Cultura

ADELANTO EDITORIAL

La Revolución española, por Antonio Liz

Ante la salida de IzquierdaDiario en el Estado español, el historiador Antonio Liz nos ha enviado unos fragmentos de la obra que está concluyendo sobre la Revolución española.

Martes 29 de septiembre de 2015

Los fragmentos que reproducimos a continuación pertenecen al primer capítulo del libro "La Revolución Española" y plasman las inmediatas contradicciones que se dieron entre la ilusión reformista y la realidad social, se presentan sin notas.

No es habitual que un historiador presente una pincelada de su obra antes de estar editada pero el autor lo hace, nos dijo, “como un homenaje a la importancia que le doy a la aparición de vuestro periódico ya que estoy seguro que se convertirá en una escuela de periodistas proletarios lo que hará del periódico una muy buena herramienta para ayudar a la toma de conciencia política de los sectores más dinámicos de la clase trabajadora. Enhorabuena y ánimo”.

De la ilusión a la lucha

Por Antonio Liz

En la mañana del 14 de abril de 1931 Alfonso XIII da la orden al subsecretario de Gobernación de que despeje la Puerta del Sol de los manifestantes que celebraban los resultados electorales y vitoreaban a la República pero en el Ministerio de Gobernación el capitán que está de turno dice que eso es una imposibilidad. Ya el conde de Romanones le había hecho llegar al monarca la propuesta de que dejase el trono. El monarca al verse aislado decide irse. Él vestirá esta retirada forzosa con un gesto aparente de patriotismo en una carta que hará pública el periódico monárquico ABC –con el permiso explícito del gobierno- el día 17, que contiene un pasaje en el que miente conscientemente al decir “que hallaría medios sobrados para mantener mis regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten”. La verdad es que se tiene que ir el mismo día 14 porque no le queda otro remedio, saldrá del Palacio de Oriente a las 21.30 horas e irá a Cartagena en coche donde embarcará en el crucero Príncipe de Asturias que le llevará a Marsella. Mientras, se proclamaba oficialmente la II República en la Puerta del Sol desde el balcón del Ministerio de Gobernación –aunque la primera ciudad que la había proclamado izando la bandera tricolor en el ayuntamiento había sido Eibar (Guipúzcoa) a las siete de la mañana. A las 19.00 horas el Comité Revolucionario se convierte en el Gobierno Provisional, un gobierno compuesto por republicanos de diversas tendencias y tres socialistas. El primer quehacer de este gobierno fue pedirle al líder de ERC, Francesc Maciá, nombrado presidente de la República catalana por los concejales republicanos del ayuntamiento de Barcelona, que se desdijera de su proclamación de una República catalana en una Confederación de pueblos ibéricos, algo que el gobierno logró enviando a tres ministros y a la inapreciable ayuda de Lluis Companys, el segundo de ERC, bajo la condición de que el Estatuto se trataría con celeridad.

La proclamación de la II República fue recibida con júbilo popular, como informan las fuentes gráficas y escritas. Las esperanzas populares depositadas en el nuevo régimen eran enormes. Las dos grandes fracciones del movimiento obrero, la socialista y la anarcosindicalista, estaban esperanzadas con el advenimiento de la República. Tanto era así en el movimiento socialista que se convertirá en el sostén de masas del Gobierno Provisional, mientras que la CNT sufrirá una rápida desilusión. Por su parte, el movimiento comunista, minoritario en su implantación y dividido porque el stalinismo había ocupado el poder en la Rusia Soviética, tenía dos consignas totalmente diferentes: el oficialista PCE lanzaba la consigna absolutamente descontextualizada, ultraizquierdista, de “¡Abajo la república burguesa! ¡El poder para los soviets!”, mientras que los heterodoxos del BOC y la OCE llamaban a profundizar las consignas democráticas, conscientes de que en último extremo sólo un gobierno de la clase trabajadora podría concretarlas, efectivizarlas. Realmente se necesitaba una auténtica revolución democrática ya que cinco eran los grandes problemas a enfrentar: la reforma agraria, la cuestión nacional, la relación de la Iglesia con el Estado, la cuestión obrera y la reforma militar, además de la cuestión marroquí -que en este momento no estaba en primer plano por la victoria militar que había logrado en el Protectorado el depuesto Primo de Rivera.

El Gobierno Provisional estaba presidido por Niceto Alcalá Zamora. Este no era casualmente un ex ministro de Alfonso XIII y un directo representante del bloque dominante terratenientes-burguesía. En realidad, él presidía este gobierno porque era la forma de intentar detener la revolución social ante el colapso de la monarquía. Quien explica de una manera muy clara las razones que llevaron a un sector de la burguesía a hacerse republicanos es el primer ministro de la Gobernación, Miguel Maura: “El problema que se nos planteaba era el siguiente: la Monarquía se había suicidado y, por lo tanto, o nos incorporábamos a la revolución naciente, para defender dentro de ella los principios conservadores legítimos, o dejábamos el campo libre, en peligrosísima exclusiva, a las izquierdas y a las organizaciones obreras”.

Pero a pesar de que una fracción de la burguesía apostó por la República para taponar el proceso revolucionario, la mayor parte de la burguesía no las tenía todas consigo porque la Revolución rusa estaba en su mente. Los límites máximos de la República que estaba dispuesta a admitir la burguesía están trazados en las palabras que pronunció Niceto Alcalá Zamora en el mitin del 13 de abril de 1930, donde hizo públicamente su paso táctico del campo monárquico al campo republicano: “una República viable, gubernamental, conservadora, con el desplazamiento consiguiente hacia ella de las fuerzas gubernamentales de la mesocracia y de la intelectualidad española, la sirvo, la gobierno, la propongo y la defiendo. Una República convulsiva epiléptica, llena de entusiasmo, de idealidad, más falta de razón, no asumo la responsabilidad de un Kerenski para implantarla en mi patria”. En todo caso, como escribió por entonces Andreu Nin, “la burguesía tiene miedo –y hay que decirlo, fundado- a las masas. La experiencia de la revolución rusa es, en este sentido, demasiado elocuente. Una revolución se sabe como empieza; es más difícil decir su desenlace una vez desencadenada. Precisamente porque había comprendido esto, la burguesía española hizo marcha atrás en 1917, en un momento en que la monarquía estaba al borde del abismo”. Por todo ello se entiende que se dé una gran fuga de capitales a raíz del 14 de abril y que la Banca Morgan cancele un préstamo de 60 millones de dólares que le había concedido al régimen monárquico.

La Iglesia estaba en una tesitura parecida, expectante pero preocupada. Así, ante la proclamación de la República la Iglesia se mostró en un primer momento dubitativa, pero eso terminó tan pronto como el 7 de mayo, en que salió en el periódico católico y monárquico ABC una “importante carta pastoral del cardenal primado acerca de los deberes de los católicos en la hora actual”, como reza la presentación de la noticia. Efectivamente, el cardenal primado y arzobispo de Toledo Pedro Segura y Sáez llamaba a “todos los católicos, republicanos o monárquicos”, a luchar políticamente. Antes, en la presentación de la carta, se dejaba bien claro que “la carta pastoral del primado responde en todos sus conceptos al espíritu del Vaticano”. De esto no hay la menor duda porque el cardenal Segura citará por extenso en defensa de su argumentación a los papas León XIII, Pío X y Pío XI. Así, no era un exabrupto del cardenal sino que trazaba toda una línea política a seguir que no podía venir de otra parte que del propio Vaticano y, además, la documentaba con un ejemplo histórico, Baviera de 1918. El apartado que encierra la mayor parte de la pólvora política es aquel que se titula “Deberes de los católicos en la actuación política”. Si en un apartado anterior había ordenado, en una clara división de género, que “las señoras católicas” debían llevar “una cruzada de oraciones”, claro que “bajo la dirección de los reverendos párrocos”, ahora llamaba a los hombres católicos, republicanos o monárquicos, a la lucha política ya que “la Iglesia, pues, nos enseña en primer lugar que “cuando los enemigos del reinado de Jesucristo avanzan resueltamente, ningún católico puede permanecer inactivo, retirado en el hogar o dedicado solamente a sus negocios particulares””. La pastoral hace hincapié una y otra vez en la idea de “que los católicos no deben abandonar en manos de sus enemigos el gobierno y la administración de las cosas”. Por lo tanto, “es urgente que en las actuales circunstancias los católicos, prescindiendo de sus tendencias políticas, en las cuales pueden permanecer libremente, se unan de manera seria y eficaz para conseguir que sean elegidos para las Cortes Constituyentes candidatos que ofrezcan plenas garantías de que defenderán los derechos de la Iglesia y el orden social (…). Podrá serviros de ejemplo lo que hicieron los católicos de Baviera después de la revolución de noviembre de 1918: (…) constituyendo el grupo parlamentario más fuerte, pudieron, como atestiguan los hechos, salvar al país del bolchevismo”. Continúa con una cita papal en la que se afirma que todos los católicos “están obligados, como enseñó Su Santidad Pio X, a conservar siempre su libertad de acción y de voto para negarse a cooperar, de cualquiera manera que sea, a leyes o disposiciones contrarias a los derechos de Dios y de la Iglesia (…). Juzgamos innecesario descender a más pormenores”. Ante esta declaración de guerra política, el gobierno lo declaró persona non grata y el cardenal salió de España y ordenó que la Iglesia vendiera propiedades lo que hizo que el enfrentamiento con el gobierno republicano-socialista se recrudeciera lo que forzó al Vaticano a retirarlo como portavoz de la Iglesia española.

(…)

El Gobierno Provisional lanza sus primeras medidas reformistas a través de una serie de decretos. Serían los más importantes los emitidos por el ministro de Trabajo, el socialista Francisco Largo Caballero, por el ministro de Guerra, el republicano de izquierdas Manuel Azaña, y por el ministro de gobernación, el republicano de derechas Miguel Maura. El primer decreto que firmó Largo Caballero fu el que declaró el Primero de Mayo como fiesta oficial (22, abril). Otros decretos suyos fueron, un decreto de Términos municipales (22 de abril), con él quería obligar a que los terratenientes empleasen a los jornaleros del municipio con el objeto de que no se abaratase más la fuerza de trabajo; otro que prohibía los desahucios de campesinos arrendatarios (29 de abril); un tercero sobre la constitución de Jurados Mixtos del Trabajo rural (8 de mayo), con la sana intención de que los jornaleros del campo pudiesen negociar directamente con los terratenientes y un cuarto que imponía sobre el papel la jornada laboral de ocho horas (julio), que era ya una reiterada reivindicación de la Internacional Socialista. Azaña emitió un decreto con la intención de empezar a reformar el ejército (25 de abril), que tenía casi más mandos que soldados, por el que se posibilitaba que pasaran a causar baja aquellos mandos que quisiesen cobrando íntegra la paga que tuvieran en el momento del cese. El decreto de Maura modificaba la Ley Electoral de 1907 primando a la mayoría (8 de mayo), rebajaba la edad electoral de 25 a 23 años y permitía que las mujeres y los sacerdotes fuesen elegibles.

Lo que no hizo el Gobierno Provisional fue depurar el aparato represivo del régimen monárquico. Un ejemplo que ilustra esta actitud pasiva es el caso del general Sanjurjo que cuando cayó el régimen monárquico era el director de la Guardia Civil y al venir la República continuó a su frente simplemente porque se puso a las órdenes del nuevo régimen. Es conocida la forma en que el general Sanjurjo lo hizo, se presentó vestido de paisano en casa del que iba a ser el ministro de Gobernación, Miguel Maura, y cuadrándose ante él le dijo “a las órdenes de usted, señor ministro”, quedándose el propio Maura de “una pieza” por su descomunal sorpresa ya que aún se hablaba de la posibilidad de que el rey decretase el “estado de guerra”.
El Gobierno Provisional consideraba que necesitaba un marco político estable que legitimase su proceder y por eso el ministro de Gobernación, Miguel Maura, entendió “que debían celebrarse en el mes de junio las elecciones, ya que cuanto antes debía cesar la provisionalidad del Gobierno”, razón por la cual se va rápidamente a las elecciones a Cortes Constituyentes. Finalizaba, pues, el periodo del Gobierno Provisional.

(…)

En las elecciones a Cortes Constituyentes del 28 junio de 1931 votó el 70,14 por 100 del censo electoral. Esta participación tan elevada es un indicativo de las expectativas que levantaba la República entre los sectores populares. Las elecciones consolidaron la conjunción republicano-socialista a nivel estatal. ERC derrotó en toda la línea a la Lliga, con lo que se convertirá en el representante del nacionalismo catalán, que obtenía votos de la pequeña-burguesía catalana urbana y rural y de un sector de trabajadores. El nacionalismo vasco estaba representado por el PNV y la republicana ORGA también llevaba una representación del nacionalismo gallego. El PSOE fue el partido más votado y consiguió 116 escaños, el segundo en votos fue el Partido Republicano Radical de Lerroux, que consiguió 90 diputados. Acción Republicana, el partido del que va a ser el presidente del gobierno de coalición republicano-socialista por excelencia, Manuel Azaña, sólo obtuvo 26 diputados lo que indica su dependencia objetiva del PSOE, aunque será este el que esté subjetivamente subordinado. La derecha monárquica y protofascista, a pesar de los deseos del cardenal Segura, no había podido presentar batalla porque se estaba rehaciendo políticamente. La Cámara salida de estas elecciones fue la más mesocrática de la II República ya que el sector de republicanos pequeño-burgueses era el más representado. No obstante, este parlamento será visto como “totalmente izquierdista” por un miembro del propio gobierno, Maura, lo que nos indica la percepción tan arraigadamente derechista que había inclusive en los sectores ilustrados de la derecha conservadora, no fascista, como era el caso del propio ministro de Gobernación.

A estas alturas de 1931, la vida material y social de la clase trabajadora no había mejorado ya que el paro obrero era alto y continuo el alza de los precios de los productos populares básicos de consumo y el gobierno no había introducido ninguna ayuda estatal por desempleo por lo que se daban un sinfín de huelgas, protagonizadas fundamentalmente por la CNT. Una de las huelgas que podría simbolizar el periodo del gobierno republicano-socialista fue la huelga de Telefónica, del 6 al 29 de julio. El 6 la CNT declaró la huelga en la Telefónica de todo el Estado, aunque “la huelga se había declarado antes de las elecciones municipales del 12 de abril, pero se resolvió posponerla hasta después de las mismas”. Entre las peticiones estaban la readmisión de los trabajadores despedidos y el reconocimiento del Sindicato de Teléfonos de la CNT por la propia compañía. El ministro de Gobernación, Maura, que calificaba constantemente de “turbas” a las movilizaciones populares en general y a la militancia anarcosindicalista en particular, apoyó a la compañía. Entre otras cosas, se negó a que los trabajadores negociaran directamente con la dirección de la Compañía Telefónica Nacional de España, subordinada a la American Telephone and Telegraph Co. La huelga se volvía más dura gracias al apoyo que la compañía recibía del gobierno republicano-socialista, apoyo que estaba muy claro para los anarcosindicalistas, tanto que en Solidaridad Obrera dirán: “el Gobierno actual, lacayo vil de una Compañía que no tiene otra razón que sus millones (…). Y si los ministros socialistas defienden a una Compañía que paga veinticuatro duros al mes a sus empleados no nos queda más remedio que suponer que se dedican a la trata de esclavas o de blancas”. En respuesta la CNT convocó huelga nacional en solidaridad con los trabajadores de teléfonos. Los socialistas ejercieron de esquiroles, aunque un poco antes de la proclamación de la República Indalecio Prieto había hecho una crítica demoledora del contrato colonial de la Compañía Telefónica con la multinacional ETT en una conferencia en el Ateneo madrileño. Largo Caballero posibilitó la creación del sindicato Organización Telefónica Obrera, que pasó a la UGT. La huelga se hizo muy dura en capitales como Sevilla, Barcelona, Madrid. En Barcelona se colocó “una bomba en el Paseo de Gracia, en una cámara subterránea, punto neurálgico de las comunicaciones telefónicas con el resto de España, lugar señalado por un oficial de estado mayor amigo. El tráfico rodado y los peatones fueron detenidos a distancia de la cámara para que no sufriesen las consecuencias de la explosión”. Para Sevilla contamos con el relato del ministro de Gobernación, Miguel Maura: “el 18 dio comienzo la huelga general en la provincia de Sevilla. Durante los días 19, 20 y 21 fue en aumento la revuelta. El 20, murieron en la calle, asesinados desde las terrazas, tres guardias civiles y cayeron cuatro obreros ante los disparos de la fuerza pública (…). Tanto Bastos (el gobernador civil) como yo teníamos decidido no resignar el mando en la autoridad militar sino en última instancia. Desde el 18 hasta el 22 de julio logramos hacer frente al conflicto con sólo las fuerzas de la Guardia Civil, pero el 22, por la mañana, se recrudeció aún más la ofensiva merced al esfuerzo que, por lo visto, lograron los amotinados de los campesinos de los alrededores (…). Fue indispensable pasar la mano a la autoridad militar. Mandaba la División de Andalucía el general Ruiz Trillo, que se hizo cargo del mando proclamando el estado de guerra”. Después de haber concluido la huelga, entre las represalias estuvieron el asesinato puro y duro de trabajadores y el bombardeo y destrucción de una casa emblemática de los anarcosindicalistas. El ministro de Gobernación hace este cínico relato de los asesinatos: “No ceso la lucha en todo el día 22, y de madrugada, con ocasión de un traslado de presos desde Sevilla al puerto, para conducirlos al penal de Cádiz, al cambiar de furgoneta en pleno Parque de María Luisa a varios de los detenidos, estos intentaron escapar y la fuerza del ejército, al mando de un joven teniente, disparó matando a cuatro”. La destrucción de la casa cenetista, “Casa de Cornelio”, la relata el ministro de Gobernación con aire señorito: “El general Ruiz Trillo, por si y ante sí, dispuso como sanción a posteriori de los sucesos debía de castigar, en forma ejemplar, al domicilio que los rebeldes habían utilizado como cuartel general durante la revuelta (Casa de Cornelio) (…). Para tan edificante fin, fue emplazada una pieza de artillería del 75 (…). A la hora del mediodía, y con la máxima solemnidad, la autoridad militar, representada por un coronel del Ejército, dio la orden de fuego por tres veces consecutivas (…). Al tercero, podían contemplarse desde la calle ascendente todas las tripas de la culpable de haber alojado a los cabecillas de la revuelta. La casa destripada y en escombros quedó meses y meses expuesta al pueblo, como muestra de la ejemplaridad de la justicia militar, simbólica, pero inexorable”. La huelga llegó a su fin, además de los asesinatos “hubo detenciones a granel, despidos de los dirigentes de la huelga, traslado de otros, etc.”. Ante estos hechos un editorial de Solidaridad Obrera explicita el sentimiento que recorría el anarcosindicalismo: “Mientras Maura y Largo Caballero continúen en el Gobierno aquí no puede haber paz. El proletariado revolucionario español no querrá la paz, no debe quererla, con una República en cuyo Gobierno se tolera a unos hombres fusilables”.






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