Internacional

PODER JUDICIAL DE BRASIL

La Corte Suprema de Brasil prohibió las autoritarias declaraciones forzadas

La Corte Suprema de Brasil decidió el pasado viernes prohibir definitivamente las declaraciones forzadas, implementadas con traslado policial.

Lunes 18 de junio de 2018 | 14:02

Ese instrumento había sido suspendido por el juez supremo Gilmar Mendes. Seis de los once jueces votaron en contra, mientras cinco votaron a favor de mantener la autoritaria herramienta.

La llamada “conducción coercitiva”, que ha sido utilizada ampliamente, consiste en el poder de los jueces para dictar el traslado policial de un imputado a declarar en un interrogatorio. El Código Penal del vecino país establece que la conducción coercitiva puede ser decretada por el juez cuando el sospechoso “no atendiere a la intimación para el interrogatorio, reconocimiento o cualquier otro acto que, sin él, no pueda ser realizado”.

La conducción coercitiva, ampliamente utilizada en la operación judicial Lava Jato, que investiga los entramados de corrupción en Petrobras, sirvió como medio para hacer más espectaculares sus operaciones, con el objetivo de apoyarse en el punitivismo arraigado en la población para obtener apoyo y seguir su trama. Es un instrumento arbitrario del golpismo judicial para llevar adelante sus planes.

Uno de los casos de alto voltaje de la Operación Lava Jato, fue cuando el 4 de marzo de 2016 el juez Moro envió a unos 500 policías federales a buscar al ex presidente Lula Da Silva en su casa en Sao Bernardo do Campo para ser interrogado por un comisario y otros oficiales le registraron su vivienda. Moro justificó su fallo argumentando que la conducción coercitiva servía para proteger a Lula, dada su estatura política por haber sido presidente entre 2003 y 2010. En aquella oportunidad, también habían sido emitidas órdenes de interrogatorio para el hijo del ex mandatario, Fabio Luiz da Silva, y Paulo Okamotto, un antiguo colaborador de Lula y presidente del Instituto Lula.

En este momento en el que está más cuestionada por la población, la Corte Suprema brasileña opta por prohibir esta práctica, que fue crucial para que se realice y avance el golpe. El momento revela un nuevo capítulo de la trama entre las distintas facciones que se enfrentan al interior del “partido judicial”. Las dos posiciones fundamentales son, un sector más favorable al régimen y que se ancla en los partidos y políticos del orden, y otro que pretende realizar una “limpieza en la política brasileña” bajo el discurso de combatir la corrupción.

La operación Lava Jato, sin embarto, no terminará con la corrupción como dicen pretender los jueces. El papel que vienen cumpliendo es el de sustituir la relación espúrea entre empresarios y el estado, por la relación también nefasta de capitales extranjeros que están entrando en el vacío dejado por las empresas que hoy se encuentran en el ojo de la tormenta de la operación. No en vano, los intereses extranjeros interesados en el proceso de privatización de Petrobras están obteniendo lo que quieren: el petróleo brasileño.






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