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ACEROS ZAPLA

Jujuy: lanzan campaña contra la judicialización del derecho a huelga

El Ce.Pro.D.H. inicia una campaña en defensa del derecho a huelga luego de rechazar el pedido de juicio del fiscal contra los trabajadores de Aceros Zapla. Reproducimos su declaración y petitorio.

Sábado 16 de abril de 2016 | 20:56

Entre los días 22 y 25 de marzo, Víctor L. Aguirre, Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Aceros Zapla, y los delegados de base Walter R. Calapeña y Julio C. Mamaní, éste último ex candidato a intendente en Palpalá por el Frente de Izquierda, recibieron en sus domicilios una citación a juicio requerida por la Fiscalía de Investigación Penal N° 7 de la ciudad de San Salvador de Jujuy, a cargo del Fiscal Darío Osinaga Gallacher. Se los considera autores del delito de “Compulsión a la Huelga o Boicot” previsto en el art. 158 del Código Penal, un artículo que data de fines del siglo XIX, pensado para ser utilizado contra los trabajadores que hicieran huelga.

Esta causa iniciada en 2014 por una denuncia de “usurpación” por parte de la gerencia de la empresa –en medio de la huelga de los trabajadores que exigían aumento salarial, pase a planta permanente de los tercerizados y cumplimiento de condiciones de seguridad e higiene para evitar accidentes y muertes obreras, se suma a los más de 4000 procesados por luchar durante los gobiernos kirchneristas.

Pero la empresa no tuvo éxito ese año en su objetivo de desalojar a los trabajadores, quienes continuaron la huelga que se extendió por 32 días, a pesar de la actuación de la justicia a través del fiscal que no cesó en la búsqueda de cualquier argumento para avanzar sobre los referentes de la lucha. Así, hace unas semanas, en el marco de la política de despidos y sistemático vaciamiento de Aceros Zapla, precarización de los trabajadores, persecución y desconocimiento de su organización sindical, la patronal de Sergio Taselli y el fiscal Osinaga retomaron su ofensiva penal, apoyados en el reaccionario artículo 158 del Código Penal.

El salto que da esta causa antiobrera con el pedido de elevación a juicio del Secretario General del Sindicato y los delegados de base de Aceros Zapla no es casualidad. Se da en el marco de la avanzada represiva impulsada por el gobierno de Gerardo Morales que basó gran parte de su campaña en el ataque al “caos” de la protesta social. Desde que asumió llevó adelante un paquete de reformas que le garantizan una justicia adicta, ampliando el Superior Tribunal para tener mayoría propia, “empoderando” a los fiscales para el armado de causas, lo que le permite hasta hoy mantener detenida a la dirigente social Milagro Sala arrestada originalmente por realizar un acampe.

Esta política de criminalizar la protesta se da también en el marco de una política de ajuste contra los trabajadores en todo el país, que envalentona al empresario vaciador Sergio Taselli para profundizar su ataque a los trabajadores pagando los salarios en cuotas, despidiendo, negociando paritarias a la baja y desconociendo a dirigentes del sindicato.

Por medio del pedido de citación a juicio de los trabajadores el fiscal le presta un gran favor al empresario experto en vaciamiento. Un nuevo golpe contra los derechos laborales y sindicales, derechos humanos fundamentales reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales y de Derechos Humanos.
No se puede permitir que se juzgue penalmente a trabajadores por ejercer el derecho de huelga. Es un intento de sentar precedentes claramente inconstitucionales y de gravedad extrema frente a la necesaria defensa de los derechos laborales.

Una clara persecución desde la justicia

Para fundamentar el pedido de elevación a juicio Osinaga consideró la prueba en forma fragmentaria y contradictoria, incurriendo en omisiones, alteraciones y falsedades injustificables respecto de la verificación de los hechos. Por ejemplo, sin preocuparse por las desprolijidades, determina por el sólo uso de su “sana crítica racional, basada en los principios de la lógica, la psicología y la experiencia común” que las declaraciones prestadas por trabajadores cuyo testimonio niega las acusaciones de la empresa no son válidas. Un deliberado uso de la “racionalidad” que lo ubica en la misma vereda de la empresa y da por tierra el principio de “imparcialidad”.

Así las cosas, es necesario resaltar también que sin contar con prueba alguna, la curiosa “racionalidad” del Fiscal lo lleva a fabricar una prueba tomando sólo como válidos los testimonios del personal jerárquico de la empresa, dejando en evidencia el carácter de clase de esta Justicia.

Bajo este mismo modus operandi el requerimiento se basó en declaraciones testimoniales que fueron conseguidas a través de preguntas capciosas y sugestivas, como por ejemplo, cuando indaga a una de las testigos “para que diga si cuando Víctor Aguirre la invita a retirarse lo hace de una manera amenazante”. Ello implica una clara violación a los derechos del debido proceso, puesto que el fiscal al dar por hecho la culpabilidad de los imputados invierte el principio de inocencia.

No a la judicialización del derecho a huelga

Los abogados del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.), en representación de Julio Mamaní, presentamos la oposición al pedido fiscal, la nulidad del requerimiento de citación a juicio formulado -por no cumplir el mismo con los recaudos legales y ser infundado- y solicitamos el sobreseimiento, señalando que se ven vulnerados los derechos de defensa y el debido proceso, denunciando que las acusación penal ha sido sostenida con la sola finalidad de penalizar el legítimo derecho a huelga por parte de los trabajadores de la empresa Aceros Zapla S.A.

Pero no podemos esperar una respuesta satisfactoria de esta Justicia provincial que ya ha demostrado su completa disposición a violar derechos y garantías fundamentales, por eso llamamos a rodear de solidaridad a los trabajadores de Zapla, e impulsar en todo el país un fuerte repudio a esta escandaloso hecho de judicialización del derecho a huelga y la causa armada contra los representantes de los trabajadores para impedir que se siente un nefasto precedente de criminalización de quienes luchan por sus derechos.

Adjuntamos un Petitorio que ya cuenta con las primeras firmas de organismos de Derechos Humanos, organizaciones sindicales, políticas y sociales de la provincia de Jujuy, invitamos a adherir al mismo.

CENTRO DE PROFESIONALES POR LOS DERECHOS HUMANOS (Ce.Pro.D.H.)

No a la judicialización del derecho a huelga!
Basta de persecución contra los trabajadores de Aceros Zapla!
Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ce.Pro.D.H.), denunciamos la violación de derechos humanos fundamentales a consecuencia de la actuación de la Fiscalía de Investigación Penal N° 7 de la ciudad de San Salvador de Jujuy -a cargo del Fiscal Darío Osinaga Gallacher-, quien en los días entre 22 y 25 de Marzo de 2016 requirió la Citación a Juicio de Víctor L. Aguirre (Secretario General del Sindicato de Obreros y Empleados de Aceros Zapla), y los delegados de base Walter R. Calapeña y Julio C. Mamaní, acusándolos del delito de “Compulsión a la Huelga o Boicot” previsto en el art. 158 del Código Penal. La causa que intenta ser llevada a juicio fue iniciada en el marco de la huelga llevada adelante por los trabajadores de la empresa Aceros Zapla S.A. en el 2014, resultando evidente que ha sido retomada en el marco de una política de ajustes contra los trabajadores en todo el país, a días de abrirse una nueva paritaria en la empresa comandada por el empresario vaciador Sergio Taselli, quien acaba de despedir trabajadores. El fiscal Osinaga Gallacher, con la requisitoria a citación a Juicio no hace más que negar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, pretendiendo que se los juzgue penalmente por el hecho de ejercer el legítimo derecho de huelga, en un intento de sentar graves precedentes confirmando la violación de derechos humanos fundamentales y colectivos.
PETITORIO
Los abajo firmantes manifestamos nuestra más profunda preocupación por el intento de criminalización de quienes reclaman por sus derechos laborales, y solicitamos se revea la medida, dictándose el sobreseimiento de los trabajadores de Aceros Zapla imputados en la causa, representantes de sus compañeros en el marco de las negociaciones paritarias, entendiendo que se trataba del ejercicio de un derecho constitucional fundamental como lo es el Derecho a Huelga.

Firmas:
· Ines Peña (Pte. de la Asociación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy)
· Jose Del Frari (Secretario Adjunto de la CTA Jujuy)
· Anabel Yacianci (ATE - CTA)
· Leonardo Rosales (Partido Comunista)
· Gabriel Jure
· Elena Chaves (ANDHES)
· Leila Chaler (La Campora)
· Hebert Lima (Encuentro Participativo Popular)
· Rafael Colqui (Encuentro Participativo Popular)
· Gabriela Carasik (ADIUNJU)
· Nora Ferreyra (Pta. de Red por Derecho a la Identidad, de Abuelas de Plaza de Mayo)






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