El 12 de marzo iniciará la franja TV de la campaña electoral hacia la elección de convencionales a la convención constitucional del 11 de abril.

Esta convención que muchos “progresistas” consideran histórica, está llena de trabas para proteger el orden de los grandes empresarios y partidos del régimen. El poder de veto de la derecha garantizado por el requisito de 2/3 para la aprobación de cualquier ley, la protección de los tratados internacionales actualmente vigentes o el sistema electoral que privilegia a los viejos partidos empresariales de la derecha y la ex Concertación son algunas de esas trabas. Pero además, se privilegiará a la derecha y la ex Concertación en la distribución del tiempo -supuestamente “democrática”- en la franja televisiva donde candidatas y candidatos muestran gratuitamente sus propuesta a la población.

¿Cómo los privilegiará?

Como ocurrió con el plebiscito: allí la pinochetista UDI fue el partido que contó con más tiempo (más de 4 minutos) para propagandizar el rechazo y más de 4 minutos para la convención mixta. No obstante haber sido derrotados brutalmente, tuvieron casi la mitad del tiempo. Luego venía el partido del presidente Sebastián Piñera, Renovación Nacional, Convergencia Progresista, la Democracia Cristiana y el pacto Apruebo Digno del Partido Comunista y luego el Frente Amplio.

¿Cómo será ahora?

Ahora la fórmula será casi igual de antidemocrática. Los viejos partidos del régimen, rechazados masiva y persistentemente en las calles, tendrán más del 90 % del tiempo disponible.

De acuerdo a las normas, los nuevos partidos como el Partido de Trabajadores Revolucionarios, así como el conjunto de las candidaturas independientes, les corresponde un tiempo equivalente al del partido político que obtuvo menos sufragios en la última elección, es decir, la de diputados y diputadas en 2017. Esto es menos de un segundo.

En el caso de los independientes, 457 candidatos deben repartirse, entre todos, menos de un segundo.

Se trata de un fraude descarado a ojos vistas de la población, una convención hecha en beneficio de los partidos empresariales y del viejo régimen, para que puedan ganar pese a ser hoy una minoría. Un nuevo fraude que muestra por entero el carácter anti-democrático del proceso constitucional abierto.