La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía prepara una orden para actualizar y homogeneizar los precios que paga a la sanidad privada por las operaciones, pruebas de diagnóstico y pacientes derivados de centros públicos de Andalucía. Esta norma incluye dos importantes añadidos, en primer lugar, se habilita jurídicamente que médicos de la privada atiendan a pacientes dentro de hospitales públicos y que también realicen en ellos pruebas y operaciones concertadas por la propia Junta. Además, se incluye por primera vez la atención primaria en la cartera de servicios derivados a la sanidad privada.

La inclusión de la atención primaria en los servicios derivados viene con una nueva “tarificación uniforme”. En concreto, el gobierno andaluz pagará a la sanidad privada hasta un máximo de 65 euros por derivar la primera consulta a un médico de familia, 150 euros en el caso de un especialista y las consultas sucesivas ascenderán a 90 euros. La tarifa se reducirá en un 35% en caso de que el médico privado atienda al paciente en un hospital público.

La Junta de Andalucía presenta el proyecto como una “actualización y desarrollo del sistema de presupuestación y tarifación de convenios y conciertos que suscriba el Servicio Andaluz de Salud para la prestación de asistencia sanitaria en centros sanitarios”. También se ha escudado en que la norma en sí ya existía durante los gobiernos del PSOE, en concreto desde 1998, cuando se regularon las tarifas de concertación de asistencia sanitaria y que fue derogada en 2021 por el decreto de simplificación administrativa del PP. Esta orden vendría a sustituir y ampliar el alcance de lo que ya el PSOE había otorgado al sector privado.

La conexión explícita que hace el PP con anteriores gobiernos del PSOE o gobiernos autonómicos del PSOE en otras comunidades entre su medida y la legislación del PSOE es de agradecer, porque viene a confirmar algo que ya señalaba el 15M hace una década: "PP y PSOE la misma mierda es".

El combate contra la ofensiva privatizadora de la sanidad no es solo contra la derecha, sino también contra los gobiernos autonómicos en manos del PSOE y el Gobierno “progresista” del PSOE-UP, que acaba de aprobar unos
presupuestos militaristas que aumentaron en un 26% el gasto militar mientras la sanidad continúa infrafinanciada.

Como sostiene una reciente declaración de la CRT, “el inicio de la privatización de la sanidad pública en el Estado español podemos situarlo hace bastante tiempo. Un hecho fundacional de este proceso fue la aprobación de la ley 15/97 es la que abrió las puertas a que pudiese haber otras formas de gestión dentro de la sanidad pública. Un pacto firmado y sostenido desde entonces por PP y PSOE que no ha sido cuestionado por ningún Gobierno ni partido del Régimen político español y que fue asumido en el último Gobierno de coalición PSOE-UP. En todos estos años la privatización se ha extendido a todo el sistema nacional de salud, aunque con mayor o menor ritmo e intensidad según el momento y las distintas Comunidades Autónomas.”

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El PP andaluz tira la piedra, y esconde la mano

Si bien el PP afirma que no se va a privatizar nada, la realidad es que según los propios datos de la Junta en el último año aumentaron en un 55% las operaciones derivadas a la privada y en general un 25% más de pacientes derivados. En los Presupuestos Autonómicos de 2023 se prevé que 524 millones de euros del gasto anual del Servicio Andaluz de Salud vaya destinado en prestaciones a la sanidad privada.

El PP andaluz busca implantar un modelo similar al madrileño, pero por la puerta de atrás. Lejos de la confrontación abierta que dirige Ayuso, en Andalucía se favorece presentar una imagen moderada. Juanma Moreno ganó por mayoría absoluta las últimas elecciones en gran parte porque convenció al electorado andaluz de que no había grandes diferencias entre él y el PSOE, lo cual es cierto. El PP en Andalucía viene a profundizar un proceso de privatización de servicios públicos que abrió el PSOE hace décadas.

Es por ello que públicamente Catalina García, consejera de Salud, afirma que su proyecto no va a privatizar la sanidad salvo que “un terremoto destruyese los hospitales simultáneamente”, es decir una catástrofe contra la que nada podamos hacer. Pero el texto jurídico de la norma no especifica ninguna situación de catástrofe, introduce el marco normativo a disposición de la Consejería de Salud para fichar cuando quiera médicos de la privada para que trabajen en instalaciones públicas y cuándo iniciará la derivación de pacientes a médicos de familia de clínicas privadas, en caso de saturación en ambulatorios públicos. Una situación extremadamente común debido a la falta de personal (no habría suficientes médicos para compensar el ritmo de jubilación) y la nula voluntad por ampliar los recursos de la Sanidad Pública.

Y es que no hace falta montarse una película como hace García, la sanidad pública no se destruye por fenómenos naturales que el ser humano no controla ni puede detener. Se trata de una política consciente y sistemática de privatización y destrucción de los servicios públicos de un capitalismo que busca abrir nuevos nichos de mercado y ampliar su tasa de beneficios.

El camino para enfrentar esta deriva pasa inevitablemente por la lucha de clases y la coordinación. La huelga de médicos que lleva varios meses en Madrid, respaldada por amplios sectores de la población como mostró la masiva manifestación del domingo, así como le huelga de Sanidad y Educación en Catalunya el 25 y 26 de enero, la huelga andaluza iniciada el pasado día 20, la lucha de los sanitarios del País Valencià o Extremadura, muestran que hay fuerzas para extender la lucha en todo el Estado por la sanidad pública en el camino de una huelga general que unifique todas las categorías profesionales. Detrás de un programa de medidas de emergencia para atacar los beneficios de las grandes empresas y revertir la ofensiva privatizadora de la sanidad.

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Para terminar con el negocio de la salud en manos de los capitalistas, es necesario plantear una perspectiva que supere el modelo de gestión y cogestión público-privada que se ha sostenido durante décadas por todos los gobiernos, ya fueran de derecha o “progresistas”. Contra el negocio de concertadas y consorcios, hay que imponer la derogación de la Ley 15/97 y de todos los convenios de gestión privada de equipamientos sanitarios públicos, en la perspectiva de luchar por la expropiación sin pago de todas las empresas de salud privadas -incluidas las grandes farmacéuticas- y la nacionalización de todo el sistema de Salud para crear una red pública única, gestionada por sus médicos, profesionales y trabajadores de la salud junto a comités de usuarios.