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Ingreso Mínimo… Vital, pero inalcanzable: sólo lo recibe el 12% de la población bajo el umbral de la pobreza

A casi dos años de que el Gobierno haya implantado la medida, sólo reciben la ayuda 1.064.609 personas, un 12,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza. A pesar de la reforma legal que en diciembre prometía sortear las trabas burocráticas para recibir el subsidio, aún se rechazan tres de cada cuatro solicitudes.

Diógenes Izquierdo

Martes 12 de abril
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A finales de mayo de 2020, en plena pandemia, el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos implantaba el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Casi dos años después, sus objetivos, de por sí limitados, están lejos de cumplirse. El último balance de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, una institución con extensión en todo el territorio nacional y que cuenta con Delegaciones en las distintas Comunidades Autónomas, asegura que sólo un 12,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza se beneficia actualmente de esta medida. En total son 1.064.609 personas, entre ellas 456.000 menores.

La cifra aún está lejos del objetivo fijado por el Gobierno al poner en marcha la medida en 2020: entonces el Ejecutivo de pedro Sánchez afirmó que la iniciativa iba a beneficiar a entre 2,3 y 2,5 millones de personas, aglutinadas en 850.000 hogares. En forma grandilocuente, como suele ser el exceso de relato “progresista”, el Gobierno prometía “acabar con un 80% de la pobreza severa” en el país.

Pero entre la realidad y la previsión hay una gran distancia. El IMV alcanza actualmente a 428.000 hogares de las más 1,7 millones solicitudes presentadas. Esto es sólo el 46% de las previsiones del Gobierno. Según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, todavía quedan más de 1.200.000 personas por incorporar al IMV para llegar al objetivo inicial, que insistimos, era por demás conservador.

Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales el Gobierno ha actuado con “impericia” en la gestión de esta ayuda, nada menos que en un contexto de pandemia, crisis social y pobreza creciente, a la que ahora se le suma la crisis energética y el aumento de la inflación a niveles no vistos en más de tres décadas.

Una medida totalmente insuficiente

Cuando la medida fue adoptada en mayo de 2020, toda la derecha y la extrema derecha a coro, desde el PP, hasta Ciudadanos y Vox, pusieron el grito en el cielo. Recordemos al “buen patrón” Marcos de Quintos, entonces enrolado en Ciudadanos, calificando la ayuda de “un sueldo Nescafé para toda la vida”, mientras Abascal vociferaba que la decisión del Ejecutivo era su “última victoria comunista”. Hasta llegaron a reprocharle Nadia Calviño, una a la neoliberal de paladar negro, que tenía un “clásico discurso bolivariano”.

Tampoco faltó la CEOE mostrando su rechazo a la medida. Su presidente, el millonario Antonio Garamendi, afirmó entonces que “no entendemos que se haya aprobado una medida estructural en pleno estado de alarma”. Y lo decía en el mismo momento que el Gobierno acababa de aprobar un paquete de avales de hasta 100.000 millones de euros con el respaldo de las arcas públicas para las empresas y flexibilizaba la tramitación de los ERTEs.

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Finalmente, el PP y Ciudadanos apoyaron la medida, al son de la propia Comisión Europea, que en un informe sobre la economía española había recomendado adoptar una medida como esta. Esto no es extraño. Puesto que más allá del ruido mediático de la derecha y la gran patronal, la medida siempre ha sido profundamente limitada. Por ello ya ha sido implementada en al menos 20 países de Europa, entre los cuales están Francia, Italia, Alemania, Países Bajos o Reino Unido, nada sospechosos de considerarse siquiera “progresistas”.

Pero, además, el IMV en el Estado Español es peor que en otros casos, ya que se caracteriza por ser uno de los que permite más distancia entre el Salario Mínimo y los ingresos máximos a partir de los cuales puede solicitarse la prestación, amparándose en que existen pensiones no contributivas con esa cuantía, que serían el “mínimo garantizado” en cada hogar del Estado.

Equiparar el IMV a las pensiones no contributivas, que son de por sí una miseria, no tiene el objetivo de garantizar la renta mínima imprescindible para vivir, sino dar una limosna a miles de familias en situación de extrema pobreza, mientras se alimenta el relato “progresista” del Gobierno.

Trabas burocráticas

En los últimos tres meses los trámites para recibir el IMV se han acelerado. Entre diciembre de 2021 y finales de marzo de 2022, se han aprobado las solicitudes de 330.000 personas. Esto es un número mayor de personas que el registrado en los nueve meses anteriores, entre marzo y diciembre de 2021.

Tras reconocer que solicitar el IMV era un auténtico "laberinto burocrático", en diciembre de 2021, el Gobierno impulsó una reforma legal y el Congreso aprobó definitivamente la Ley del Ingreso Mínimo Vital. Estas modificaciones incorporadas en la ley del Ingreso Mínimo Vital, que entraron en vigor en enero de 2022, han ayudado a acelerar los trámites según reconocen distintas organizaciones sociales. Sin embargo, el ritmo de la burocracia estatal sigue siendo extraordinariamente lento.

“El IMV es un absoluto y rotundo fracaso, una tomadura de pelo”, denunciaba a mediados del año pasado Hontanares Arranz, una de las portavoces de RMI Tu Derecho, plataforma ciudadana que entre otras actividades se dedica a asesorar a los solicitantes del IMV. Desde la implantación de la medida, RMI Tu Derecho y otras organizaciones sociales vienen reclamando cambios y mejoras en la gestión de una ayuda que pierde gran parte de su eficacia en un laberinto burocrático plagado de "trabas".

Un programa para terminar con la pobreza

La medida del Gobierno está enfocada a paliar la situación de los sectores de la población que se encuentran en “pobreza severa” (que se calcula entre el 5,4% y el 6% de la población). Es evidente que para estos sectores populares percibir esta ayuda es verdaderamente “vital” para sobrevivir en medio de la crisis social a la que los condena el capitalismo. Pero son millones los que, incluso percibiendo la ayuda, seguirán siendo pobres. Y, como vemos, ni siquiera la totalidad de los hogares vulnerables entran dentro de los supuestos del Gobierno. Y los que lo hacen, tampoco reciben la ayuda.

Antes de la crisis del Covid, al menos a un cuarto de la población (12 millones de personas) se encontraba en riesgo de pobreza o exclusión social. Según la Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas), durante la pandemia, un millón de personas cayó en la pobreza extrema. A finales de 2019, el 4,7% de la población, unas 2.190.000 personas, vivían en esta situación; un año después, concluido 2020, la pobreza extrema alcanzó al 7% de la población, en concreto a 3.260.000 personas. Actualmente en el Estado español el 26,4% de la población está en riesgo de verse en esa situación.

Es por ello que el IMV, que ni siquiera responde al programa inicial que planteaba Unidas Podemos antes de transformarse en la muleta del Gobierno neoliberal progresista (un salario mínimo vital de 600 euros), está lejos de ser una medida que pueda atacar de lleno la pobreza. Es lo que tiene el reformismo sin reformas.

La realidad es que las grandes políticas del Gobierno no son sus medidas sociales, pocas y limitadas, sino la subvención a las grandes empresas entregándole los fondos de la UE y financiando los ERTEs, la precarización de las condiciones laborales mediante nuevas contrarreformas como la de la ministra “comunista” Yolanda Díaz, y ahora, el frenesí militarista generado por la guerra en Ucrania y la política de rearme imperialista a la destinarán cada vez más fondos.

Por ello, la resolución integra y efectiva del drama social de la pobreza sólo puede resolverse, diría Marx, mediante la incursión despótica sobre la propiedad y los beneficios de los grandes capitalistas. Lo que hace falta es implementar un programa de emergencia social que le pase la factura de la crisis a los capitalistas. Un programa que debería partir de algunas medidas elementales como un subsidio universal de emergencia para todas las personas desempleadas que lo necesiten, la prohibición de los despidos, la derogación de las reformsa laborales y la reducción de la jornada laboral sin reducir el salario para terminar con el paro. ¿Y quien debería pagar esto? La respuesta es igual de sencilla: los capitalistas, mediante la imposición de impuestos extraordinarios a las grandes fortunas y la nacionalización de los grandes bancos y empresas estratégicas, empezando por las eléctricas que se han forrado a costa de las penurias del pueblo.

No hace falta decir que un partido del IBEX35 como el PSOE jamás aplicaría un programa de este tipo. Pero tampoco lo harían sus “médicos de cabecera” en el Gobierno, Unidas Podemos. Un programa así sólo puede implementarse con la lucha. Las burocracias sindicales de CCOO y UGT, que vienen de pactar una nueva contrarreforma laboral con la CEOE y el Gobierno, y callan ante el militarismo imperialista que se extiende en la sociedad dando nuevos bríos a la extrema derecha, van a contramano de esta perspectiva. Hay que imponerles este programa mediante la lucha de clases.


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