SALUD PUBLICA

La atención primaria madrileña en estado de “coma inducido”

El Gobierno de Ayuso sigue atacando la Atención Primaria de la sanidad madrileña, malogrando los recursos técnicos y precarizando los recursos humanos. Es una apuesta neoliberal de los Gobiernos del PP por la privatización y las infraestructuras hospitalarias que abonan el negocio de las grandes constructoras.

Juan Carlos Arias

@as_juancarlos

Martes 19 de octubre | 16:48

Son bastante conocidos los datos demoledores que atesora la Comunidad de Madrid respecto al gasto en sanidad y sobre todo en la atención primaria, que es la puerta de entrada del sistema sanitario. Según la estadística del gasto sanitario público para 2019, Madrid ocupa el último lugar respecto al porcentaje sobre el PIB de gasto destinado a Sanidad. Apenas un 3,7% del PIB madrileño se invierte en salud, un 1,2% por debajo de la siguiente Comunidad que menos gasta que es Catalunya (4,9%), y cuando la media a escala nacional es del 5,6%. Si consideramos el dato muy representativo del gasto sanitario por habitante, la Comunidad de Madrid es la penúltima al destinar tan solo 1.340 € por habitante/año, tan solo por encima de Andalucía que invierte 1.262 €. En las retribuciones al personal en 2019 figuró en antepenúltimo lugar, al gastar en ese concepto el 44% del presupuesto, solo por delante de Catalunya (36,6%) y Comunidad Valenciana (39,8%). Sin embargo, el coste destinado durante 2019 en servicios hospitalarios, muchos de ellos con gestión privatizada, y especializados supuso el 69,4% de todo su gasto sanitario, siendo la Comunidad Autónoma con más inversión en este capítulo y muy por encima de la media nacional que está en el 63,1%.

Por otra parte, los datos del gasto en atención primaria de la Comunidad de Madrid son aún peores, lo que implica una política de acoso y derribo sin parangón en el conjunto del Estado, cuando la Atención primaria resulta vital para la educación sanitaria de la población, la prevención y el tratamiento de enfermedades. Así, tenemos que la Comunidad de Madrid durante 2019 fue la que menos recursos destinó a estos servicios sanitarios, tan solo el 11,2% de lo gastado, siendo la media nacional el 14%. Andalucía fue la Comunidad Autónoma que más se volcó en este capítulo con un 18%. Respecto al gasto por habitante, la Comunidad de Madrid ocupa el último lugar con 140 € por habitante y año cuando la media nacional está en 183 € y Extremadura que es la que más gastó (246 €) casi dobla lo realizado por la Comunidad de Madrid.

Para explicar la situación diaria de los centros de atención hay que añadir el cierre de las urgencias en los centros de salud de Madrid, que todavía no se han abierto, pese a que la crisis pandémica ha remitido sus niveles de incidencia y se ha recuperado la normalidad en la movilidad y las actividades. Lo que ha dejado, sobre todo a la población más vulnerable, sin posibilidad de atención sanitaria en los barrios los fines de semana y fuera de los horarios estándar. No se han cubierto las bajas ni las vacaciones de los médicos de los centros de salud que se han mantenido semicerrados y con atención telefónica e infradotados de personal y muchos continúan así. A lo que habría que sumar el hecho de que en ningún momento de la pandemia se dispuso en los centros de salud de los rastreadores, sigue sin disponerse de este importante recurso para prevenir futuros rebotes de Covid.

Por otro lado, otro factor para entender la lamentable gestión del PP de la Comunidad de Madrid ha sido el grave desconocimiento del uso concreto dado por Ayuso a los 1.500 millones para gasto sanitario anti Covid que recibió del Gobierno central. Se sabe que solo empleó el 47% en gasto sanitario, unos 700 millones, el resto lo destinó, entre otras cosas, a dar ayudas a los toros y la Iglesia. Aunque para esto contó con el beneplácito y la complicidad del Gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos que no estableció ninguna exigencia específica en la finalidad explícita de las ayudas otorgadas a las Comunidades Autónomas, lo que permitió que Ayuso gastara gran parte del mismo en ayudas a lo que estimara oportuno.

Plan del Gobierno Ayuso para la Atención Primaria: pauperización y agonía de la atención primaria

En este contexto, el Consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero presentó a primeros de octubre el Plan para la Atención Primaria en la Comunidad de Madrid para los dos próximos años que quedan de legislatura. En la presentación que fue a través de una reunión telemática con los directores de los centros, planteó la miseria presupuestaria prevista que condena a la agonía y a la acentuación de la pauperización de la atención primaria. Tan solo se ha previsto por parte de la Comunidad de Madrid la posibilidad de invertir 200 millones de euros para los dos próximos años.

Dentro de las partidas que se ha estimado que tendrán un incremento, estaría la de personal para lo que se plantea la creación de un total de 1.222 nuevas plazas en distintas categorías laborales. Sin embargo, esta cifra de gasto es absolutamente incapaz, según reconoce la propia Consejería de Sanidad, de atender no ya las necesidades futuras, sino que tan siquiera alcanza para cubrir las deficiencias laborales que ya han sido detectadas y vienen siendo endémicas. Un auténtico agujero negro de personal que imposibilita una atención sanitaria rápida, efectiva y de calidad.

Así, en un documento interno de la Consejería se reconoce como puntos críticos de la atención la falta de personal de médicos de familia y pediatras, sobre todo, lo que estiman que no mejorará a corto ni a medio plazo. Lo que señalan “condiciona la prestación del servicio y la accesibilidad y, por tanto, el modelo asistencial”. La distribución del personal que ya se tiene cuantificado para contratar, habla de 264 médicos de familia, 84 pediatras, 264 enfermeras y 314 auxiliares de Administración, además de otras categorías laborales.

La cuestión es que llueve sobre mojado dado que el suelo del que parte la Comunidad de Madrid es un auténtico solar de desolación asistencial en la atención primaria. Según los últimos datos de agosto, Madrid dispone de 4.036 especialistas de primaria. Esto implica que tan solo para llegar a la media española, 7.6 profesionales por cada 10.000 habitantes, según datos de la Sociedad Española de Medicina de Familia, faltarían 1.096 facultativos. Cuando el plan recientemente presentado por el consejero de Sanidad apenas ofrece un total para todas las categorías en dos años de 1.222 puestos, de los cuales solo 612 serían profesionales directamente sanitarios. Por lo tanto, se cubre apenas la mitad con las nuevas plazas prometidas del agujero actualmente existente. Teniendo en cuenta además que se prevé una oleada de jubilaciones de alrededor de 1.250 trabajadores, este agujero asistencial se ampliará aún mucho más. A esto se añadiría la necesidad específica de determinados sectores, como la pediatría, la enfermería o el personal administrativo, del entorno de 2.000 enfermeras u 800 auxiliares administrativos.

Durante todo el proceso el Gobierno de Ayuso ha ido rebajando las expectativas, siempre muy escasas, sobre los compromisos con las nuevas contrataciones de los y las trabajadoras destinadas a la atención primaria. Ante esta situación y tras diversas reuniones durante el verano con los sindicatos ya Julián Ezquerra, presidente de Amyts señaló que no habían alcanzado ningún acuerdo y que la propia Comunidad había admitido “que no llegará ninguna mejora en los centros de salud”. Algo muy grave dadas las condiciones de deterioro de la calidad y la atención en el tiempo del servicio en los centros de atención primaria. Lo que puede agravar la situación de la salud de la población más vulnerable, sobre todo después de todo el período de falta de atención sufrido por la pandemia que ha provocado que no se estén detectando enfermedades graves en las que el tiempo de actuación es un elemento esencial.

La situación de la atención primaria en el conjunto del Estado: degradación y abandono

Lo cierto es que la situación general de la atención primaria en el conjunto del Estado español es absolutamente penosa y lamentable. Y de esto son cómplices todos los gobiernos del PP y del PSOE, incluyendo los sostenidos por la coalición con Unidas Podemos.

Llevan décadas los trabajadores y las trabajadoras del sector de todos los ámbitos de la atención primaria reclamando mayores dotaciones presupuestarias, de personal y de infraestructuras técnicas sin que sus solicitudes hayan sido atendidas en ningún caso. Se viene reclamando que se destine un porcentaje mínimo del total del gasto sanitario del 25%. Sin que en la actualidad ninguna Comunidad Autónoma llegue a ese porcentaje. En el conjunto, según los datos del Ministerio de Sanidad de 2019 se destina un 14,8% de todos los recursos sanitarios a los servicios primarios. Y la Comunidad Autónoma que más gasta, Andalucía, invierte un 18% de todos los recursos sanitarios, es decir, muy por debajo del 25% que se viene reclamando.

Los presupuestos “progresistas” dejan en estado de “coma” la atención primaria

Los presupuestos del Gobierno “progresista” del PSOE y Unidas Podemos dejan tocada y en situación de postración a la atención primaria. Los 176 millones de euros, frente a los 1.089 millones destinados al programa marco estratégico de Atención Primaria de 2021, que el Estado va a aportar a la atención primaria son absolutamente insuficientes para cumplir unos objetivos mínimamente exigibles para disponer de una atención primaria eficiente y de calidad. Este presupuesto irá destinado a mejorar la accesibilidad, la calidad asistencial, la atención integral, las tecnologías de la información y la medición de resultados clínicos. Sin embargo, lo único cierto es que el presupuesto resultante es casi seis veces menor que el del año anterior.

Por todo ello solo los y las trabajadoras de la sanidad pública, sanitarios y no sanitarios, junto a los y las usuarias organizados en defensa de una sanidad pública de calidad, podrán dar una salida de fondo. Para esto, sería necesario luchar por la derogación de la ley 15/97 de privatización de la sanidad y por revertir las privatizaciones producidas durante las últimas décadas. Exigir inversiones públicas en personal e infraestructuras, para acabar con la precariedad laboral y los bajos salarios y las malas condiciones de trabajo del personal sanitario y no sanitario. Y un programa que defienda la expropiación bajo control de trabajadores y usuarios de los recursos de la sanidad privada, sobre todo cuando sean necesarios como durante la pandemia, entre otros puntos.






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