VIVIENDA

El nuevo escándalo de Almeida: ayudas al alquiler para clases medias y propietarios

El Ayuntamiento de Madrid anunció ayer un nuevo plan de ayuda al alquiler, orientado a las clases medias y a los rentistas, en una ciudad donde no han parado los desahucios pese a lo que afirma el Gobierno central.

Irene Olano

Madrid

Viernes 29 de enero | 15:12

El plan beneficiará a los propietarios de viviendas que lleven vacías más de nueve meses, salvo que sean vivienda turística, en cuyo caso no es necesario esperar nada. Además, el Ayuntamiento sufragará posibles reformas de hasta 45.000€, a coste cero para el dueño. Una medida que no responde en absoluto al problema de la vivienda en Madrid, sino que agudiza la desigualdad entre rentistas y alquilados.

La ayuda al alquiler se extenderá también a los y las inquilinas; pero eso sí, hay un mínimo de renta para percibir la ayuda, pues según el Ayuntamiento, ya hay bastantes ayudas para la población más vulnerable. En concreto, la renta mínima para el inquilino será de 32.000€ al año y la máxima de 88.200€. Esto unido a que la ayuda está particularmente destinada a menores de 35 años o mayores de 65; es decir, a gente joven o pensionistas, hace que sólo una pequeña porción de la población sea la futura perceptora de la ayuda. El plan del Ayuntamiento deja fuera a la población que más ha sido golpeada por la crisis del covid 19, las personas de edad media que se han visto económicamente afectadas por la pandemia, los jóvenes que han perdido sus empleos, y han tenido que volver a casa de sus familias y los pensionistas que menos cobran, sobre cuyas pensiones tienden a recaer los problemas económicos de familias enteras.

Pese a lo que afirma el Ayuntamiento, las rentas más bajas siguen siendo las más desprotegidas en materia de vivienda: la PAH estima que se producen 70 desahucios al día en el Estado Español, pese a que el gobierno central y en concreto Unidas Podemos, afirma que ya no hay desahucios en España.

Además, la situación de los y las jóvenes en el Estado, así como de los y las pensionistas es muy distinta: en nuestro país, la renta media de un joven de hasta 24 años es de algo más de 1.000€ al mes (Unos 13.000€ al año, nada cerca del mínimo que impone el plan del Ayuntamiento) mientras que el precio medio del alquiler en Madrid supera los 800€. Es decir, que tendría que destinar el 80% de su sueldo al pago del alquiler.

Aunque la versión oficial del Ayuntamiento es que el objetivo del plan es sacar esas viviendas al mercado, parece más bien que se trata de una forma de reafirmar la idea de que existe una “clase media” que es la gran perdedora de esta crisis. Este discurso en torno a la clase media divide a la propia clase trabajadora en dos. Una que ha trabajado para tener lo que tiene y merece ser propietaria, en este caso, y otra que se aprovecha de la primera para vivir de forma casi parasitaria.

Pero seamos claros, el problema de la vivienda en una ciudad como Madrid nada tiene que ver con la situación económica de quien tiene cinco casas vacías (el número máximo de casas por propietario que podrán incluirse en el plan) sino de los precios abusivos que estos mismos rentistas estipulan con la ayuda tácita de los gobiernos. Pensar que el problema de la vivienda ha de afrontarse ayudando a la clase trabajadora más adinerada o los rentistas tiene una lectura política clara: se apoya a quien se lo merece, porque ya hay bastante paguitas para los pobres que no quieren trabajar.

La realidad es que la clase trabajadora es cada vez más precaria, y las supuestas "paguitas" que para Almeida ya son suficiente ayuda, son limosnas que no llegan a casi nadie, como estamos viendo con la estafa del gobierno del Ingreso Mínimo Vital. Una medida que se vendió como progresista y que ha resultado ser un ingreso mísero al que es casi imposible acceder.

Lo que necesita Madrid y el resto del Estado no es una ayuda para que los rentistas sigan especulando con el precio del alquiler, sino un programa político de y para la clase trabajadora, que termine con la precariedad y la miseria a la que nos condenan la patronal y los gobiernos y que dé prioridad de una vez a los derechos como el de la vivienda digna. Pongamos fin a este despropósito que premia a quienes tienen viviendas vacías en una ciudad donde cada vez hay más desahucios y personas sin hogar.






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