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CORONAVIRUS

El “think tank” del Gobierno para diseñar la era “post covid”

El gobierno del PSOE y Unidas Podemos encarga a un grupo de 100 “expertos”, la mayoría de ellos economistas, diseñar la era post covid.

Ivan Vela

@Ivan_Borvba

Federico Grom

Barcelona | @fedegrom

Miércoles 17 de junio de 2020 | 17:23

Foto: EFE

Este grupo, al que el gabinete de Sánchez encomendó sus tareas, viene reuniéndose hace un mes y tiene como objetivo la presentación de un documento en el que sugieran las directrices de la “nueva normalidad” económica a mediano y largo plazo, concretamente se habla de un plan de acción hasta 2050.

Un grupo de expertos similar al que han creado Macron en Francia, Johnson en Gran Bretaña o el gobierno de Conte en Italia y con los mismos objetivos de rediseñar la economía post pandemia.

La Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia, creada por Sánchez antes de la crisis del covid, que tenía el objetivo de “pensar estructuralmente en la España de los próximos 30 años", cobra hoy una nueva significación.

Esta oficina, dependiente del hombre de confianza de Sánchez y su jefe de Gabinete, Iván Redondo, trabaja dividida en 10 grupos con apenas contacto entre sí: crecimiento y productividad; desigualdad; desempleo estructural y precariedad; longevidad y sistema de pensiones; mejora de los resultados sistema educativo; recualificar a los trabajadores; habitabilidad de las ciudades y despoblamiento rural; descarbonizar la economía; uso más racional de los recursos naturales, y por último, bienestar.

Como nombres “destacados” de los más fieles defensores del IBEX están los del ex portavoz de Economía y diputado de Ciudadanos, Toni Roldán, el responsable de Análisis Económico de BBVA Research, Rafael Doménech, Aída Caldera, asesora del economista jefe de la OCDE, Lucas Gortázar, analista del Banco Mundial, Sergi Jiménez, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, entre otros.

Varios de los nombre de estos expertos pertenecen a FADEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada) lobbistas declarados de empresas como CaixaBank, BBVA, Santander, ACS, Abertis, Mapfre, Telefónica o la Bolsa de Madrid entre otras, son quienes figuran entre sus “patronos”.

No es de extrañar que en su primer documento presentado el 15 de junio sobre la perspectiva macroeconómica post covid, una de las medidas que reclaman sea una “racionalización del gasto público”. El mismo documento donde El think tank Fedea reclama además ajustes fiscales para 2022.

De hecho, este documento presentado hace escasos días por un equipo mixto de FADEA tiene total sintonía con las advertencias que llegan desde Europa. Y es que si bien el Estado español va a percibir una buena cantidad de los fondos europeos para acometer la inversión necesaria, estos no están exentos de condicionalidad y aventuran para los próximos años fuertes recortes en gastos sociales y contrarreformas estructurales.

Algo que suscribiría también otra de las figuras del panel de expertos del Ejecutivo citada anteriormente, Aída Caldera, que ya en marzo aseguraba que “la acción de los Bancos Centrales no será suficiente”.

Entre sus recomendaciones se encuentran, apoyar a las compañías que se están viendo afectadas como a las del sector turístico y el sector financiero, con préstamos de emergencia. Ese mismo sector financiero que aún no ha devuelto un solo euro del anterior rescate millonario.

En definitiva, toda una declaración de intenciones que muestra la situación que esperan desde el Ejecutivo, y los grandes think tank del Estado español para la próxima década, austeridad, recortes y crisis económica prolongada. Más allá de cierto relajamiento por parte de las instituciones europeas frente a los niveles de endeudamiento, tal y como ya adelantó Lagarde, que por otro lado engordan los problemas de equilibrio fiscal a futuro.

Varios medios ya han informado de los roces que hay en las comisiones más sensibles como la laboral, en donde incluso habría una mayoría en contra de derogar ningún aspecto de las reformas laborales.En un principio, esta comisión cuenta con el plazo de 3 meses para la entrega del documento que contenga sus conclusiones y propuestas.

Que la crisis, esta vez, la paguen los capitalistas

Desde la gestión sanitaria de la pandemia, las medidas económicas, laborales y sociales adoptadas durante el Estado de alarma, hasta las principales líneas de actuación de la próxima década, el gobierno progresista de PSOE y Unidas Podemos ha tenido y tiene como objetivo salvaguardar sobre todo los intereses de los grandes capitalistas.

Pero la clase trabajadora y los sectores populares aún tenemos muy presentes las consecuencias de la anterior crisis, porque aún las estamos sufriendo, a pesar de que los beneficios empresariales crecieron en torno a un 1,6% interanual desde 2014.

Ante sus planes y “soluciones”, ante su “racionalización del gasto público”, sus ERTEs eternos a costa de las arcas públicas y de la precarización del trabajador, a costa su desmantelamiento de la sanidad pública en favor de la sanidad privada, la clase trabajadora y sectores populares necesitamos otras medidas. Medidas de urgencia destinadas a beneficiar a la mayoría de la población.

Es prioritario nacionalizar la banca y todo el sector financiero, ese mismo sector que aún debe los 60 mil millones del anterior rescate y que aprovecha la liquidez del Banco Central Europeo y del Gobierno para refinanciar su deuda.

Del mismo modo es urgente nacionalizar, sin pago y bajo control de los trabajadores, las empresas estratégicas, como las eléctricas, de transporte o de distribución de alimentos. Así como toda fábrica que cierre o despida.

Por otro lado, la solución frente a la crisis sanitaria producto del covid 19 y de una década de recortes, no puede ser una "paguita" extra que encima discrimina por categoría laboral, como denuncian los sanitarios en lucha.

Para solucionar de raíz el problema sanitario, y más frente a una posibilidad de rebrote,es urgente la nacionalización sin indemnización de la sanidad privada, algo que ni tan siquiera se planteó el Gobierno durante la pandemia. Además también hay que revertir los recortes realizados en los últimos años, empezando por devolver el 5% del sueldo a los sanitarios, recuperar la contratación del personal despedido en los últimos años y fortalecer la plantilla.

No podemos permitir la especulación capitalista en estos momentos de máxima necesidad en aspectos esenciales para la vida como los alimentos o la vivienda. Por eso mismo hay que prohibir los desahucios y suspender el alquiler. No una demora en el pago, como el actual Gobierno ha propuesto, sino una suspensión total, que no suponga un endeudamiento futuro para las familias.

Además, para llevar adelante estas acciones es necesario establecer un impuesto a las grandes fortunas. El aumento de las grandes fortunas en 2019, más de 30 mil millones, debería ser requisada en su totalidad e imponer un impuesto a los grandes patrimonios del 20%. Solo de los 100 primeros nos reportaría otros 30 mil millones. Para las empresas del IBEX35, que no pagan ni el 20% del impuesto de sociedades, un impuesto del 50% a sus beneficios de 2019, que reportaría otros 25 mil millones.

En la vuelta a los puestos de trabajo, para que se haga en condiciones de verdad, que pongan por delante la salud de los trabajadores y trabajadoras y no la codicia capitalista, es necesario que en todos los centros de trabajo se establezcan comités de trabajadores y trabajadoras para garantizar que la actividad en la “nueva normalidad” se hace de manera segura. Comités controlados por representantes de los trabajadores que tengan potestad para paralizar la actividad si no hay epis, tests y protocolos de prevención.

Y en caso de que los empresarios se nieguen o quieran despedir o cerrar, es necesario ocupar los centros de trabajo para preservarlos de cualquier vaciamiento. Lo estamos viendo con Nissan o Alcoa. Después de recibir millones de dinero público, como la empresa nipona, se marcha dejando en el paro directo a 3.000 trabajadores y afectando a más de 22.000. Por ello esta ocupación y nacionalización se ha de hacer efectiva si ninguna indemnización para la patronal.

Estas medidas de emergencia son las que se deberían estar discutiendo. Deberían ser los pilares sobre los que asentar las próximas décadas, con el objetivo que esta crisis, esta vez, la paguen los capitalistas y no la clase trabajadora y sectores populares.






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