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Gabriel Boric militariza La Araucanía en Chile para reprimir al pueblo mapuche

El joven presidente Gabriel Boric finalmente cedió a la agenda de la derecha y los empresarios con una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas en la región de La Araucanía y dos provincias de la región del Biobío (sur) para reprimir la creciente resistencia en la zona del denominado "conflicto mapuche".

Redacción internacional

Martes 17 de mayo
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Fuente: diarioconvos.com

Este lunes, el gobierno de Gabriel Boric ha claudicado nuevamente a la agenda de la derecha. La ministra del Interior de Chile, Izkia Siches decretó el “estado de excepción” en el territorio ancestral del pueblo nación mapuche en dos regiones del sur del país trasandino. El joven presidente Gabriel Boric finalmente cedió a la agenda de la derecha y los empresarios con una medida que permite el despliegue de las Fuerzas Armadas para reprimir la creciente resistencia en la zona del denominado "conflicto mapuche".

"Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas para garantizar la seguridad de nuestros ciudadanos decretando estado de emergencia (un tipo de estado de excepción)", anunció en un punto de prensa desde la sede de Gobierno.

Esta medida, que implica un despliegue militar, regirá en toda la región de La Araucanía y en dos provincias de la región del Biobío (sur) para "resguardar las rutas, permitir el libre tránsito de personas y el abastecimiento", señaló tras reconocer un aumento de la violencia en los últimos meses.

En estas y otras zonas del sur de Chile existe desde hace décadas un reclamo territorial al Estado de algunas comunidades mapuche y empresas forestales que explotan tierras consideradas ancestrales por los indígenas.

En este contexto, son cada vez más frecuentes los ataques incendiarios a maquinaria y predios, tiroteos con víctimas mortales y huelgas de hambre de presos indígenas que luchan por recuperar su tierra.

Cambio de rumbo

Hasta ahora, el mandatario Gabriel Boric se había mostrado reacio a la militarización, señalando que solo ponía más tensión sobre el conflicto, y había criticado ferozmente a su predecesor, el conservador Sebastián Piñera, por promoverla entre octubre de 2021 y marzo de 2022.

El gobierno declaró que el decreto de estado de excepción constitucional en la Araucanía sería “acotado” exclusivamente a las carreteras. Sin embargo, en poco se diferencia de su predecesor Piñera si a la par de desplegar militares para el resguardo del orden público, presenta querellas contra líderes mapuche manteniendo el enfrentamiento histórico entre el estado de chile y el pueblo nación mapuche.

Tras asumir la Presidencia el pasado marzo, Boric decidió no perpetuar esta medida y apuntó a una estrategia de "diálogo" a través del despliegue territorial de diferentes autoridades. Esto no fue bien recibido por varios grupos indígenas, que continuaron saboteando varias visitas del Ejecutivo. Naturalmente, “diálogo” en este caso significa “ceder” territorio ancestral al Gobierno y a empresas que buscan hacer ganancias por fuera de los intereses indígenas y de las clases populares chilenas, aumentando el volumen de extracción de recursos y destruyendo el ambiente.

Desde la derecha y el centro, presionaron para que se tomaran más medidas de seguridad y acusaron extrañamente al presidente de "inacción" y de ser "cómplice de la violencia".

Además del despliegue militar, la ministra Siches detalló otras medidas como la solicitud de un fiscal preferente para delitos relacionados con narcotráfico y robo de madera, el impulso a la creación de un Ministerio de los Pueblos Indígenas y la inversión de 400.000 millones de pesos (460 millones de dólares) para mejorar la infraestructura y servicios de la zona. También agregó una política de restitución de tierras vía la cuestionada CONADI.
Pero es difícil esperar algo diferente de los gobiernos anteriores que impulsaron medidas similares desde la institucionalidad hacia a la restitución de tierras, presupuestos, etc, pero nunca cesan la represión, de la cual hoy el Gobierno de Boric confirma que seguirá perpetuando a pesar de llamarse un Estado Plurinacional. A fin de cuentas se busca una rendición del pueblo mapuche a sus reclamos territoriales.

Entre críticas y logios

El estado de emergencia fue recibido entre elogios del oficialismo y de la oposición. Por supuesto recibió el repudio de los representantes de comunidades mapuches -la etnia mayoritaria del país- y algunos sectores de la izquierda, que denuncian un cambio drástico en la política del mandatario.

Boric prometía un “cambio”, pero en los hechos se asemeja más a los gobiernos del orden neoliberal de las últimas tres décadas que a un cambio de rumbo hacia las clases explotadas y oprimidas. Tras una serie de demostraciones de “fuerza” y respaldo a las fuerzas represivas del estado, como mantener al general de carabineros Ricardo Yañez en su cargo, y de negociaciones con la derecha, el gobierno finalmente dio el paso y cedió a la presión mediática para desplegar efectivos militares en el Wallmapu.

Por eso que la derecha le tira flores. "Valoramos que el Gobierno se haya dado cuenta que el estado de emergencia era una medida urgente para el sufrimiento de las medidas en Biobío y Araucanía", dijo el senador de Evópoli (derecha) Felipe Kast.

El expresidente y senador Ricardo Lagos (2000-2006) señaló en Twitter que apoya "las decisiones que tome Boric para poder dar más seguridad a la comunidad y a la vez impulsar el diálogo con una fuerte inversión en infraestructura pública y otras áreas".

Las organizaciones indígenas llaman a resistir frente a este nuevo intento de subordinación al pueblo mapuche. La semana pasada, la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una organización indígena que se ha atribuido decenas de ataques desde la década de 1990, llamó a la "resistencia armada" ante la posibilidad de una militarización.

En una entrevista con un medio local, el líder de grupo, Héctor Llaitul, hizo un llamado a "preparar las fuerzas y organizar la resistencia armada por la autonomía", a lo que el Ejecutivo respondió el domingo anunciando que presentará una querella en su contra.

Hoy cuando la crisis económica diluye día a día el poder adquisitivo de la clase trabajadora, la agenda de los partidos políticos chilenos está muy lejos de responder a dichas necesidades. Los empresarios claramente no quieren que esto se discuta por eso presionan a Boric que fácilmente cede antes que enfrentar con la movilización popular a los empresarios chilenos.

Dauno Totoro, dirigente del Partido de los Trabajadores Revolucionario, declaró a La Izquierda Diario que “En todo este escenario, con un gobierno que decide reprimir a estudiantes secundarios, trabajadores y mapuches y alinearse con los intereses empresariales, hace falta una izquierda que no ceda ante la presión de los poderosos ni a su agenda, y que mantenga la pelea por conquistar las demandas de la rebelión.”

Hoy la salida para el Gobierno de Boric, no implica nada nuevo del viejo régimen, donde mantienen la dotación policial, el refuerzo de seguir en el camino de la militarización y buscar la salida por vía la CONADI para la entrega de tierras a los indígenas que no responde ni una pizca al histórico despojo sin tocar a ningún capital, como lo es la industria forestal. Incluso con el avance a la “integración” de la nación mapuche con el Estado capitalista en Chile, como lo es el Estado plurinacional, solo busca el reconocimiento de naciones originarias. También se nombra la “autodeterminación” pero esto debería suponer una lucha por la expropiación de las 2 millones de hectáreas de los grupos empresarios Matte y Angelini, que hoy siguen siendo protegidas por el Estado militarizado como lo ha hecho el cuestionado régimen pinochetista.


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