beneficios empresariales, o destinar los fondos europeos a esta cuestión de emergencia.

A ello se une una visión internacional de la pandemia, teniendo en cuenta que nuevas variantes surgen debido en buena parte a la negación de las vacunas y patentes necesarias a países semicoloniales. La lucha por vacunas para todos y por la liberación de las patentes está planteada como una necesidad urgente ante la catástrofe de la pandemia.

De igual modo, hace falta la intervención estatal inmediata de todas las farmacéuticas y laboratorios, para ponerlos bajo control de los profesionales de la salud y al servicio planes racionales de producción y distribución de vacunas y testeos, en la perspectiva de nacionalizar estas empresas bajo control obrero, junto con los recursos de la sanidad privada.

El aumento de emergencia de los presupuestos de salud y educación, así como del personal sanitario para poder garantizar la vacunación y evitar el colapso de los hospitales, en base a impuestos extraordinarios a las grandes fortunas, son otras medidas urgentes. En vez de seguir pagando la deuda externa, hay que imponer la anulación de la deuda de los países semicoloniales para evitar que se descarguen los costos de la crisis sobre las grandes mayorías.