La Policía Federal de Brasil encontró en la casa de un exministro del expresidente Jair Bolsonaro el borrador de un decreto que habría permitido al líder de la ultraderecha intentar cambiar el resultado de las elecciones. La información fue filtrada este jueves por el diario Folha de Sao Paulo.

El documento se encontró hace dos días durante los registros a la residencia del exministro de Justicia Anderson Torres, sobre quien pesa una orden de arresto por su responsabilidad en los ataques perpetrados por miles de bolsonaristas contra las sedes de la Presidencia, el Parlamento y el Tribunal Supremo el último domingo.

El texto, según el diario, era un borrador de decreto que permitiría que Bolsonaro instaurase el "estado de defensa", un régimen de excepción, con el objetivo de intervenir el Tribunal Superior Electoral (TSE) y revertir el resultado de las elecciones.

En las elecciones del pasado 30 de octubre, Bolsonaro obtuvo el 49,1 % de los votos, frente al 50,9 % de Luiz Inácio Lula da Silva, pero hasta ahora Bolsonaro no ha reconocido la derrota y sigue señalando que las elecciones fueron manipuladas y que Lula no las ganó. De hecho una de las consignas de los seguidores del expresidente durante la ocupación de Brasilia el domingo era "entreguen el código fuente", en referencia al software que hace funcionar las urnas electrónicas y según Bolsonaro sería la base de un fraude electoral.

El exministro Torres está siendo investigado por el Tribunal Supremo por su responsabilidad por no haber detenido los ataques, en calidad de secretario de Seguridad Pública en el Gobierno regional de Brasilia.

El mismo domingo Torres fue destituido del cargo por el gobernador del Distrito Federal, Ibaneis Rocha, otro aliado de Bolsonaro, quien a su vez, fue separado del Gobierno de la capital brasileña durante noventa días.

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Actualmente, Torres se encuentra en Estados Unidos, pero ha adelantado su intención de regresar a Brasil para presentarse ante la Justicia.

Lula, quien decretó la intervención federal en el área de seguridad pública en Brasilia, afirmó este jueves que miembros de la Policía y de las Fuerzas Armadas fueron conniventes con los actos golpistas. Sin embargo, el decreto firmado por el actual presidente deja en manos de esas mismas fuerzas el control de la situación en el Distrito Federal, mientras que avala las decisiones del juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), que con la excusa de frenar otro intento de movilización bolsonarista restringió cualquier tipo de movilización.

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El STF fue parte del engranaje que avaló el golpe institucional contra Dilma Rousseff en 2016 y Moraes uno de los jueces que votó en contra del habeas corpus que pedía la libertad de Lula en 2018, lo que terminó en el encarcelamiento del dirigente del PT y su proscripción política, allanando el camino para el triunfo de Bolsonaro.

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