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BARCELONA EN COMÚ

Huelgas que buscan cambios, gobiernos del ’cambio’ contra las huelgas

Huelgas de Movistar, Metro o TMB. Las protestas de los vendedores ambulantes 'manteros'. Se enfrentan a los "gobiernos del cambio" que, como la casta bipartidista, siguen gestionando los grandes negocios capitalistas.

Cynthia Lub

Barcelona | @LubCynthia

Lunes 21 de marzo de 2016 | 20:51

Los llamados "gobiernos del cambio" se vienen enfrentando a varias jornadas de huelgas y protestas obreras. Y decir "enfrentando" es hablar literalmente, tal como lo hizo Ada Colau con la huelga de Metro, calificándola como "grave" debido a que "convocar una huelga es incompatible con una tabla de negociación". A su vez la calificó de "desproporcionada" mientras publicaba los salarios de los trabajadores, alegando a una situación de "privilegio".

"Aquí tienes muchos que hemos confiado en ti, que hemos dado la cara por ti. Y no nos puedes contestar al puro estilo CIU", decía un trabajador de Metro frontalmente a Ada Colau. Y no eran trabajadores militantes de la "extrema izquierda" que hicieron huelga contra Colau, como llegaron a acusar "al mejor estilo CIU" dirigentes de Barcelona en Comú. Eran y son trabajadores que en su mayoría dieron su voto y tenían ilusión en que sus vidas podrían cambiar bajo un nuevo gobierno que prometió "luchar contra los contratos precarios".

Y pensaban que, como hicieron bajo otros gobiernos —del Tripartit o CiU— una herramienta de lucha como la huelga o la movilización, de esa que en algún momento de su vida se sirvió Ada Colau para luchar contra los desahucios, podría ayudar a que los nuevos convenios y contratos laborales acaben con las condiciones cada vez más siniestras de precariedad.

De la traición al "Compromiso de las escaleras" al enfrentamiento con la huelga de Metro

No es la primera desilusión. Pocos días antes de ganar la alcaldía de Barcelona hizo su paso por la huelga de los técnicos de Movistar con gestos a su favor que habían sido acogidos con mucho entusiasmo por los trabajadores: su visita a la sede ocupada del Mobile World Congres (MWC) y la firma del Compromiso de las Escaleras.

Ada Colau junto a los candidatos a las elecciones municipales de mayo de 2015, firmaron este famoso compromiso en el que rechazaban la precariedad laboral, el sistema de contratación y subcontratación y la relación con los falsos autónomos que impone la multinacional Movistar. Más que un apoyo de solidaridad, los huelguistas lo anunciaron como un “compromiso” para llevar a cabo en caso de ganar las elecciones, de "Suspender, revertir y no renovar ninguna contratación pública de servicios con Movistar”

En su twitter, Barcelona en Comu decía: "Si governem no treballarem amb @movistar_es mentres continuïn vulnerats drets dels treballadors/es #Enscomprometem" (Si gobernamos, no trabajaremos con Movistar mientras continúen vulnerados derechos de los trabajadores/as).

Pero la traición fue inminente: Ada Colau, como mediadora del conflicto propuso abandonar el edificio a cambio de una reunión entre los trabajadores y Telefónica. Y acto seguido se comprometió a apoyar la renovación del convenio del MWC junto a del ex alcalde de CiU, Xavier Trías. Pasado casi un año ya como alcaldesa y frente a la celebración del MWC de 2016, nada ha cambiado respecto a los contratos precarios de Movistar.

Barcelona en Comú se dedicó a preparar a Barcelona para el "bien común" de los grandes negociados de Telefónica y sus millonarias ganancias traicionando abiertamente el compromiso con los huelguistas de Movistar. En febrero de este año renovaba el contrato con Telefónica valorado en 3,2 millones de euros.

Y he aquí el cruce con la huelga de TMB y Metro. Mientras los directivos de Metro aumentaron sus sueldos en un 14,27%, Ada Colau exigía a los trabajadores que desconvocaran la huelga. Con esta petición, lo que estaba diciendo es que si no había negociación, la culpa era, no de la Dirección de Metro, sino de los trabajadores.

De igual modo la empresa decía que no podía negociar porque hay una "minoría de sindicatos que persiste en promover una huelga que perjudicará gravemente los servicios públicos que prestamos a los ciudadanos". De este modo culpabiliza y criminalizaba a los huelguistas. Ada Colau estuvo de su lado.

Pero igual que los trabajadores de Movistar, los de Metro exigían a Barcelona en Comú que "cumplan con su programa electoral, es lo que los ciudadanos deberíamos exigir a los partidos políticos". Y en un Manifiesto dirigido a Ada Colau, le recordaron algunas promesas del programa cómo: "El Govern de CIU ha apostado por un modelo económico que ha provocado la pérdida de 50.000 puestos de trabajo, ha incrementado los índices de precariedad laboral y ha actuado de manera tardía e insuficiente". "Hacer de Barcelona un referente en empresas comprometidas socialmente. A otorgar a las empresas que cumplan criterios sociales y ambientales justos (sueldos dignos, contratación estable, salud laboral, participación..."

Al día de hoy los trabajadores de Metro continúan las huelgas, denunciando que no se ha implementado ni una sola de estas medidas: congelación salarial, prórrogas para abrir los convenios, falta de transparencia en los sueldos ocultos de los directivos, cargos colocados por el Ayuntamiento.

Y lo que es más grave, mientras Barcelona en Comú asegura que la dirección propone revertir la situación de precariedad, las medidas apuntan a lo contrario: aumentar los contratos parciales, "mejoras" a cambio de eliminar la jubilación parcial en Metro acordada en Convenio Colectivo y de empeorar las condiciones laborales (vacaciones, días de fiesta) y aceptar horarios que empeoran las condiciones de precariedad de los trabajadores con menos derechos.

Luchas contra la precariedad que cuestionan al modelo capitalista de los ’90

Estas huelgas y protestas obreras cuestionan, explícitamente o no, el modelo laboral del capitalismo español configurado en las décadas del ’80 y ’90 con sus políticas de privatización y el consecuente aumento de la precariedad laboral.

Cuestionan a la vieja "casta bipartidista" responsable de las reformas laborales que desde González, Aznar y Zapatero consolidaron bajo un modelo en el que más de un tercio de la clase trabajadora padece condiciones de precariedad. Son el fruto de años de acuerdos entre las direcciones de los sindicatos mayoritarios de CCOO y UGT, la patronal y los gobiernos del PSOE y el PP.

Y cuestionan un modelo en el que se daba por "natural" la existencia de sectores precarios, subcontratados o "falsos autónomos". Una división que se reproducía en la vida cotidiana de los trabajadores tras una "paz social" en la que los trabajadores más precarios se sentían vulnerables a la hora de luchar.

El ejemplo de la plantilla fija de Telefónica o los de Metro rompen decididamente contra los valores individualistas de los años ’90 que la burocracia supo imponer mediante la división y el aislamiento a los sectores de trabajadores más explotados. Los trabajadores de Metro con contratos fijos y mejores salarios convocan huelgas sobre todo por sus compañeros y compañeras que tienen salarios bajísimos y contratos laborales hiper precarios.

Gobiernos del ’cambio’ contra las huelgas

Frente a estas huelgas y protestas decididas se develan de manera acelerada los límites de la llamada "política de gestión municipalista" que lejos está de garantizar e "imponer" a las empresas nuevas condiciones laborales, y que brinden "servicios" a la ciudadanía. Así vendió siempre el MWC la vieja casta política: con este mega evento se "generan nuevos puestos de trabajo", se "reactiva la hostelería" y la economía de la ciudad.

Pero la ecuación es la contraria: contratos cada vez más precarios, explotación laboral y grandes beneficios para las mafias capitalistas hoteleras, de turismo y telecomunicaciones. Y una ciudad "limpia": de pobres, de vendedores ambulantes inmigrantes. De huelgas. De movilizaciones y protestas.

Una siniestra ecuación que muestra los límites de esta estrategia. La idea de una gestión al servicio de los ciudadanos de las instituciones de la democracia liberal dejó al descubierto que los representantes de la nueva “gestión ciudadana” de los Ayuntamientos, cuando están en juego los intereses de los capitalistas o los de los trabajadores, terminan junto a los capitalistas.






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