El Obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez, considera que las personas homosexuales cometen «un pecado mortal» y lo comparó con el alcoholismo y la delincuencia
Varios colectivos piden su cesehttps://t.co/FTvd2npf6P pic.twitter.com/EbAAalgeNy
— RTVC (@RTVCes) January 19, 2022
Posiciones de este tipo no son novedad para el sacerdote quien ya en 2007 en otro medio había justificado la pederastia. Tampoco para miembros de esta institución. No ha pasado mucho tiempo desde que su máximo representante, el papa Jorge Bergoglio, exigiera al gobierno italiano intervenir contra una ley a favor de los derechos LGTB o que mandara a niños homosexuales al psiquiatra.
Por su parte, el presidente de Canarias, miembro del PSOE, Ángel Víctor Torres tan solo se limitó criticar lo dicho por el obispo y a pedir su rectificación; algo tampoco fuera de lo común considerando la estrecha relación de la Iglesia con el PSOE el cual bajo sus gobiernos destina millones de euros anuales a la misma.
Las declaraciones del Obispo, como no podía ser de otro modo generaron enorme indignación y muchos colectivos y activistas por los derechos LGBTI mostraron su repudio y algunas de ellas se han organizado para exigir el cese del obispo mediante la plataforma change.org. Recordemos que el mismo Obispo declaraba en 2007 para referirse a los caso de pederastia en el seno de la Iglesia Católica que “hay menores que desean el abuso e incluso te provocan”.
Días después el obispo ha rectificado algunas de sus palabras indicando a través de un comunicados a apuntado que “He de reconocer que no estuve acertado al responder a algunas cuestiones que requieren una más detenida reflexión y explicación” lo cual no cambia la posición reaccionaria de esta institución con las libertadas sexuales.
Este tipo de declaraciones representan un peligro para las conquistas en materia de derechos de las personas LGBTI y la impunidad de estos dichos fortalecen los discursos de odio en los que se enmarca la extrema derecha y su aliada histórica, la Iglesia Católica, encargada de contener y evitar la expresión de descontento de las clases populares contra los sectores dominantes, criminalizando mujeres y grupos LGBTI.
